El Gobierno no negocia, extorsiona con la chequera

El futuro ministro del Interior, Diego Santilli, y el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvieron ayer por la tarde una nueva ronda de reuniones con gobernadores en el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2026. Sin embargo, el encuentro con los mandatarios de San Juan, Marcelo Orrego, y Córdoba, Martín Llaryora, terminó sin avances concretos.

La tensión se mantiene alta desde el fin de semana, cuando Santilli y Adorni habían recibido a los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y Catamarca, Raúl Jalil, en una reunión donde, según coinciden fuentes provinciales, el mensaje del Gobierno fue claro: “apoyar las reformas o quedarse sin recursos”.

En los hechos, el oficialismo convirtió las conversaciones en una mesa de presión fiscal, donde se discute menos sobre el federalismo y más sobre la obediencia política al plan económico delineado por Luis Caputo, quien dejó en claro que el reparto de fondos coparticipables y el pago de deudas a las provincias estarán atados a la aprobación de su paquete de reformas estructurales.

“Si los gobernadores quieren una situación más holgada, que apoyen las reformas”, sentenció el ministro de Economía, aludiendo a los proyectos que el Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso: la Ley de Presupuesto, el denominado ‘plan colchón’ —una amnistía para quienes blanqueen dólares no declarados— y la reforma laboral, centrada en reducir cargas patronales, flexibilizar las condiciones de contratación y eliminar deducciones del impuesto a las ganancias.

Gobernadores en alerta

Durante la reunión con Santilli, el sanjuanino Marcelo Orrego reiteró que “el mejor aliado del Presidente son los gobernadores”, aunque advirtió que “sin recursos, la gestión se vuelve imposible”.

Por su parte, el cordobés Martín Llaryora exigió la restitución del Fondo de Incentivo Docente, los subsidios al transporte y el pago de la deuda con la Caja de Jubilaciones de Córdoba. “Ellos saben lo que le deben a Córdoba”, señaló un funcionario de su entorno.

Los reclamos se repiten en casi todas las provincias: los recortes a la coparticipación, las obras públicas paralizadas, la falta de actualización en las deudas previsionales y los fondos educativos nacionales. En muchos casos, los gobiernos provinciales terminaron cubriendo con recursos propios lo que antes financiaba Nación.

Mientras tanto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se sumó al reclamo generalizado. En la mañana de este martes fue recibido por Caputo para discutir el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de 2020, que ordena restituir el porcentaje de coparticipación que el gobierno anterior había recortado.

Actualmente, la Ciudad recibe un 1,40% diario de transferencia automática y un 1,55% adicional mediante giros semanales, aunque este último ítem no figura en el Presupuesto 2026. “Como toda obligación a pagar, el acuerdo tiene que estar en el Presupuesto”, advirtió Macri.

Sin embargo, la respuesta de Caputo fue la misma: sin apoyo a las reformas, no habrá recursos.

Un plan de reformas hecho a la medida de los grandes grupos económicos

Lejos de atender los reclamos de las provincias, el gobierno avanza en un programa que busca profundizar la primarización y el saqueo de la economía nacional, con un nuevo esquema de transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia los sectores concentrados del poder económico.

El “ajuste” —que en los hechos ya comenzó— se traduce en menos fondos para las provincias, recortes a la obra pública, suspensión de transferencias a las cajas previsionales y eliminación de subsidios educativos. En el discurso oficial, todo se justifica bajo el mantra del “orden fiscal” y la “eficiencia del gasto”.

Pero lo que está en juego es mucho más que un presupuesto: es el modelo de país. Mientras los gobernadores reclaman recursos para sostener servicios esenciales, el Gobierno propone un sistema en el que la asistencia estatal se convierte en moneda de cambio para la subordinación política.

Las medidas que el Ejecutivo promete enviar al Congreso evocan los intentos de Mauricio Macri en 2017, cuando las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre frenaron una reforma previsional que había sido aprobada entre represión y cacerolas. Hoy, la estrategia parece calcada: aprovechar el poder de la billetera para disciplinar a los gobiernos provinciales y reconfigurar el sistema laboral en favor del capital concentrado.

Pero la resistencia también tiene memoria. Las centrales sindicales, los movimientos sociales y las organizaciones estudiantiles ya preparan un frente común ante lo que consideran un nuevo intento de demolición del Estado social.

Frente a un gobierno que busca imponer su programa por medio del chantaje financiero, la respuesta —sostienen desde el campo popular— deberá ser la organización y la lucha por un modelo distinto: uno que ponga en el centro los derechos de los trabajadores, la soberanía de las provincias y el futuro del pueblo argentino.