«Coimasgate»: avanza la causa y se suman allanamientos
La causa que investiga presuntas entregas de dinero a cambio de contratos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) sumó ayer un capítulo de alto impacto: la Justicia federal ordenó allanamientos en dos barrios privados de Nordelta, en búsqueda de registros y registros de cámaras que permitan reconstruir movimientos vinculados a la investigación. La medida alcanzó domicilios relacionados con los dueños de la droguería Suizo Argentina, situando nuevamente a la empresa y a sus representantes en el centro del expediente.
La orden —firmada por el juez federal Sebastián Casanello— instruyó a los investigadores a secuestrar registros de ingresos y egresos, así como las grabaciones del sistema de vigilancia de los barrios La Isla y El Golf, dos de las zonas más exclusivas de Nordelta donde residen integrantes de la familia Kovalivker. Los operativos fueron ejecutados por la Policía de la Ciudad durante la tarde y, según fuentes judiciales, también se requisaron áreas administrativas de los consorcios privados para acceder a listados y registros internos.
La investigación se activó y potenció a partir de la difusión de audios atribuidos al exdirector de la ANDis, Diego Spagnuolo, en los que aparecen menciones a supuestas maniobras para canalizar retornos por contratos vinculados a la provisión de medicamentos. Esos archivos —que desataron una sacudida política y judicial— han motivado no sólo medidas en domicilios particulares, sino también peritajes forenses sobre dispositivos y la ampliación de las órdenes de allanamiento en distintos puntos del Área Metropolitana.
Los hermanos Jonathan y Emmanuel (o Jonathan Simón Kovalivker, según se consigna en los expedientes) están señalados en la investigación como accionistas y directivos de Suizo Argentina, una de las distribuidoras más importantes del país. Fuentes judiciales sostienen que la causa busca determinar si hubo pago de “retornos” para asegurar la adjudicación de licitaciones y contratos desde la ANDis, una agencia central en la administración de prestaciones para personas con discapacidad. En las últimas jornadas, uno de los directivos se presentó ante la Justicia para prestar declaración en el marco de la causa.
Hasta el momento, los allanamientos no derivaron en detenciones, pero los investigadores dejaron abierta la posibilidad de nuevas medidas a medida que se procesen los materiales secuestrados: desde listados de ingreso y egreso hasta las grabaciones que podrían confirmar encuentros entre los acusados y otros actores mencionados en las grabaciones. Las fuentes judiciales consultadas subrayan que la pesquisa se encuentra en una etapa de “reconstrucción” de la trama documental y digital que permita ligar interlocutores, pagos y contrataciones
El escándalo adquirió además una dimensión política por las referencias que, según las grabaciones difundidas, alcanzan a personas del entorno del Gobierno. Entre los nombres que circularon en los audios y en las menciones periodísticas aparecen figuras cercanas al Ejecutivo, lo que elevó la temperatura política del caso y multiplicó las repercusiones en la prensa nacional e internacional. Diversos medios informaron sobre el traslado de la pesquisa desde extractos de conversaciones hacia medidas concretas ordenadas por la Justicia.
Suizo Argentina, por su parte, quedó colocada bajo la lupa no sólo por las menciones en los audios, sino por el volumen de contratos que la firma alcanzó con organismos estatales en los últimos años. La fiscalización judicial, según los informes publicados, procura verificar si determinadas compras o procedimientos contractuales se ajustaron a la normativa y si hubo beneficiarios predeterminados. Analistas consultados en distintos informes coinciden en que la pesquisa, de confirmarse irregularidades, tendría consecuencias políticas y económicas de gran alcance.
En Comodoro Py y oficinas vinculadas al expediente señalan que, más allá del impacto mediático, la investigación sigue una ruta técnica: pericias sobre dispositivos, análisis contable y cruzamiento de cámaras y registros que permitan precisar cuándo, cómo y con quiénes se produjeron eventuales reuniones y transacciones. El juez Casanello, que comanda la instrucción, amplió y afinó las órdenes en función de las pistas que fueron surgiendo en las últimas presentaciones y declaraciones.
El caso, que ya alteró la agenda pública y aceleró cuestionamientos sobre transparencia y control de compras en áreas sensibles del Estado, continuará desarrollándose en los próximos días: se esperan resultados de peritajes, eventuales nuevas citaciones y medidas complementarias que puedan perfilar con mayor claridad el entramado investigado. Para los sectores que siguen de cerca el expediente, el punto de inflexión será el vínculo que logre demostrarse entre las grabaciones, las rutas del dinero y la adjudicación de contratos.
Mientras la pesquisa avanza, el eco político ya se deja sentir: la causa expone fragilidades en los controles sobre compras públicas destinadas a poblaciones vulnerables y pone en tensión a la administración central en un momento de alta conflictividad electoral y mediática. La Justicia, por ahora, apuesta a reunir pruebas que permitan dar sustento probatorio a las sospechas antes de avanzar hacia acusaciones formales más amplias.
