El Centro de Estudios Sampay se expidió sobre la reforma laboral

En un crudo contrapunto con la agenda del Ejecutivo, el Centro de Estudios de la Realidad Social y Política “Arturo Sampay” junto con la agrupación Primero Vicente López presentó un documento que plantea —con claridad y urgencia— una alternativa normativa y política a la reforma laboral, tributaria y previsional que el gobierno viene promoviendo. El texto no sólo denuncia la pérdida de derechos y la transferencia de recursos hacia los sectores concentrados; propone una hoja de ruta para una modernización social, democrática y soberana que preserve salarios, calidad laboral y la capacidad productiva de pymes y comercios barriales.

Desde el primer párrafo, el documento marca el tono: “Mientras el gobierno impulsa una reforma laboral, tributaria y previsional que retrocede en derechos y amplía la transferencia hacia los sectores concentrados de la economía, reafirmamos que la única reforma legítima es aquella que avanza en sentido de justicia social, soberanía y progreso humano”. Esa declaración funciona como eje interpretativo: lo que el Ejecutivo vende como “modernidad” es, para los autores, una restauración conservadora que camina hacia la flexibilización y el desmantelamiento del Estado.

El documento apela a un anclaje jurídico y moral para rechazar la regresividad: recuerda que la modernización no puede confundirse con la precarización y que la Constitución y los tratados internacionales consagran la progresividad de los derechos. En ese sentido recupera el espíritu del artículo 14 bis de la Constitución Nacional —que entre otros puntos reconoce la “participación en las ganancias de las empresas” y las condiciones dignas de trabajo— como brújula para cualquier reforma que pretenda llamarse legítima.

Los autores plantean además una reflexión histórica y tecnológica: en plena era de la inteligencia artificial y la automatización, resulta paradójico que se pretenda avanzar hacia más desigualdad. “Mientras la tecnología avanza, se pretende retroceder en derechos. Mientras las máquinas aprenden, algunos gobiernos desaprenden la justicia”, subrayan, y proponen convertir los saltos productivos en oportunidad para redistribuir tiempo y riqueza, no para concentrarlos.

A diferencia del proyecto oficial que, según los firmantes, descarga el costo sobre el trabajo, el documento ofrece nueve lineamientos concretos para reescribir la agenda:

1. Reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, para que la automatización libere tiempo sin generar desempleo.
2. Participación de los trabajadores en las ganancias empresarias, en línea con el artículo 14 bis.
3. Renta básica universal financiada por impuestos progresivos sobre grandes corporaciones tecnológicas y financieras.
4. Derecho a la desconexión digital, para proteger la vida privada frente al trabajo remoto permanente.
5. Soberanía tecnológica y de datos, resguardando que la información producida por el pueblo no quede en manos de corporaciones extranjeras.
6. Formación pública y gratuita en inteligencia artificial y oficios digitales.
7. Sistema previsional solidario que reconozca nuevas formas de trabajo.
8. Reforma tributaria progresiva que grave la especulación y alivie al trabajo.
9. Paritarias “inteligentes” que traduzcan la productividad tecnológica en mejoras concretas para los trabajadores.

El documento combina la denuncia con propuestas técnicas y políticas: no se limita a decir “no” sino que explica cómo articular fiscalidad, derechos laborales y formación para que la modernización sea equitativa. Esa combinación busca neutralizar el relato oficial que asocia “flexibilización” con progreso y muestra que existen caminos distintos, compatibles con la preservación de pymes, comercios de barrio y el empleo decente.

Aunque el texto proviene de un centro de estudio y una agrupación local, su apuesta es deliberadamente amplia: convocar a sindicatos, movimientos sociales, académicos y pequeños productores a firmar y debatir una agenda que impida que la “modernidad” se traduzca en pérdida de derechos. En la práctica, propone introducir en la discusión pública medidas que redistribuyan la riqueza tecnológica y frenen la extracción concentrada.

Los firmantes concluyen con una máxima que resume su propuesta política: “Porque modernizar no es despojar, es incluir. Y porque el verdadero futuro —aun en tiempos de inteligencia artificial— sólo tiene sentido si sigue siendo un futuro con justicia social, soberanía política e independencia económica”. La idea fuerza es sencilla y potente: frente a una reforma que amenaza salarios y calidad de vida, hay una alternativa articulada, constitucional y tecnológicamente informada que ofrece una salida distinta al ajuste.

El documento de Centro de Estudios de la Realidad Social y Política ‘Arturo Sampay’ y Primero Vicente López ya circula públicamente y fue difundido como aporte para sumar firmas y abrir debate ciudadano.