Corrupción del poder: la sombra que llega hasta la familia presidencial

Un terremoto político y judicial sacude al Gobierno: la difusión de audios y la apertura de una investigación federal colocaron a la droguería Suizo Argentina S.A. en el centro de una presunta operatoria de compras públicas con retornos indebidos que, según las grabaciones atribuidas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, implicaría a funcionarios de la presidencia y, en los relatos, incluso a la hermana del presidente Javier Milei. Las pesquisas ya incluyeron allanamientos y secuestros de documentación en dependencias oficiales y domicilios particulares, y la causa recayó en el juzgado del juez Sebastián Casanello. Los hechos, todavía en investigación, abren un foco de controversia sobre millones de pesos en contratos de salud adjudicados por vía directa.

Qué dicen los audios y quiénes aparecen señalados

Las grabaciones difundidas en los últimos días contienen declaraciones atribuidas a Spagnuolo en las que describe un esquema de recaudación a partir de la adjudicación de compras de medicamentos y provisiones al Estado. En esos audios se aluden porcentajes sobre las operaciones —un mecanismo de “retornos” que habrían sido repartidos entre actores vinculados a la gestión— y se mencionan nombres vinculados al círculo íntimo del Ejecutivo, incluida la figura de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el asesor Eduardo “Lule” Menem. Las acusaciones, por su naturaleza, son objeto de escrutinio judicial y periodístico; la gravedad no radica sólo en las menciones, sino en la constatación posterior de contratos millonarios asignados a una única distribuidora.

Allanamientos, medidas judiciales y consecuencias administrativas

A partir de las denuncias y de la existencia de las grabaciones, la Justicia impulsó allanamientos en sedes de ANDIS, en la planta y oficinas de Suizo Argentina y en domicilios de directivos y funcionarios señalados en las escuchas. Además, se incautaron comunicaciones, computadoras y sumas de dinero en efectivo en maniobras que los investigadores describen como “búsqueda de evidencia” para determinar la existencia de una asociación ilícita o maniobras de cohecho en la contratación pública. En paralelo, el gobierno decidió apartar del cargo a Spagnuolo, cuya figura es punto de partida de la causa. Todo ello elevó el caso de una sospecha mediática a una investigación penal con consecuencias políticas inmediatas.

Suizo Argentina bajo la lupa: contratos, montos y modus operandi

Los registros oficiales de compras del Estado muestran que Suizo Argentina acumuló en los últimos meses adjudicaciones por sumas millonarias en licitaciones y contrataciones directas. Informes periodísticos y bases públicas de contratación consignan operaciones por decenas de miles de millones de pesos —en algunos resúmenes se llega a hablar de más de $100.000 millones en adjudicaciones vinculadas a distintos ministerios y organismos—, con compras que incluyen fármacos oncológicos, soluciones parenterales y otros insumos críticos para hospitales y programas estatales. Varios contratos se habrían otorgado por contratación directa o con la empresa como único oferente, lo que alimenta dudas sobre transparencia y sobre la posible intervención de intermediarios que encarecen el costo final para el Estado.

Quiénes controlan la droguería y el vínculo con la política

La propiedad de Suizo Argentina fue atribuída en las crónicas a la familia Kovalivker, con varios integrantes a cargo de la operatoria comercial y de la firma que históricamente operó como distribuidora mayorista en el país. Fuentes periodísticas trazaron la historia empresarial del grupo, su expansión y los nombres de quienes aparecen en la mira de la justicia. Ese entramado empresario, cuando se cruza con adjudicaciones públicas de gran cuantía, es uno de los ejes sobre los que los fiscales trabajan para determinar si hubo o no irregularidades contractuales y eventuales retornos.

Fuentes judiciales consultadas por la prensa señalan que la causa puntea varias líneas de investigación: a) la existencia de retornos —porcentajes exigidos a proveedores— para garantizar adjudicaciones; b) la adjudicación de compras sin competencia real (único oferente); c) sobreprecios en contratos y la eventual participación de intermediarios que multiplican el costo para el Estado; y d) la posible implicación de funcionarios públicos en la maniobra, lo que elevaría las denuncias a supuestos delitos graves como cohecho o administración fraudulenta. Los fiscales deberán probar, auditoría mediante, si las adjudicaciones se ajustaron a derecho y si las licitaciones obedecieron criterios de necesidad técnica y precio razonable.

