Excombatientes denunciarían a Milei por sus dichos por Malvinas
Le enviaron carta documento para que se retracte públicamente en un plazo de 24 horas.
El conflicto político y diplomático por las declaraciones del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas escaló este 2 de enero a la órbita judicial: el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata envió una carta documento al mandatario exigiendo su retractación pública en un plazo de 24 horas, bajo apercibimiento de denuncia penal. La misiva sostiene que las afirmaciones que supeditarían la soberanía argentina a “el deseo” de los isleños, vulneran la Constitución, deshonran la memoria de los caídos y configuran un incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las críticas se dispararon tras la entrevista que Milei brindó al diario británico The Telegraph, en la que, según consignas periodísticas, planteó la posibilidad de buscar la recuperación por la vía diplomática y con el consentimiento de los isleños, aunque también afirmó que la soberanía “no es negociable”. Esas declaraciones, y la forma en que fueron interpretadas por excombatientes y sectores políticos, comenzaron a viralizar la controversia y a tensionar la agenda bilateral con el Reino Unido.
El ultimátum de los excombatientes
La carta documento, firmada por Ernesto Alonso en su carácter de presidente del CECIM La Plata, recuerda que el jefe de Estado juró cumplir la Constitución Nacional y cita expresamente la Disposición Transitoria Primera, que ratifica la soberanía argentina sobre las islas. El texto distingue entre respetar las condiciones de vida de los isleños y subordinar la reclamación soberana a sus “deseos”, una diferencia que los excombatientes consideran esencial y no meramente semántica, dado el marco de la Resolución 2065 de la ONU sobre la disputa.
El CECIM sostiene que las expresiones presidenciales podrían configurar un incumplimiento del artículo 248 del Código Penal y habla, en términos contundentes, de una “tacha de infamia” que acercaría al mandatario a una figura equiparable a la traición a la Patria. El documento advierte que, de no producirse una retractación, se habilitaría una denuncia penal inmediata y quedaría planteada la posibilidad de impulsar un pedido de jury político en el Congreso como antecedente procesal y político.
Seguridad regional y la base británica
La intimación también pone la mirada en la base militar que el Reino Unido mantiene en las Malvinas, definida por los excombatientes como una amenaza directa a la seguridad regional y un condicionante estratégico para Argentina. Para el CECIM, cualquier maniobra que flexibilice el reclamo soberano a cambio de beneficios diplomáticos o comerciales, equivaldría a legitimar una imposición belicista y faltar al respeto de la memoria de quienes combatieron y murieron en 1982.
La carta documento abre, de modo explícito, dos escenarios inmediatos: si Milei no se retracta en 24 horas, el CECIM anticipa que se acreditará su voluntad de apartarse del mandato constitucional y procederá a la denuncia penal; además, ese antecedente podría alimentar iniciativas políticas en el Congreso. Si el presidente decide retractarse, deberá hacerlo públicamente y explicar ante el Reino Unido y la prensa internacional que sus dichos fueron un error, lo que implicaría un costo diplomático pero, por el momento, cerraría la vía judicial que plantea la intimación.
La voz de los veteranos
En declaraciones públicas, Ernesto Alonso fue terminante: acusó a Milei de “violar abiertamente la Constitución” y sostuvo que sus dichos “trabajan para la estrategia del Foreign Office británico”, al cuestionar el uso del principio de autodeterminación en el caso de poblaciones implantadas tras una ocupación. Ese tono refleja la gravedad política que tienen, para muchos sectores, cualquier gesto que parezca relativizar la postura histórica argentina sobre la soberanía de las islas.
La carta documento del CECIM La Plata instala la disputa en un terreno que ya no es sólo diplomático o retórico: es jurídico, político y simbólico. La respuesta presidencial —retractación, matización o negación— no sólo tendrá consecuencias legales o diplomáticas: condicionará la percepción pública sobre el compromiso del gobierno con una causa nacional sensible y la relación con los excombatientes y las familias de los caídos. En pocas horas quedará despejada la duda sobre si la controversia quedará cerrada con una aclaración o si, por el contrario, la pulseada pasará a mayores en tribunales y en el Congreso. Que, conociéndose el habitual proceder de Milei, probablemente sea el camino más probable.
