Dos polémicas que salpican a Federico Sturzenegger
El ministro cuyo nombre encabeza la cartera conocida informalmente como “ministerio motosierra” quedó en el centro de dos controversias administrativas y políticas que suman cuestionamientos sobre transparencia y uso de fondos públicos. Por un lado, la contratación directa —con una única oferta— del alquiler de oficinas para dependencias de su ministerio; por el otro, la adjudicación de un contrato de capacitación en idioma inglés a una entidad vinculada a su círculo familiar.
Alquiler millonario en el microcentro
El primero de los casos involucra al ministerio de Desregulación, que en noviembre de 2025 formalizó la contratación directa de cuatro pisos (3°, 4°, 5° y 6°) y 24 cocheras en la zona de Diagonal Norte por un monto equivalente a $720 millones anuales —es decir $60 millones mensuales—, según la documentación difundida por fuentes administrativas. La operación se concretó con una única oferta presentada por OTOBA S.A. y contempla un contrato por 12 meses con inicio en la sede ubicada en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 788.
La modalidad de contratación directa y la falta de competencia en la licitación generaron críticas internas y externas, en especial porque la decisión contrasta con el discurso oficial de reducción de gastos en alquileres estatales y con programas públicos orientados a la optimización de inmuebles. Críticos del Ejecutivo advierten que el desembolso habitual para ocupar espacios privados resulta contradictorio con la política de “Alquiler Cero” y debilita la narrativa de austeridad que el Gobierno ha promovido públicamente.
Contrato de capacitación: vínculo familiar y exigencia de informes
En paralelo, un proyecto de resolución presentado en la Cámara baja por la diputada Roxana Monzón encendió la polémica por una adjudicación aprobada por la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, vinculada a la Adjudicación Simple por Especialidad N.º 26-0033-CDI25. La contratación —destinada a la capacitación en idioma inglés del personal de la Cancillería— adjudicó $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa por un periodo inicial de nueve meses con opción de prórroga por otro período equivalente.
La iniciativa parlamentaria solicita al Poder Ejecutivo que remita “en forma urgente y detallada” el expediente completo, la normativa invocada y los fundamentos técnicos y jurídicos que justificaron encuadrar el procedimiento en el artículo 25, inciso d), apartado 2 del Decreto 1023/01, norma que habilita procedimientos de excepción en contrataciones públicas. Además reclama las fechas clave del proceso administrativo —convocatoria, apertura, adjudicación— y la emisión de la orden de compra correspondiente; según el expediente difundido, la recepción de ofertas habría tenido como fecha límite el 23 de diciembre de 2025.
La controversia escaló cuando distintas fuentes periodísticas y legislativas señalaron que la entidad beneficiaria está presidida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Sturzenegger, lo que motivó advertencias sobre un posible conflicto de interés y pedidos de mayor transparencia por parte de bloques opositores y de comisiones de control parlamentario. El proyecto presentado ante la Cámara de Diputados busca que la documentación permita verificar si el procedimiento respetó principios de eficiencia, libre competencia y transparencia exigidos por el régimen de contrataciones públicas.
Repercusiones y próximos pasos
Fuentes parlamentarias consultadas señalan que, de confirmarse que se usó un procedimiento de excepción sin motivación técnica suficiente o que existió influencia indebida, podría abrirse un proceso de fiscalización y requerirse la intervención de otros organismos de control. En el terreno político, la doble polémica —alquiler millonario por contratación directa y adjudicación a una institución con vínculo familiar— aporta combustible a críticas sobre incoherencias entre la retórica de austeridad oficial y decisiones presupuestarias concretas.
Hasta el momento, desde el Ministerio no se han difundido explicaciones públicas que detallen los criterios técnicos que motivaron ambas contrataciones. Los pedidos de informes y los requerimientos parlamentarios, en cambio, ya están en curso: la presentación de Monzón quedó radicada y el contrato de alquiler figura en la documentación administrativa interna, por lo que la discusión pasará por más pedidos de acceso a la información y, eventualmente, por comisiones parlamentarias que exijan las aclaraciones correspondientes.
