En la base naval de Vicente López, instruyen para reprimir
Legisladores de la bancada Unión por la Patria (UxP) anunciaron que llevarán al Senado un pedido formal de interpelación al ministro de Defensa, Luis Petri, luego de que una joven agente de la Armada resultara con lesiones severas en la cabeza durante un simulacro de represión civil, una práctica expresamente prohibida por la Ley de Seguridad Interior.
Según el testimonio de quienes asistieron al ejercicio, el 4 de abril pasado, en la base naval de Vicente López se puso en marcha un entrenamiento destinado a preparar a los uniformados para “contener movilizaciones sociales”. Fue allí donde Brisa Páez, de apenas 21 años y con cuatro meses de servicio, recibió un violento impacto de escudo que la arrojó al suelo y le ocasionó un traumatismo craneal. A pesar de llevar casco protector, la agente se incorporó con signos de desorientación y dolores, pero la instrucción continuó sin detenerse.
Tras su traslado inicial al Hospital Militar de Campo de Mayo, Páez fue derivada al Hospital Militar Central, donde los facultativos optaron por inducirle un coma farmacológico dada la recurrencia de convulsiones. Actualmente, su estado es estable dentro de la unidad de cuidados intensivos.
La incomodidad en el Senado no se hizo esperar. El senador Oscar Parrilli sostuvo que “resulta inaceptable que la Armada realice maniobras de represión callejera, una función que la legislación argentina reserva exclusivamente a las fuerzas de seguridad pública”. Parrilli advirtió además que este tipo de acciones podrían configurar causal de juicio político contra quienes las impulsen.
En paralelo, el diputado Leopoldo Moreau presentó un requerimiento de informes al Ministerio de Defensa para conocer “los lineamientos, protocolos y límites legales” que respaldan la intervención militar en tareas de Seguridad Interior, especialmente en la frontera noroeste, donde Bullrich y Petri pusieron en marcha recientemente un operativo conjunto.
La causa cayó en manos de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien dispuso la detención de nueve efectivos de diversos grados involucrados en el simulacro. Además, se ordenaron allanamientos en dependencias de la Armada, con secuestro de grabaciones, documentación y dispositivos móviles, con el objetivo de reconstruir la cadena de mando y responsabilidades.
Este episodio, que se produce en un clima político tensionado por el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el interior, reaviva las críticas al gobierno por la militarización de funciones que la normativa prohíbe. Para la oposición, la maniobra responde a la intención de “preparar a la tropa ante un estallido social inminente”, un escenario que, aseguran, solo agudiza la fractura entre el Estado y buena parte de la sociedad.
