El Congreso investiga el grave caso del fentanilo adulterado
El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), citó a una reunión extraordinaria con el fin de avanzar sobre una batería de iniciativas que exigen respuestas al ministerio de Salud y a la ANMAT por la cadena de fallecimientos vinculados a fentanilo inyectable adulterado. Junto a la diputada Victoria Tolosa Paz presentaron pedidos formales para que el Poder Ejecutivo precise cuántos son los casos confirmados, probables y sospechosos, el total de víctimas fatales y la secuencia cronológica de los hechos.
Los legisladores requieren además que la ANMAT considere y detalle las medidas que adoptó desde la detección de los primeros registros, si hubo fallas en los sistemas de control y trazabilidad de los medicamentos y la identificación puntual de los lotes implicados en la contaminación.
En paralelo, el pedido parlamentario apunta a esclarecer el accionar de los laboratorios vinculados al escándalo. Se solicitó información sobre inspecciones y auditorías realizadas en los últimos cinco años a HLB Pharma Group S.A. y a Laboratorios Ramallo S.A., y el listado de los efectores de salud —tanto públicos como privados— que recibieron los lotes presuntamente contaminados.
La gravedad del cuadro sanitario quedó reforzada por los resultados del Instituto Malbrán, que, según Tolosa Paz, detectaron la presencia de bacterias de peligro comprobado —Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii— ambas multirresistentes y con alto potencial letal en pacientes en estado crítico.
Mientras la Cámara inicia el debate técnico y político, en las puertas del Congreso familiares de las víctimas exigieron medidas drásticas: pidieron la declaración de emergencia sanitaria, la prohibición del uso de fentanilo en todo el territorio nacional y reclamaron la detención del propietario del laboratorio señalado como responsable. Alejandro Ayala, hermano de una de las víctimas, sintetizó el reclamo con crudeza: «Es una crisis sanitaria, una emergencia y una catástrofe, producto de dos laboratorios que hicieron un desastre a nivel nacional«.
La crisis sumó además una propuesta del bloque PRO: presentar un proyecto para conformar una comisión investigadora que determine cómo ingresó el medicamento adulterado al sistema de salud y establezca responsabilidades a lo largo de la cadena de producción y distribución.
El conflicto político-legislativo se despliega en medio de un escándalo que ya registra —según los expedientes que se tratan en Diputados— al menos 90 muertes, y que golpea con fuerza la confianza ciudadana en los mecanismos estatales de control sanitario. La próxima reunión de la Comisión de Salud anticipa un cruce de preguntas incómodas y la búsqueda de respuestas que, por ahora, la sociedad espera con urgencia.
