El Episcopado pidió que la «victoria electoral» sea con los pobres

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) publicó ayer un breve pero claro mensaje titulado “El día después de las elecciones” en el que valora el desarrollo de la jornada democrática y convoca a los dirigentes electos a transformar el resultado en “un renovado compromiso con el bien común, especialmente con los más pobres y frágiles”. El comunicado, difundido por la Comisión Ejecutiva del organismo, aparece fechado el 27 de octubre y fue reproducido por los portales oficiales de la Iglesia.

La carta —de tono institucional y exhortativo— lleva la firma del presidente del episcopado, el arzobispo de Mendoza Marcelo D. Colombo; del vicepresidente primero, el cardenal Ángel Rossi (arzobispo de Córdoba); del vicepresidente segundo, monseñor César Daniel Fernández (obispo de Jujuy); y del secretario general, el obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro. Con esos nombres, la Comisión Ejecutiva buscó dar al texto el carácter formal que, en la jerga institucional de la Iglesia, acompaña los llamados a la “concordia” en momentos de tensión política.

El núcleo del comunicado es conocido y repetido en este tipo de gestos institucionales: la democracia se celebra, pero la victoria electoral debe traducirse en políticas que “garanticen la dignidad” y la inclusión. Allí los obispos subrayan que en cada elección “se expresa y pone de manifiesto la institucionalidad de un país” y advierten que ello no debe ser ajeno al “deseo de aportar juntos a la construcción de una patria donde todos tengan lugar para vivir y construir una existencia digna”. La insistencia en “los que más sufren las consecuencias de la desigualdad y la falta de oportunidades” es el pasaje del mensaje que, por su carga política implícita —y no sólo pastoral—, congregó la atención de las redacciones.

“Deseamos que todos los elegidos… trabajen de manera incansable en busca de consensos y fortaleciendo el diálogo para bien de todos”, afirma el texto, que llama a privilegiar la palabra y el encuentro ante la polarización. Es un pedido que tiene, a la vez, lectura pública y lectura interna: por un lado, intenta marcar un horizonte de prudencia institucional; por otro, actúa como recordatorio moral para las élites políticas sobre la centralidad del cuidado social en la agenda legislativa.

La difusión del comunicado fue cubierta por agencias religiosas, que destacaron el llamado episcopal a priorizar a los más vulnerables y a los consensos institucionales tras un proceso electoral que, en algunas provincias y distritos, dejó escenarios fragmentados. La recepción pública del mensaje exhibió la dualidad habitual: apoyo de sectores que buscan responsabilidad social en las nuevas mayorías y escepticismo entre quienes interpretan estas palabras como gestos protocolarios con escasa incidencia práctica.

Más allá del tono institucional, el comunicado abre interrogantes concretos. ¿Qué traduce en términos reales el llamado al “bien común” cuando el país encara debates clave en materia económica, social y laboral? ¿Se tratará solamente de pronunciamientos morales o tendrá la CEA voluntad de incidir —con propuestas, interlocuciones y hasta la movilización de su núcleo social— en la agenda pública? En el pasado, la Iglesia argentina ha alternado entre el acompañamiento pastoral y la intervención política explícita; el texto difundido ayer parece inclinarse, por ahora, por la llana exhortación al diálogo y a la prioridad por los más vulnerables.

Para muchos referentes sociales y de base la novedad de este comunicado no está en el llamado al diálogo sino en su urgencia: lo que cambió en el país son las expectativas políticas y la correlación de fuerzas en el Parlamento a partir del 10 de diciembre. Esa nueva correlación convierte cualquier exhortación al consenso en un componente de primera línea de la disputa pública, porque define prioridades presupuestarias, políticas sociales y reglas laborales. En ese contexto, la CEA optó por recordar que la elección no puede convertirse en excusa para “dejar de lado” a quienes más padecen la exclusión.

El texto episcopal, breve y medido en su lenguaje, cumple con la función clásica de las instituciones intermedias: reclamar moderación y asistir a los más débiles. Pero en la Argentina de hoy esas apelaciones llevan consigo también una capacidad de catalizar o desactivar presiones sociales, dependiendo de cómo y con quiénes la Iglesia decida dialogar. Si la exhortación queda en un documento de oficina, será una nota moral más; si la CEA acompaña su llamado con un protagonismo en las políticas públicas o con alianzas con actores sociales, la frase sobre el “bien común” podrá transformarse en algo más cercano a una demanda con consecuencias políticas concretas.

En todo caso, lo sustantivo del mensaje no es su formato sino su lectura: la Iglesia eligió recordar que la democracia no se agota en la urna y que la jerarquía eclesiástica —al menos en este pronunciamiento— coloca en primer plano a los sectores vulnerados. Ese emplazamiento, simple en su redacción, será materia de interpretación en los próximos días, cuando la agenda legislativa y las definiciones de gobierno empiecen a mostrar sus efectos reales sobre las condiciones de vida de millones de argentinos.