El mayor golpe a los derechos de los trabajadores desde la dictadura militar

Por Luciana Zorzoli. Senior Lecturer en Relaciones Laborales, Essex Business School, University of Essex

Cuando fue elegido presidente de Argentina en noviembre de 2023, Javier Milei era visto por muchos votantes como un outsider político. Economista de profesión, prometió un reseteo del país que acabaría con la inflación y recortaría el gasto público.

Entre diatribas contra los políticos y descalificaciones de la emergencia climática como una “mentira socialista”, le gustaba blandir una motosierra para simbolizar sus planes para arreglar una economía estancada y agobiada por la deuda.

Y, desde que asumió el cargo, Milei ha estado ocupado con su agenda de recortes. En pocas semanas publicó un decreto ejecutivo de 82 páginas como fase inaugural de su amplia desregulación.

El decreto está diseñado para cambiar fundamentalmente la sociedad argentina, afectando directamente a los derechos y protecciones de millones de trabajadores. Ya ha suscitado comparaciones con la desregulación de la economía chilena del general Augusto Pinochet en la década de 1970.

Uno de los apartados del decreto de Milei pretende limitar el derecho de huelga, el derecho de reunión y el derecho de negociación colectiva. Alteraría la situación financiera de los sindicatos, la asistencia sanitaria de los trabajadores y derechos básicos como la baja por maternidad.

Todo ello se presenta como una forma de racionalizar el mercado laboral, para mejorar el dinamismo económico y el crecimiento. También se ve como una forma de desmantelar la ideología de derechos y protecciones contra la que arremeten Milei y sus aliados.

Pero a pesar de la retórica, no hay pruebas de que las reformas de este tipo en la región hayan creado empleo o mejorado la dinámica del mercado laboral. Por el contrario, la evidencia sugiere que simplemente aumentan los niveles de empleo de mala calidad.

El decreto de Milei fue seguido rápidamente por un proyecto de ley de reforma de 664 artículos que abarca un amplio abanico de cuestiones, como la privatización de 41 empresas públicas (incluida la petrolera estatal YPF), cambios en el sistema electoral y la introducción de nuevos impuestos.

También contiene una declaración de emergencia, no sólo económica, sino en materia de seguridad, energía y sanidad (y muchas otras). Para hacer frente a esto, Milei pretende delegar poderes legislativos en el ejecutivo (él mismo) durante al menos dos años.

De este modo, podría eludir al Parlamento para prácticamente todo lo que quiera hacer, alegando que la toma de decisiones democrática institucional es demasiado lenta.

A pesar de obtener el 55,6 % de los votos en la segunda vuelta de las elecciones, su coalición ocupa una minoría de escaños en ambas cámaras del Parlamento argentino. El poder ejecutivo significaría poder evitar las necesarias negociaciones con otros partidos.

Desafíos legales
El presidente argentino se enfrenta a una dura oposición a sus planes. Se han presentado más de 40 recursos legales alegando que el decreto de Milei es inconstitucional, mientras que un tribunal suspendió el capítulo de reforma laboral de su decreto, cuestionando su necesidad y urgencia.

Fuera de los tribunales, la Confederación General del Trabajo (CGT), la federación sindical más importante del país, convocó un paro nacional el 24 de enero y ha habido protestas en las calles.

Por otra parte, Milei ha recibido apoyo para algunos de sus planes de Estados Unidos, del FMI y de otros políticos de derechas.

En cuanto a los trabajadores argentinos, lo que está en juego en las próximas semanas y meses es un nuevo retroceso en sus derechos y la imposición de un entorno laboral similar al que se vivió tras la toma del poder por los militares en 1976. Porque entre los asesinatos y las desapariciones de aquella época, una de las principales prioridades de la dictadura fue la reforma regresiva de las relaciones laborales.

Inmediatamente después de tomar el poder, los militares recortaron ampliamente la normativa laboral. Tomaron el control de los sindicatos, congelaron sus fondos y prohibieron toda forma de negociación colectiva.

Se suspendieron los derechos relacionados con la afiliación a sindicatos, la acción colectiva y las huelgas. Se regeneró el poder patronal y se impuso la disciplina.

Nuestra investigación revela que las consecuencias fueron una profunda reestructuración de las relaciones laborales del capital, en detrimento de los trabajadores.

Milei parece decidido a realizar cambios de una magnitud similar, bajo el argumento de que no hay alternativa. Si tiene éxito, pasar por encima de las instituciones democráticas, liberalizar los mercados a cualquier coste social y emprender una guerra contra los derechos y las protecciones alterará sin duda la sociedad argentina. Pero no hará a Argentina “grande otra vez”, como él ha prometido.

Lo que suceda a continuación sigue siendo incierto. Pero el aluvión de medidas del nuevo presidente afectará a millones de vidas. Y al hacerlo, pueden provocar resistencia, fortalecer la solidaridad social y potencialmente reabrir un debate democrático sobre un camino alternativo.

Publicado originalmente en The Conversation. Republicado con autorización.