Espert en el ojo de una nueva tormenta para Milei
Un nuevo capítulo judicial volvió a poner en el centro de la escena a José Luis Espert, diputado nacional y figura de La Libertad Avanza. Documentos vinculados a una causa que tramita en Estados Unidos consignan un giro por 200.000 dólares fechado el 1° de febrero de 2020, que, según la contabilidad presentada ante la justicia del Distrito Este de Texas, provendría de una estructura financiera ligada al empresario Alfredo “Fred” Machado y aparece anotado a nombre de Espert bajo la leyenda —en la traducción de los registros— de “cómplice”.
El señalamiento vuelve sobre un hilo que ya se conocía en tramos parciales: Machado, empresario con raíces en Viedma, fue detenido en la Argentina y está involucrado en un proceso de extradición hacia tribunales norteamericanos por delitos que incluyen narcotráfico, fraude y lavado de activos. En Estados Unidos su exsocia Debra (o Debora) Lynn Mercer-Erwin fue juzgada y condenada a una pena federal que supera la década y media de prisión por su participación en la red que, según la Corte, combinó operaciones financieras y la utilización de aeronaves como parte de la operatoria.
La aparición de ese giro documental alimentó una batería de reacciones políticas y judiciales en la Argentina. El dirigente social y abogado Juan Grabois anunció que presentará una denuncia penal ante la Justicia federal para que se investigue la presunta relación económica y el origen de los fondos que alcanzaron al diputado. En su presentación se subraya además un salto patrimonial de Espert entre 2021 y 2024 que, de acuerdo con los denunciantes, sería difícil de explicar por las rentas y honorarios formales declarados por el economista. Los números citados en la denuncia hablan de un crecimiento patrimonial del orden del 789% en ese lapso.
No es la primera vez que periodistas e investigadores indagan los vínculos entre el economista y esa estructura: versiones previas documentaron que Espert había hecho públicas manifestaciones de agradecimiento a Machado tras la presentación de su libro en Viedma en 2019, y que en campañas y eventos había utilizado servicios vinculados al empresario, como vuelos en un jet privado y vehículos puestos a disposición por terceros ligados a la trama. Esos antecedentes, sumados a las anotaciones contables que ahora surgen en expedientes extranjeros, conforman la base factual que motiva la denuncia ante tribunales locales.
La centralidad del pasaje judicial estadounidense obliga a mirar dos planos: por un lado, la solidez probatoria que exhiben las causas abiertas en Texas y que llevaron a condenas y penas; por otro, la respuesta institucional en la Argentina, donde la Justicia deberá decidir si abre una investigación formal que profundice la trazabilidad de los fondos y la eventual responsabilidad penal o administrativa de quienes aparecen mencionados en los registros. En ese sentido, los documentos aportados desde el Distrito Este de Texas no actúan como una acusación automática sobre terceros: constituyen, sí, un punto de partida para indagar circuitos financieros transnacionales.
Desde el entorno de Espert negaron en distintos momentos vínculos irregulares o explicaron que ciertos aportes y servicios se inscribieron en marcos contractuales. La acusación pública, sin embargo, colocó al diputado en una situación incómoda políticamente: además de la posible arista penal, la exposición remueve el debate sobre la financiación de campañas y la transparencia de las relaciones entre figuras públicas y capitales con historial judicial en el extranjero. Los analistas consultados por la prensa local señalan que, incluso si la investigación judicial demorara en avanzar, el costo político puede ser inmediato.
Más allá de la coyuntura, la causa subraya un problema estructural: las redes de lavado y la utilización de negocios transnacionales —desde la compra y venta de aviones hasta fideicomisos y maniobras financieras— permiten la circulación de dinero difícil de rastrear. La experiencia procesal en Estados Unidos, donde ya se condenó a integrantes del entorno por narcotráfico, lavado y fraude, muestra la complejidad de desarmar esos entramados y la necesidad de interacción judicial internacional para avanzar sobre sus ramificaciones locales.
La historia que ahora resurge con documentos judiciales exige respuestas: que la fiscalía local evalúe la denuncia, que la Cámara de Diputados —por las implicancias éticas y políticas— considere los pasos institucionales que correspondan, y que la sociedad conozca con detalle la documentación que hoy solo circula en informes y notas periodísticas. Porque cuando la política se alimenta de dinero con señas dudosas, la democracia pierde. Hasta tanto los tribunales y los pliegues administrativos resuelvan, el caso quedará flotando entre la sospecha y la verificación: una prueba más de que en la Argentina contemporánea la política y los capitales no siempre marchan por caminos transparentes.
