¿Cómo limitar los DNU de Milei?
La Casa Rosada inaugura la semana con un escollo político de peso: el Senado se apresta a discutir un proyecto que pretende poner freno a la utilización extensiva de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la vía que Javier Milei empleó para gobernar pese a no contar con mayoría parlamentaria. Con el respaldo casi consolidado de la coalición opositora —que incluye a Unión por la Patria, la UCR y bancadas provinciales—, la iniciativa tiene base numérica suficiente para complicar seriamente la táctica presidencial de legislar por decreto.
¿Qué busca cambiar la iniciativa?
La propuesta reforma la ley 26.122 (vigente desde 2006) y ata con mayor firmeza los márgenes de acción del Ejecutivo. Entre sus puntos más relevantes figura:
- Un decreto, un tema. Se prohíbe la acumulación de múltiples asuntos en un mismo DNU, una práctica cuestionada que tomó notoriedad con el DNU 70/23.
- Plazos acotados. Los decretos deberán ser sometidos a tratamiento por ambas cámaras en un plazo máximo de 90 días; si no obtienen aprobación expresa, caducan.
- Eliminación de la “sanción ficta”. Hoy un DNU puede seguir vigente si el Congreso no lo trata; la reforma suprime ese mecanismo.
- Tope temporal para repeticiones. Aunque el decreto conserve efectos mientras se debate, no podrá volverse a dictar con el mismo contenido en el transcurso del año.
Si la reforma prospera en Diputados, el poder de dictar normas de amplio alcance sin pasar por el Parlamento quedará notablemente restringido. La firma del despacho en la comisión de Asuntos Constitucionales exhibió con crudeza la soledad parlamentaria del oficialismo: entre los firmantes del dictamen figuran senadores de UP como Florencia López y Mariano Recalde; legisladores radicales como Eduardo Vischi y Pablo Blanco; y referentes provinciales como Alejandra Vigo y Guadalupe Tagliaferri.
La convergencia opositora no obedece solo a afinidades programáticas: también refleja fracturas internas dentro de la alianza oficialista y el desgaste de pactos territoriales con La Libertad Avanza. Ese entramado permite a la oposición no solo alcanzar la mayoría simple —los 37 votos del Senado— sino acercarse, en determinados escenarios, a los dos tercios necesarios para anular un eventual veto presidencial.
La batalla decisiva será en Diputados
La pelea clave se jugará en la Cámara baja, donde el oficialismo intentará resistir. Martín Menem, encargado de blindar al Gobierno, necesita asegurar 86 votos para mantener un veto, un número que hoy luce difícil de conseguir. La fotografía reciente del Congreso no ayuda al Ejecutivo: en la votación sobre el caso conocido como $Libra, la oposición sumó 138 apoyos, una demostración de fuerza que inquieta a la Casa Rosada.
El antecedente de noviembre pasado, cuando Menem logró frenar una sesión destinada a limitar los DNU con el sostén de gobernadores afines, aparece ahora como una excepción más que una regla. Con un hemiciclo hostil y la dinámica de campaña electoral en marcha, cada decreto se transforma en un conflicto político inmediato.
En paralelo, la oposición planteará en la misma sesión la revisión del veto presidencial que afecta la declaración de emergencia en discapacidad. El senador formoseño José Mayans anticipó gestiones para reunir los dos tercios en el Senado. La maniobra pone en evidencia una estrategia coordinada: más allá de las diferencias puntuales, las fuerzas opositoras buscan recortar los márgenes de maniobra del Ejecutivo en temas clave.
Desde su asunción, el Presidente rubricó más de 60 DNU —una cifra que, en menos de dos años, marca un ritmo inédito frente a otros mandatarios—. Si la reforma prospera en ambas cámaras, ese régimen de gobernabilidad por decreto sufriría una mutación profunda: Milei quedaría obligado a negociar cada medida en el Congreso, en un terreno donde las resistencias políticas ya le marcaron límites crecientes.
La iniciativa que hoy discute el Senado no es solo una reforma técnica: es un replanteo del equilibrio de poderes. Para la Casa Rosada significaría perder la facilidad de dictar normas con alcance amplio sin consensos parlamentarios; para la oposición, una victoria que restituiría el rol central del Parlamento en la definición de políticas públicas. En un contexto de polarización y con la campaña en curso, la pulseada por los DNU promete ser uno de los capítulos más tensos de la agenda política inmediata.
