Convocan a enfrentar en las calles la reforma laboral
Ante la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei adelante la votación en Diputados sobre la reforma laboral este jueves, el consejo directivo de la CGT se reúne hoy de urgencia para evaluar la convocatoria a un paro general; en tanto, las dos CTA llamaron también al paro y a movilizar. El campo popular, con los trabajadores al frente, se prepara para la confrontación en las calles.
La Confederación General del Trabajo (CGT) se puso en estado de alerta ante el avance del proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei. Uno de los jefes del triunvirato cegetista, Cristian Jerónimo, confirmó que se convocó de urgencia una reunión virtual del Consejo Directivo de la CGT para este lunes, antes de que la Cámara de Diputados trate el proyecto. Jerónimo advirtió en Radio 10 que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, y prometió que trabajarán para que sea «una gran huelga» de 24 horas cuando se vote la reforma. Hasta ahora la conducción dialoguista de la CGT prefería negociar con los bloques legislativos, pero el empuje de las bases la obligó a adelantar la reunión ante la posibilidad de que la sesión en Diputados se programe para el jueves 19 de febrero.
En ese contexto, Jerónimo desgranó las críticas más duras al proyecto. Calificó la iniciativa como un proceso “regresivo, con una redacción maliciosa y una carga ideológica que va en contra de todos los derechos” de los trabajadores. Subrayó que la reforma “no tendrá impacto real en la creación de empleo”, sino que responde a la necesidad del gobierno de tapar el fracaso de su plan económico privilegiando «a los sectores más concentrados y a la especulación financiera«. Además, denunció que la reforma busca deliberadamente debilitar al movimiento obrero: recordó que el propio ministro Federico Sturzenegger dijo abiertamente que quieren “romper la matriz sindical” para luego ir contra “todos los derechos y conquistas de los trabajadores”. Estas críticas, según Jerónimo, se basan en que el proyecto vulnera derechos históricos (como licencias, indemnizaciones y regulaciones colectivas) y omite «cualquier negociación equilibrada» con los sindicatos.
Adhieren FreSu y otros gremios
Mientras la CGT prepara su decisión, otras centrales sindicales ya tomaron la iniciativa. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) –liderado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) junto a Aceiteros, ATE y ambas CTA– anunció un paro con movilización al Congreso para el día en que se debata la ley. Según fuentes gremiales, FreSu convocó el paro para el jueves 19 de febrero, cuando se prevé que Diputados empiece a tratar la reforma. De hecho, la UOM fue la primera en lanzar la protesta: Abel Furlán, su secretario general, ratificó un cese de actividades y marcha al Congreso en esa fecha. Otros sindicatos estratégicos –como los colectiveros de la UTA, la Fraternidad, y gremios del transporte y la industria– ya expresaron su adhesión o convocan movilizaciones propias. Esta multiplicación de convocatorias refleja la preocupación creciente en las bases obreras frente al inminente tratamiento parlamentario.
Críticas desde la oposición y la legalidad
En el plano político, la oposición también rechazó el proyecto. El jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, aseguró que la reforma es “inconstitucional”. En declaraciones a la radio, Mayans advirtió que el texto viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional (que garantiza derechos laborales) y tratados internacionales laborales de jerarquía superior. “No resiste análisis en la Justicia”, dijo el senador formoseño, y adelantó que el oficialismo enfrenta una segura judicialización de la ley si avanza sin modificaciones. Mayans calificó la norma como “una ley de patrones para patrones” que limita derechos adquiridos y alertó por los “conflictos sociales” que podría generar si es aprobada tal como está.
Contexto socioeconómico adverso
Los sindicatos argumentan que la reforma laboral emerge en un escenario económico complicado. En los dos años de gestión de Milei, Argentina acumuló un endeudamiento sin precedentes: la deuda externa bruta alcanzó 305.043 millones de dólares a mediados de 2025, un récord histórico. La inflación, si bien descendió tras el shock inicial –cerró 2025 en 31,5%, la más baja en ocho años– sigue siendo muy alta para los estándares regionales y ahoga el poder adquisitivo de los salarios. Al mismo tiempo, la “motosierra” del ajuste provocó una severa destrucción de empleo formal: según datos oficiales, casi 300.000 trabajadores formales perdieron sus puestos en los dos primeros años de Milei, y cerca de 21.938 empresas cerraron netamente en ese período. A esto se suman la creciente pobreza y recesión industrial –“consumo deprimido por la pérdida de poder adquisitivo” y “cierre diario de industrias” como contracara de la estabilización de precios–. En ese contexto de caída del salario real y desempleo, los sindicatos sostienen que la reforma agudizará la crisis laboral en lugar de aliviarla.
Movilizaciones y unidad obrera
El clima social ya refleja el malestar. Esta semana se registraron protestas masivas: por ejemplo, una marcha del Movimiento “Derecho al Futuro” juntó a miles de trabajadores con pancartas contra la reforma. Según las CTA y agrupaciones de izquierda, la bronca “sobra” entre los trabajadores (salarios insuficientes, inflación persistente, despidos crecientes). En este escenario, los dirigentes gremiales insisten en fortalecer la unidad en la calle. Más allá de un solo paro puntual, se habla de organizar “un plan de lucha” más amplio. Activistas obreros proponen que la huelga nacional sea “parte de un plan de lucha en el camino de la huelga general”, y enfatizan que la pelea no termina en un solo día de paro ni con una única medida: la lucha se encuadraría en un proyecto de país gestado «en manos de los trabajadores«, con derechos laborales reforzados.
