Denuncian ataques de hackeo a la Junta Electoral de la Provincia
El gobierno bonaerense denunció una ofensiva múltiple sobre sus estructuras digitales y, al mismo tiempo, puso el foco en prácticas de espionaje y en un cuadro social que, según sus autoridades, se está degradando a ritmo acelerado en el conurbano. En una conferencia de prensa brindada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la Provincia dejó trazas de una preocupación que mezcla seguridad informática, política y el impacto de la política económica nacional en el empleo y la producción local.
Bianco detalló que en las últimas semanas los portales y sistemas informáticos provinciales —y en particular los vinculados a la Junta Electoral— sufrieron intentos reiterados de intrusión. Según el funcionario, estos ataques demandaron un trabajo coordinado entre el equipo de gobierno digital de la Provincia, la Corte y la propia Junta para proteger la integridad de los servicios y garantizar la continuidad operativa. Lejos de presentarlo como un episodio aislado, Bianco lo describió como una amenaza permanente que se repite desde hace meses.
En paralelo, el ministro informó que el gobernador Axel Kicillof elevó una denuncia formal por espionaje ilegal, cuya existencia fue revelada por informes periodísticos. Se trata, según la Provincia, de prácticas de la SIDE que habrían apuntado contra dirigentes opositores y militantes. Para Bianco, estas maniobras no son inocuas: constituyen un atentado contra las reglas mínimas de la convivencia democrática y exigen respuestas institucionales que protejan la libertad civil y la transparencia del juego político.
En torno al funcionamiento del sistema electoral, desde la cartera provincial resaltaron avances técnicos. Bianco señaló que en Monte Grande, en la sede de cómputos del Correo Argentino, se realizó una prueba con una transmisión de datos que resultó exitosa en más del 98% de los casos. El ensayo general del sistema estaba previsto para el 23 de agosto, un paso que la Provincia presenta como clave para garantizar la confiabilidad y la rapidez de los escrutinios en la elección legislativa del 7 de septiembre.
Pero la rueda de prensa no se limitó a lo técnico: Bianco trazó una lectura política de fondo. Denunció la circulación de videos manipulados en redes sociales —caso que involucró al gobernador y a un fragmento editado de su participación en Futuröck— y advirtió sobre una campaña de desinformación que intenta construir versiones falsas y desprestigiar actores públicos. En ese marco, alertó por la proliferación de fake news y “manotazos” comunicacionales que, dijo, se intensifican a medida que se acercan las urnas.
La arista económica de la exposición fue nítida y contundente. El ministro fustigó las políticas del Gobierno nacional y aseguró que el plan de determinados sectores económicos apunta a desarticular el entramado productivo y social del conurbano. Para ilustrarlo recurrió a ejemplos concretos: el frigorífico Devesa, que cerró su planta en Pilar y dejó sin trabajo a 40 operarios; la planta de Bridgestone en Llavallol, con alrededor de 500 cesantías desde el año pasado; la histórica fábrica Danica, también con sus puertas bajadas en esa localidad; y la imprenta Morvillo, en Avellaneda, que anunció su quiebra y vació las máquinas dejando a 200 trabajadores en la calle.
Bianco no dejó fuera a la producción del interior provincial: mencionó la situación de Textilana S.A., que anunció la desvinculación de 150 operarios y una caída del 20% en su producción; el frigorífico Sur Trade, que dejó a más de 200 personas sin trabajo; y la planta San Telmo, cuya actividad se redujo de 108 a 52 empleados. Cifras y cierres que, en la tesis del gobierno provincial, confirman una sangría laboral que golpea con particular dureza al conurbano bonaerense.
El ministro trazó un vínculo directo entre ese deterioro y las políticas implementadas por la administración nacional: “Cuando asume un gobierno de derecha —dijo Bianco—, el relato promete estabilizar la economía y atraer inversiones. Acá sucedió lo contrario: empresas se fueron y la desinversión se consolidó”. En su balance mencionó la salida de 13 multinacionales, especialmente de origen estadounidense, desde la asunción del presidente, con una expresión dura: “No se salvó nadie a la motosierra”.
La narración oficial coloca además un mapa de impacto social: “De cada diez despidos, ocho se concentran en el conurbano”, subrayó el funcionario, para remarcar la desigualdad territorial del ajuste productivo. Esa lectura busca enlazar los cierres fabriles con un plan más amplio que, según la Provincia, erosiona tejido industrial, puestos de trabajo y redes sociales en los barrios más populosos del distrito.
El eje final de la conferencia fue la advertencia sobre el riesgo institucional. Entre ataques informáticos, denuncias por espionaje y una campaña de desinformación, Bianco planteó que la defensa de la democracia pasa por proteger la transparencia electoral, garantizar la seguridad de los sistemas digitales y frenar maniobras que busquen alterar la voluntad popular. A ojos del gobierno bonaerense, el combo —crisis económica, vaciamiento productivo y operaciones mediáticas— conforma un escenario que exige una respuesta política y judicial clara.
La Provincia, por ahora, apuesta a la visibilización pública de esos hechos: denuncias, reclamos y ensayos técnicos para blindar el escrutinio. En el horizonte inmediato, con una elección legislativa por delante, la exposición pública de estos episodios busca además marcar la agenda y desactivar, desde el Ejecutivo provincial, cualquier intento de sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso. Para quienes escucharon la conferencia, la consigna de la administración es doble: custodiar la infraestructura digital y frenar el avance de políticas y prácticas —sean económicas o informativas— que, dicen, ponen en jaque la vida laboral y democrática de la provincia.
