Comenzaron a debatir una reforma laboral
Ayer por la tarde, en el histórico Salón de los Escudos de la Casa Rosada, tuvo lugar la segunda convocatoria del Consejo de Mayo, un organismo reservado que el gobierno de Javier Milei volvió a reunir tras casi dos años de inactividad. Encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el encuentro sumó esta vez al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y sirvió para delinear los ejes de una nueva reforma laboral que, según adelantaron sin mayores precisiones, buscará “incrementar la formalidad en el empleo” y será más dura que la recientemente sancionada dentro de la Ley Bases.
La propuesta de reforma figura como el octavo punto de un decálogo consensuado por un grupo de 18 gobernadores en el Pacto de Mayo, firmado en julio del año pasado en Tucumán. En aquel momento alineados con Milei, hoy sobrevuelan tensiones: mientras algunos mandatarios mantienen canales abiertos con Balcarce 50, otros –como el correntino Gustavo Valdés– optaron por competir en listas separadas y ya ordenaron a sus senadores votar en contra de varios proyectos oficiales que, en palabras de la Casa Rosada, atentaban contra el “equilibrio fiscal”.
A la salida de la reunión, Cristian Ritondo –titular del bloque PRO en Diputados y único vocero ante la prensa– confirmó que en las próximas semanas habrá nuevas sesiones para revisar punto por punto los diez compromisos del Pacto de Mayo, cuya síntesis final se dará a conocer recién el 15 de diciembre. Entre esos ejes centrales figuran la inviolabilidad de la propiedad privada, el recorte del gasto público al orden del 25 % del PBI, y una reforma tributaria que alivie la carga impositiva.
El pliego de temas también incluye un capítulo educativo que abarca desde la alfabetización hasta la retención escolar en todos los niveles, y una reforma previsional orientada a garantizar la sustentabilidad del sistema y respetar los aportes de los jubilados. Sin embargo, el punto más controvertido –la flexibilización laboral– despierta resistencias tanto en sectores sindicales como en intendentes provinciales, que denuncian el “desguace industrial” y la primarización de la economía.
Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y representante del movimiento obrero en el Consejo, adelantó por su parte que la CGT evalúa convocar a una marcha nacional para el 7 de agosto. Bajo la consigna “desarrollo, producción, crecimiento y trabajo”, el líder sindical advirtió que el modelo de liberalización imperante está generando desempleo y retracción en el comercio y la industria. En paralelo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) prepara una “bendición de herramientas” y una caravana por avenida Rivadavia para conmemorar el día de San Cayetano.
Durante la semana pasada, Francos intensificó sus gestiones con varios gobernadores clave: se reunió con Leandro Zdero (Chaco), aliado electoral de La Libertad Avanza en esa provincia; con Alfredo Cornejo (Mendoza), presente también en la cita del Consejo; y mantuvo acercamientos con Hugo Passalacqua (Misiones), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut). El objetivo oficial es asegurar los votos necesarios en el Congreso para blindar los vetos que Milei pretende aplicar a proyectos aprobados recientemente por el Senado, como los destinados a mejorar las jubilaciones, ampliar derechos de las personas con discapacidad y robustecer la educación superior.
Pese al esfuerzo diplomático, persisten las diferencias internas: en la CGT conviven facciones dialoguistas, que respaldan la presencia de Martínez en el Consejo, y sectores que exigen un plan de lucha más contundente, con paritarias libres, suspensión de despidos y reactivación de la industria. Para estos últimos –liderados por figuras como Abel Furlán (UOM), Mario “Paco” Manrique (SMATA) y Sergio Palazzo (Bancarios)–, no hay margen para la conciliación con un gobierno que, denuncian, privilegia la represión como método para imponer su programa económico.
El propio texto de convocatoria del Consejo denuncia sin eufemismos la influencia de la embajada de Estados Unidos, la AmCham, la UIA y AEA en las políticas oficiales, y reclama “consejo” para profundizar el ajuste. Frente a ello, los sindicatos y movimientos sociales insisten en la necesidad de construir, desde abajo, un proyecto alternativo que ponga en el centro la diversificación productiva, la protección de los derechos laborales y la soberanía económica. La pulseada, por ahora, queda abierta: mientras el gobierno busca cerrar filas con los gobernadores y legisladores “héroes”, la calle prepara su propia respuesta.
