El gobierno nacional tiene en la mira la reforma laboral
El último anuncio oficial confirma que, tras los comicios de octubre, el Gobierno encabezado por Javier Milei volverá a poner sobre la mesa una reforma laboral y otra impositiva. Según el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ambos proyectos verán la luz solo una vez que se resuelva el trámite electoral, con el objetivo declarado de reducir el trabajo no registrado y “fomentar la competencia” entre empresas.
Sin embargo, la oposición y distintos sectores sociales denuncian que estos cambios apenas persiguen abaratar la mano de obra. En ese sentido, advierten que la rebaja de costos salariales suele traducirse en despidos sin indemnización, extensiones de la jornada sin pago de horas extras y un incremento de la carga laboral para quienes aun conservan empleo.
Un reciente informe de la secretaría de Trabajo de la Nación pone cifras concretas a este panorama: entre septiembre de 2023 y agosto de 2024 se perdieron 174.000 puestos de trabajo formales, de los cuales solo se recuperaron 28.000. Es decir, apenas uno de cada seis empleos destruidos en ese período logró restituirse. Además, gran parte de las nuevas altas corresponden a jubilados que necesitan complementar sus ingresos, no reflejando una mejora real del mercado laboral.
Francos insiste en que la formalización incrementará las recaudaciones previsionales y tributarias. “Nuestro mayor problema es la elevada proporción de empleo en negro, que debilita el sistema de aportes y reduce la recaudación”, afirmó en Radio Splendid. Para financiar estos cambios, añadió, “es imprescindible achicar el Estado y contener el gasto público, sin lo cual no se puede garantizar la estabilidad macroeconómica”.
No obstante, quienes se oponen a la iniciativa sostienen que la única “mejora” en los salarios reflejada en los datos oficiales responde a un aumento de la carga horaria, y no a un incremento del poder adquisitivo. Incluso funcionarios del mismo Ejecutivo reconocen que estos avances se logran “trabajando más horas”, y que transformar las condiciones laborales es un proceso lento que “no admite soluciones de un día para el otro”.
Por encima de las divergencias, el consenso parece marcar que la nueva oleada de reformas no hará sino profundizar la concentración económica: mientras las grandes compañías podrían reducir sus costos operativos, las pequeñas y medianas empresas —responsables de más del 80 % del empleo privado— enfrentan un escenario de mayor vulnerabilidad frente a los gigantes corporativos. En última instancia, los trabajadores son quienes, según críticas recurrentes, cargarán el peso de un cambio pensado más para elevar rentabilidades que para garantizar bienestar social.
