El aumento de los combustible superó largamente a la inflación

Durante 2025, los combustibles en la Argentina sufrieron un ajuste que excedió con creces la evolución de los salarios y terminó, en términos absolutos, por encima de la inflación anual. Según el relevamiento de Montamat & Asociados, los precios en surtidor acumularon un incremento superior al 40% en el año, cifra que contrasta con una inflación que se ubicó en torno al 30–31%. El aumento no fue homogéneo: en diciembre, el ajuste promedio nacional superó el 4% solo en ese mes.

Detrás de esa suba múltiple no hay una única causa técnica: el incremento fue la suma de decisiones de mercado, presión fiscal y movimientos cambiarios que, combinados, trasladaron a los consumidores una carga adicional que amplifica la crisis del poder adquisitivo.

Las explicaciones oficiales y del mercado resaltan una mezcla de componentes: la devaluación acumulada —con un ajuste del tipo de cambio que Montamat cuantifica en 41%—, fuertes subas en los biocombustibles (biodiesel +67%, bioetanol +37%) y el incremento de cargas impositivas sobre combustibles (+52%). Es decir: no fue solo la cotización internacional del crudo la que empujó precios, sino una conjunción de elementos domésticos que, por su incidencia, merecen escrutinio público.

No obstante, el recurso a los costos como justificación choca con dos hechos relevantes: primero, el precio internacional del crudo se movió a la baja hacia finales del año —el Brent cayó alrededor de 10 dólares entre periodos recientes— lo que debería operar a favor de precios finales más moderados; segundo, tras los ajustes, los combustibles quedaron apenas por encima de su paridad de importación: las naftas grado 2 promediaron un 9% por encima de paridad y el gasoil quedó prácticamente en paridad (menos del 1% por encima). Ese margen restringido sugiere que la transmisión de costos al surtidor no es una simple traducción lineal de insumos, sino un proceso con espacio para decisiones comerciales y regulatorias.

La política de precios castiga al consumidor
El propio informe destaca que la política de “precios según demanda, zona y horario”, aplicada en especial por YPF, genera variaciones semanales e incluso diarias. Esa lógica aumenta la incertidumbre y convierte el combustible en un bien de precio fraccionado, difícil de planificar para familias, transporte de cargas y pymes. La respuesta pública de YPF —un recorte del 2% anunciado por su presidente Horacio Marín, “todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”— suena a paliativo comercial cuando los aumentos acumulados exceden el 40%.

Además, especialistas del sector—como Daniel Dreizzen de Aleph Energy—interpretan que parte de los ajustes fueron postergados hasta después de las elecciones, lo que coloca la decisión de precios también en el terreno de la conveniencia política empresarial, más que en una regla técnica de costo. El resultado es una sensación extendida: la población paga más, a veces por razones coyunturales y en otros casos por márgenes que no quedan explicitados al público.

Efectos económicos y sociales
Subas de combustibles por encima de la inflación se traducen rápido en aumento de costos logísticos, transporte de bienes y tarifas de servicios que usan combustible como insumo. Juan José Carbajales (Paspartú) sintetiza el balance: incluso con una baja del petróleo, la mayor devaluación, la liberación de impuestos y el aumento del precio de los biocombustibles empujaron los precios locales por encima de la inflación y elevaron los precios medidos en dólares. El impacto es doble: erosión del salario real y pérdida de competitividad para sectores que no pueden trasladar íntegramente esas mayores cargas a consumidores finales.

Montamat & Asociados advierten además que un escenario internacional con crudo a niveles inferiores (expectativa por debajo de 55 USD para 2026) condiciona la viabilidad de proyectos marginales y el perfil exportador. Mantener competitividad exigirá reducir costos, innovar y —sobre todo— ordenar el marco macroeconómico para bajar riesgo y financiamiento. Es un diagnóstico correcto, pero parcialmente desconectado del capítulo inmediato: mientras se discute la “viabilidad” de proyectos futuros, millones de hogares y empresas afrontan hoy tarifas y combustibles más caros.

La magnitud del ajuste impone al menos tres exigencias de política pública y transparencia: 1) auditoría clara y periódica sobre la composición del precio en surtidor (margen de refinación, logística, impuestos, biocombustibles), 2) medidas de alivio focalizadas para sectores sensibles (transporte público, transporte de cargas, pequeñas y medianas empresas), y 3) revisión de la implementación de ajustes automáticos que permitan a las empresas postergar subas por razones político-comerciales. Sin transparencia y control, los incrementos de costo terminan siendo una transferencia regresiva desde la mayoría hacia sectores con capacidad de fijar precios.

El 2025 dejó un salto de precios de combustibles que no se explica solo por mercados externos: fue el resultado de una combinación de devaluación, cambios regulatorios sobre biocombustibles e impuestos, y decisiones empresarias que trasladaron rápidamente esos costos al surtidor. En ese tránsito, la ciudadanía fue la variable de ajuste. Corregirlo no es sólo cuestión de mercado ni de técnicos del sector energético: requiere voluntad política para transparentar, compensar y regular los mecanismos que transforman un insumo estratégico en una carga social desproporcionada.