Escuelas especiales en estado de crisis
Las instituciones privadas dedicadas a la educación especial en Argentina advierten que el sistema se encuentra al borde del colapso por la falta de actualización de aranceles, los retrasos en los pagos y el congelamiento del nomenclador nacional desde diciembre de 2024. Según la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), esta crisis trasciende lo meramente administrativo y amenaza el derecho básico de miles de chicos a recibir atención y apoyo adecuados.
Laura Giorgi, vocera de AIEPA, puntualiza que los costos operativos de estos centros —sobre todo los sueldos docentes— se ajustan periódicamente, mientras los ingresos permanecen estancados, generando un desfase que supera el 70% frente a la inflación acumulada. Además, denuncia demoras de hasta 90 días en la liquidación de prestaciones por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, una demora que hace inviable mantener la calidad educativa y los puestos de trabajo del sector.
Desde La Matanza, Alejandra Luciani, representante de Portal del Sol, asegura que “la red que protegía derechos está siendo desarticulada”: los certificados tardan en tramitarse, los valores están congelados y las autorizaciones se demoran, dejando a muchas familias sin la contención necesaria. Su escuela, que ofrece jornada extendida y comedor, enfrenta aumentos de luz, gas y alimentos sin poder ajustar sus cuotas, una situación que agrava la desigualdad estructural que padecen muchas comunidades.
En Mercedes, Elena Sequeira, de Vamos Creciendo, denuncia que las deudas por prestaciones superan los 278 millones de pesos. Explica que, con una sesión de fonoaudiología tarifada en $12.370 y el servicio facturado recién tras seis meses de espera, las instituciones no cubren sus costos y se ven obligadas a reducir servicios o planificar cierres parciales. Reclama un fortalecimiento urgente de la Agencia Nacional de Discapacidad para acelerar auditorías y agilizar pagos.
Frente a este derrumbe, la cámara baja ya remitió a firma un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional en discapacidad. Sin embargo, AIEPA advierte que, si el Congreso no sanciona con rapidez la norma, “las instituciones seguirán con cuotas congeladas y sin recursos para sostener su funcionamiento”. “El compromiso de la educación especial es irreductible —resume Giorgi—, pero sin un respaldo legislativo y financiero inmediato, todo el esfuerzo podría desvanecerse”.
