El FMI mete presión con las reservas

El FMI, bancos de inversión y grandes acreedores internacionales vuelven a empujar al gobierno argentino a incrementar las reservas en dólares del Banco Central. Lo que presentan como una “medida de defensa” ante shocks es, en los hechos, la exigencia de garantizar los colchones en moneda extranjera que protegen la extracción de ganancias hacia las casas matrices y sostienen la timba financiera que vacía al país.

El reclamo es conocido y hoy vuelve con fuerza: desde Washington hasta la City de Londres, los grandes capitales financieros consideran urgente que la Argentina vuelva a acumular reservas internacionales. Las órdenes, dicen sectores críticos, no responden a una preocupación por el bienestar económico del pueblo, sino a la necesidad de asegurar que no se interrumpa la sangría de dólares que salen del país hacia bancos y fondos extranjeros.

En los últimos días la presión se materializó en varios frentes. En la habitual conferencia de los jueves en Washington, la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, pidió explícitamente aportes más ambiciosos de política monetaria y cambiaria “para acumular reservas, lo que ayudará a Argentina a afrontar eventuales shocks y facilitará el acceso a los mercados”. Kozack añadió la advertencia: el personal técnico del FMI preparará un informe y durante diciembre llegará al país una misión para realizar una auditoría y evaluar “qué trato darle” a instrumentos como la línea de swap de Argentina.

Ese mensaje —oficial y con el peso institucional del FMI— fue acompañado por llamados más directos de la banca de inversión. JP Morgan, que hace años actúa como voz y brazo local de grandes intereses financieros, fue todavía más explícito: “La lección para 2026 es clara: aumentar las reservas debe ser una prioridad para fortalecer las defensas del país antes de las elecciones generales de 2027”, sostuvo el banco, y añadió que “el aval estadounidense debería utilizarse estratégicamente y con urgencia para construir colchones internos”. El argumento es nítido: reponer reservas para asegurarse de que, ante cualquier crisis o turbulencia, exista un acceso inmediato a divisas que garanticen los retiros y repatriaciones de capitales.

Barclays, por su parte, publicó cifras que alimentan la narrativa de alarma. Según ese informe, las reservas netas del Banco Central pasaron de un saldo negativo de u$s11.000 millones al inicio de la gestión a –u$s16.000 millones más recientemente. Y subraya que esta merma no obedeció a cancelaciones masivas de deuda —al contrario—: los compromisos con multilaterales y privados crecieron de u$s170.000 millones en diciembre de 2023 a u$s175.000 millones en noviembre de 2025.

Frente a estas presiones, el gobierno de Javier Milei —con Luis Caputo al frente del ministerio de Economía— ensaya una resistencia táctica. La compra masiva de dólares por parte del Banco Central sería, en la práctica, una admisión visible: se comprarían dólares, la demanda elevaría la cotización del billete y ese salto se trasladaría de inmediato a precios. Es decir: la maniobra sería incompatible con la narrativa oficial que presenta una supuesta victoria sobre la inflación. Comprar dólares ahora significaría, para ese relato, reconocer la fragilidad del equilibrio macroeconómico construido sobre la apertura y la financiarización.

La tensión es política y económica: para los grandes bancos y el FMI la prioridad es construir colchones en moneda extranjera que protejan la circulación internacional de capitales; para sectores populares, sindicatos y movimientos sociales esa prioridad choca con la urgencia de frenar la fuga de capitales, gravar la renta financiera y poner pesos en la producción, el trabajo y la soberanía sobre los recursos naturales.

Detrás del lenguaje técnico —“ventana de oportunidad”, “marco monetario y cambiario”, “acceso a mercados”— asoma una lógica clara: garantizar que cuando las empresas transnacionales y los grandes fondos decidan repatriar utilidades o liquidar inversiones especulativas, existan reservas suficientes para que el circuito se cierre sin fricciones. Es decir, que la sangría no se corte.

Esa sangría no es neutral. Los dólares que salen de aquí no son ahorro comunitario que viaja a recreo; son ganancias, plusvalías y rentas producidas por el trabajo, por recursos naturales y por operaciones financieras que en muchos casos aprovechan regímenes tributarios permisivos y lagunas regulatorias. Blindar dichas salidas con reservas es, en la práctica, asegurar la continuidad del negocio extractivo y la timba financiera.

Las alternativas que proponen distintos analistas críticos y sectores del campo popular no pasan por plegarse a esa demanda. En vez de priorizar la acumulación de reservas para “defender” la salida de capitales, sugieren medidas orientadas a retener riqueza en el país: control de capitales para frenar fugas especulativas, impuestos a la renta financiera y a la repatriación de utilidades, fortalecimiento del mercado interno mediante políticas de fomento productivo, y regulación efectiva de la operatoria de los grandes bancos y fondos en el país.

La llegada anunciada de una misión del FMI a fines de diciembre agregará presión política y técnica sobre el gobierno. Esa misión, además de auditar, llevará consigo la capacidad de condicionar futuros apoyos o líneas de crédito: el reporte técnico que el FMI prepare puede traducirse en recetas y restricciones que, históricamente, han priorizado la estabilidad financiera por sobre el empleo, la inversión pública y los derechos sociales.

La pregunta de fondo es política: ¿para quién gobierna este Estado? ¿Para garantizar colchones que favorezcan la repatriación de ganancias a las casas matrices de Londres y Nueva York, o para proteger el salario, el empleo y la soberanía económica de la mayoría social? La presión del FMI y de la banca internacional es una circunstancia real; la respuesta que se dé, determinará si la política económica se orienta a rescatar a los acreedores o a poner un dique a la fuga de lo que pertenece al pueblo.

Mientras tanto, la disputa se libra en los tecnicismos de los informes y en la pulseada por la narrativa: quien logre imponer la interpretación —emergencia de reservas como prioridad absoluta, o defensa de la economía real frente a la extracción— impondrá las medidas que definan el rumbo del próximo ciclo político y económico del país.