Espert: el escándalo que sacude a la Cámara de Diputados
El escándalo que estalló esta semana alrededor de José Luis Espert —principal candidato por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires— volvió a poner en primer plano la tensión entre la retórica pública del Gobierno y los vínculos concretos que ahora investiga la justicia extranjera. Documentos hallados en una causa de los Estados Unidos señalan movimientos contables que vincularían al diputado con Federico “Fred” Machado, un empresario argentino con pedido de extradición por narcotráfico y lavado. La señalización —y la posterior filtración de montos atribuibles a esos registros— precipitó una crisis política que se expresa ya en la Cámara de Diputados.
La reacción parlamentaria fue rápida. Veintisiete diputados, sobre 49 integrantes de la comisión, suscribieron un pedido para apartar a Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, argumento que cristaliza la pérdida de confianza más allá de las fronteras partidarias: lo apoyaron bloques que van desde la coalición oficialista hasta fuerzas provinciales y la izquierda. El pedido de remoción abrió la sesión y marcó el tono del debate presupuestario desde sus primeros minutos.
La acusación concreta que circula en el expediente internacional señala una transferencia por 200.000 dólares vinculada a un trust administrado por Machado, y que habría sido destinada a financiar la campaña presidencial de Espert en 2019. Esa pieza contable, aunque no equivale a una condena en la Argentina, introduce elementos que alimentan la sospecha pública y empujan a la política a dar explicaciones en cámara.
En el terreno de las declaraciones, la polémica creció con palabras que no se guardan. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cargó con dureza contra el Gobierno y puso a la vista la contradicción entre el discurso punitivo de algunos referentes y la realidad de los hechos: “El que gritaba ‘cárcel o bala’… asociado y recibiendo dólares de los narcos”, ironizó al referirse a Espert y a la dirigencia que lo respalda. La frase subrayó que la controversia excede lo judicial y entra de lleno en la batalla simbólica por la moral pública.
La interna del oficialismo también se resquebrajó. Referentes del propio espacio pidieron aclaraciones y exigieron que Espert dé respuestas claras sobre el origen y la naturaleza de los fondos que recibió. Patricia Bullrich —ministra de Seguridad— reclamó que el legislador “aclare” la situación, en una señal de que la gravedad del episodio alcanza incluso a cuadros cercanos al Ejecutivo y pone en riesgo candidaturas y alianzas en la provincia más poblada del país.
Espert, por su parte, adoptó la defensa habitual ante acusaciones públicas: calificó las imputaciones como una “campaña” fabricada por adversarios y puso el foco en la agenda legislativa, intentando cerrar la discusión para avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2026. Ese gesto —seguir en la sesión y minimizar el escándalo— no logró sin embargo neutralizar la oleada de reproches ni el pedido mayoritario para su remoción.
La escena parlamentaria se enardeció con episodios que condensan la crisis: el ingreso de funcionarios del área económica, referencias a razones de orden personal para apurar las exposiciones y la insistencia del oficialismo en circunscribir la sesión a los números del presupuesto. Fueron minutos en los que la normalidad institucional quedó supeditada a una discusión que, con acento mediático y judicial, complica la gobernabilidad cotidiana.
Más allá de quién tenga la razón en cada punto de la contabilidad internacional, el caso revela una ecuación política inquietante: la promesa de “limpieza” y confrontación con la vieja política entra en conflicto con la realidad de financiamientos y redes que atraviesan actores de distinto origen. En un país donde la sensibilidad social respecto de la corrupción y el narcotráfico es alta, el escándalo de Espert-Machado recalienta la discusión sobre la coherencia entre palabra y práctica.
La historia está abierta: hay piezas judiciales en el exterior, presiones en el Congreso y declaraciones públicas que tensan aún más el calendario electoral. Si la política no ofrece respuestas transparentes y verificables, el costo lo pagarán tanto las instituciones como el debate público, que necesita con urgencia claridad y no sólo gestos de ocasión. Mientras tanto, la polémica seguirá marcando la agenda y condicionará la campaña en la provincia de Buenos Aires y la estabilidad del propio oficialismo.