Frente a la escalada del escándalo, la Casa Rosada y funcionarios del Ejecutivo asimilaron la noticia con declaraciones que oscilan entre la denuncia de una operación política y el llamado a que la Justicia actúe con celeridad. Algunos voceros oficialistas rechazaron las imputaciones y calificaron la filtración de los audios como una maniobra dirigida por opositores para desgastar al gobierno en año electoral; otros funcionarios limitaron sus declaraciones a expresar plena confianza en el accionar judicial. Mientras tanto, desde el entorno de la empresa investigada negaron irregularidades y manifestaron su disposición a colaborar con la instrucción. Ese juego —acusaciones públicas, silencios selectivos y apelaciones a la investigación judicial— forma parte de la escena política en la que la causa se desarrolla.

Por qué este caso excede una pelea por contratos

Más allá del volumen de dinero en juego, el episodio plantea interrogantes de fondo: ¿cómo funciona la compra de medicamentos en un Estado que delega buena parte del abastecimiento en intermediarios? ¿Qué controles existen para prevenir sobreprecios y garantizar que los insumos esenciales lleguen al sistema público a precio razonable? ¿Cuál es el costo político de que los suministros críticos dependan de operadores con contratos directos y concentrados? En el medio está la salud pública: cuando los procesos de compra se tensan por sospechas de irregularidad, la cadena de provisión se resiente y quienes sufren son los pacientes y los hospitales que necesitan fármacos oncológicos, inmunosupresores o insumos básicos.

Si la investigación judicial confirmara la existencia de retornos y vinculara a funcionarios cercanos a la presidencia, el impacto político sería de gran envergadura. No sólo porque saldría a la luz una presunta red de negocios alrededor de la compra de medicamentos —un área especialmente sensible por su impacto en salud pública—, sino porque el caso toca el núcleo del poder político y la gestión cotidiana del Estado. En la coyuntura política actual, con un Ejecutivo que sostuvo cambios abruptos en la administración pública, la acusación contra actores del entorno presidencial alimenta un cóctel de fragilidad institucional y delegitimación que puede tensar al oficialismo y reavivar protestas y demandas de control parlamentario.

Qué deben probar los fiscales y qué se puede esperar

Para avanzar en una imputación sólida los fiscales necesitan documentación que pruebe vínculos concretos entre adjudicaciones y la exigencia de dinero por parte de intermediarios o funcionarios. Eso implica rastrear transferencias, comunicaciones, órdenes internas, facturación y pruebas materiales incautadas en los allanamientos. El proceso judicial suele ser lento: la instrucción deberá depurar responsabilidades y, si corresponde, encuadrar delitos. En lo político, mientras tanto, el caso cumple una función pública clarísima: exigir transparencia y controles en la compra de medicamentos, un ámbito históricamente vulnerable a irregularidades cuando se recurre a contrataciones directas y a intermediarios.

Es imprescindible recordarlo: las menciones en audios y las sospechas periodísticas no son pruebas concluyentes. La Justicia deberá determinar prueba por prueba si existieron delitos y quiénes resultan responsables. Al mismo tiempo, la política y la opinión pública tienen el derecho y la obligación de exigir explicaciones públicas claras, acciones administrativas y judiciales que no se politicen y, sobre todo, mecanismos de control para que la provisión de medicamentos al sistema público no quede a merced de operadores enredados en dudas sobre su conducta. El escándalo que rodea a Suizo Argentina es, por ahora, una trama en desarrollo: puede quedar en letras de una investigación por aclarar o convertirse en uno de los episodios de corrupción más dañinos para la gestión pública. Lo que está sobre la mesa es, en definitiva, la salud pública y la confianza en el manejo de los fondos públicos.