Crisis laboral: cada vez menos empleo en blanco

El mercado laboral argentino volvió a escribir una página sombría en julio: el empleo asalariado formal cayó a 10.096.200 puestos, su nivel más bajo desde octubre de 2022, y acumula desde la asunción de Javier Milei en noviembre de 2023 la pérdida de 205.500 empleos registrados. El dato, oficial y elaborado sobre la base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), confirma lo que advierten trabajadores, sindicatos y especialistas: el llamado “shock de modernización” no genera crecimiento con trabajo, sino desocupación y precarización.

La destrucción del empleo formal se reparte entre los tres grandes sectores que sostienen el mercado laboral: 127.000 puestos en el sector privado, 57.900 en la administración pública y 20.600 en el servicio doméstico. El número total —205.500 trabajadores que perdieron su principal fuente de ingresos en menos de un año— marca un quiebre que no puede explicarse solo por la coyuntura: evidencia un patrón de política económica que no demanda ni protege fuerza de trabajo.

“Decir ‘década perdida’ es poco a esta altura”, sintetiza Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. La comparación es brutal: en julio de 2025 la cantidad de asalariados registrados del sector privado es menor que la de julio de 2015, cuando la población era notablemente inferior. “Tenemos exactamente los mismos 6,2 millones de puestos de trabajo registrados en el sector privado que hace 10 años, pero con casi cinco millones de personas más en el país”, grafica el economista y docente Juan Manuel Telechea. La conclusión es una sola: la economía que está en marcha no incorpora empleo neto.

Industria, construcción y servicios: trabajos que se evaporan

El derrumbe alcanza transversalmente a actividades clave. La industria manufacturera perdió 3.300 empleos en julio y acumula 39.200 puestos menos desde la asunción del gobierno actual; su empleo se encuentra en el menor nivel desde mayo de 2022. La construcción, epicentro del ajuste en obra pública, es la más golpeada: 60.500 puestos destruidos y la paralización de proyectos que antes alimentaban mano de obra directa e indirecta. Transporte, almacenamiento y comunicaciones también sufrieron con 15.100 empleos menos.

La crisis no se limita a rubros “tradicionalmente” sensibles: sectores como el minero-petrolero y el financiero mostraron retrocesos hasta niveles que no se veían desde 2022 y, en el caso del financiero, desde 2011. La dispersión del impacto revela que la estrategia vigente —orientada a disciplinar precios y capitales— no logra proteger ni a ramas consideradas “estratégicas” ni a actividades que, en teoría, se beneficiarían de aperturas del mercado.

A nivel territorial, el mapa es mayormente rojo: según el senador Martín Barrionuevo, salvo Neuquén, Tucumán, Mendoza y Río Negro, todas las provincias registraron pérdidas de empleo bajo el actual modelo. Es decir: la retracción no es fragmentaria; atraviesa casi todo el país.

Más autónomos, menos derechos: la precarización que se disfraza de recuperación

Un dato que enciende la alarma social es el salto de 127.100 trabajadores independientes —autónomos y monotributistas— en el mismo período. Ese traslado desde la condición de asalariado protegido hacia la “autonomía” no es un triunfo del emprendimiento sino la expresión de una precarización masiva: menos estabilidad, menos aportes, menos cobertura social y mayores riesgos para la reproducción del salario.

“Estamos en un modelo que no crea empleo y que no demanda fuerza de trabajo”, advierte Campos. Las cifras de la Encuesta de Indicadores Laborales suman otra preocupación: en agosto, el índice de empleo cayó 0,3%, el segundo peor agosto de la última década después de 2018. Pese a episodios ocasionales de desaceleración en la caída, no hay señales de una recuperación sostenida que revierta la tendencia.

¿Mejoran los salarios? Sí, pero no alcanza

El informe presenta una nota agridulce: los salarios del sector privado muestran una ligera recomposición, con una mejora por tercer mes consecutivo y un aumento acumulado del 3,8% desde noviembre de 2023. Sin embargo, esa recuperación es insuficiente: los sueldos todavía se ubican 0,4% por debajo del pico de febrero de este año y quedan muy lejos de compensar la pérdida de empleo y la erosión del poder adquisitivo causada por años de inflación.

La consecuencia es palpable en los barrios: más familias endeudadas, tarjetas con mora creciente y sueldos que dejan a muchos hogares sin capacidad de consumo pleno. La mejora salarial, en este marco, parece más una corrección parcial que una reversión del proceso de deterioro laboral.

La radiografía sectorial permite identificar causas políticas concretas. La paralización de la obra pública explica buena parte del derrumbe en la construcción; la ausencia de incentivos productivos, la liberación financiera y la prioridad a la disciplina monetaria afectan a la industria y al comercio. El resultado es el cierre de cadenas de valor, pérdida de demanda interna y, en muchos casos, el cierre o la reconversión precaria de unidades productivas.

La contrapartida fue el crecimiento del empleo informal y la mayor proporción de trabajadores monotributistas que, sin regulación efectiva, terminan siendo la variable de ajuste del mercado. Es un fenómeno que reproduce una lógica de “desempleo con engranaje”: si no hay política de estímulo productivo ni plan de inversión público-privada con escala, la demanda de trabajo no se recupera.

Qué falta en la agenda pública

Sindicalismo y movimientos sociales llevan meses denunciando la pérdida de empleos y la precarización. Desde los sectores organizados piden intervención estatal para reactivar la obra pública con criterios de empleo, programas focalizados de impulso a la producción y protección de las fuentes de trabajo domesticadas por el ajuste. Además, exigen controles sobre cierres empresariales que buscan eludir obligaciones laborales mediante escisiones societarias o vaciamientos.

Los economistas coinciden: sin un plan que combine incentivos productivos, política industrial y protección de derechos laborales, la recuperación será de baja intensidad y desigual. El tiempo corre en contra: con una población que crece en número y envejece en condiciones de informalidad, el costo social de la desocupación se produce hoy en mayor escala que hace una década.

Los números de julio son una foto que confirma una tendencia: el modelo económico vigente no está generando trabajo digno. Perder 205.500 empleos formales en menos de un año habla de prioridades que apelan a la disciplina macroeconómica por sobre la dignidad del trabajo. La leve mejora salarial no compensa la destrucción de fuentes de ingreso ni la transferencia masiva de trabajadores a regímenes sin protección social.

En el centro del debate debería colocarse una pregunta política básica: ¿para quién se gobierna? Si las políticas no reincorporan a quienes quedaron fuera del sistema productivo y no reconstruyen un tejido industrial y de obra pública que demande mano de obra, el país seguirá acumulando sucesivas “décadas perdidas” en términos laborales. Las cifras del SIPA no son sólo estadísticas: son vidas que dejaron de entrar a una fábrica, a una obra o a una planilla con derechos. Y exigir una política distinta es, a estas alturas, una urgencia democrática.