Organismos de DD.HH. denuncian en la ONU el decreto sobre la SIDE
Organismos de Derechos Humanos adelantaron que denunciarán ante la Comisión Interamericana de DDHH así como la ONU el DNU que amplía las facultades de la SIDE.
Organismos de DDHH adelantaron que denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como en distintas entidades internacionales, el “plan de vigilancia masiva” que habilita el decreto de necesidad y urgencia (DNU) n° 941/2025, que reforma la Ley de Inteligencia Nacional y modifica de manera sustancial el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Es que, la norma de la administración mileísta dispone, entre otros puntos, que la Agencia de Seguridad Nacional, que pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, redefina sus funciones para orientarlas a la identificación y análisis preventivo de amenazas, al mismo tiempo que habilita que todas las actividades revistan carácter encubierto por su “sensibilidad estratégica”.
Además, el decreto amplía el concepto de contrainteligencia, incluyendo medidas pasivas obligatorias en todo el sector público. Así, los cambios dotan de mayor centralización a la SIDE que coordina en las sombras el asesor presidencial, Santiago Caputo, y que concentrará además la aprobación y control de los presupuestos de inteligencia como también la supervisión de gastos reservados.
En paralelo, el DNU habilita además de manera expresa a los organismos de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad federales y policías, bajo autorización del Secretario de Inteligencia, y establece que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto por su sensibilidad estratégica.
En ese marco, los organismos de DDHH sostuvieron que el DNU “deja habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación, es transformar a los servicios de inteligencia en una especie de policía secreta y sin control”. “Obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control”, agregaron.
“Se vuelve así una herramienta para realizar vigilancia masiva, además, la acumulación de grandes cantidades de datos en un solo organismo es todavía más peligrosa en la medida en que el Estado no tiene una política adecuada de seguridad de la información y las filtraciones son frecuentes”, ampliaron los organismos de DDHH.
En ese contexto, más de 20 organizaciones no gubernamentales se pronunciaron contra el decreto, al que calificaron “manifiestamente anticonstitucional”, y adelantaron que realizarán denuncias en entidades como la CIDH, así como otras distintas relatorías de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU).
No obstante, la estrategia de los organismos de DDHH será múltiple. En paralelo, a nivel judicial, el CELS ya presentó un amparo colectivo al que podrían sumarse distintos grupos, mientras que, en el plano parlamentario, reclamarán que se activen los mecanismos para rechazar el DNU y que se controle lo que ocurre en la SIDE a través de la conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI).
Entre los organismos que rechazan el DNU de la administración mileísta se encuentran la Amnistía Internacional Argentina, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, CELS, Democracia en Red, Fundación SES, Fundación Vía Libre y la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), entre otros.
Al igual que organismos de DDHH, diputados acudieron a la Justicia por los cambios en la SIDE
En paralelo a la presentación de los organismos de Derechos Humanos, diputados nacionales de la oposición promovieron una acción de amparo para que la Justicia declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del DNU 941/2025, que reformó la Ley Nacional de Inteligencia y amplió las facultades de la SIDE.
La demanda fue impulsada por Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto a Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas. Los legisladores cuestionaron que el decreto haya sido dictado sin intervención del Congreso, pese a que el Parlamento se encontraba en condiciones de sesionar.
En el escrito, los diputados advierten que la norma modifica de manera sustancial la Ley 25.520 y plantean objeciones constitucionales vinculadas a la prohibición de legislar por DNU en materia penal y procesal penal. La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, a cargo de la jueza Rita Alián, que deberá resolver la cautelar solicitada.
