Debieran ser graves las consecuencias del criptogate
La participación del presidente Milei, a quien ya algunos llaman “títere de los monopolios”, en la millonaria estafa del proyecto de criptomoneda $Libra, continúa sacudiendo la arena política del país. En un intento por aplacar la polémica, el gobierno ha ordenado a la Oficina Anticorrupción iniciar una investigación que, según sus defensores, promete ser “profunda y transparente”. Sin embargo, lejos de disipar las dudas, el hecho ha encendido nuevas aristas de crítica.
Desde el bloque de Diputados de Unión por la Patria (UxP) se anunció la inminente búsqueda de un juicio político contra el mandatario. La diputada Carolina Gaillard, quien presidió la comisión de Juicio Político hasta 2023, afirmó que este mecanismo constitucional permitirá dilucidar la responsabilidad del presidente en los hechos denunciados. Según Gaillard, en el transcurso de esta semana se presentará el proyecto que, tras la revisión de la comisión —actualmente descabezada por conflictos internos que dejaron al peronismo con solo 13 de 31 miembros, insuficientes para imponer su criterio—, podrá desembocar en una investigación formal en el Senado.
Paralelamente, el PRO lanzó un comunicado en el que “celebra” la decisión del gobierno de investigar los hechos, considerándolo un paso necesario para responder a las interrogantes que hoy aquejan a la sociedad. Esta postura, que se suma al afán de “control de daños”, resulta especialmente irónica si se tiene en cuenta que el propio presidente se investiga a sí mismo, situación que raya en la autocomplacencia.
El caldo de cultivo para el escándalo se ha agravado con la presentación de la primera denuncia penal contra el presidente. Impulsada por un grupo de abogados y especialistas —entre ellos Jonatan Baldiviezo, Marcos Zelaya, María Eva Koutsovitis y Claudio Lozano—, la denuncia acusa a Milei de haber sido partícipe esencial en una supuesta asociación destinada a perpetrar una estafa histórica a través de criptomonedas. Entre las medidas solicitadas figura el allanamiento de la Quinta de Olivos y de la Presidencia, así como la intervención de dispositivos electrónicos y redes sociales, en un intento por desentrañar toda la red de complicidades.
Como si todo esto no fuera suficiente, menos de 24 horas después de conocerse los nuevos cargos, el reconocido ingeniero y matemático Charles Hoskinson —figura influyente en el mundo cripto— reveló que, durante el Tech Forum, personas vinculadas al gobierno de Milei le habrían pedido “coimas” para coordinar una reunión con el presidente. Con gestos que simulaban el acto de contar billetes, Hoskinson denunció un ambiente en el que las “cosas mágicas” solo suceden a cambio de sobornos, evidenciando que la corrupción ha calado hondo en los más altos niveles.
Detrás de este complejo entramado se esconde una realidad incómoda: la corrupción, lejos de ser un error aislado, parece ser el reflejo de la esencia misma del capitalismo. Mientras algunos sectores —como la denominada “oposición dialoguista” que respaldó medidas para blindar decretos y frenar aumentos a jubilados— tratan de desviar la mirada, la verdad resulta ineludible: en el capitalismo, la única ley inquebrantable es la de la ganancia. No es casual que, en tiempos recientes, figuras como el expresidente Donald Trump hayan derogado normas que impedían a las empresas pagar sobornos en el extranjero, argumentando que tal restricción las hacía menos competitivas.
El escándalo $Libra, en el que se investiga la participación activa del presidente en un entramado fraudulento, es solo la punta del iceberg. La lucha entre monopolios y la institucionalidad que ellos mismos han construido, parece abrir la puerta a una mayor toma de conciencia por parte de trabajadores y ciudadanos, quienes cada vez se ven más obligados a enfrentarse a un sistema que privilegia el beneficio económico sobre la ética y la transparencia.
