Experiencias locales para alejar a adolescentes del delito
UNICEF Argentina presentó un nuevo relevamiento realizado en siete municipios bonaerenses de experiencias de abordajes locales que buscan prevenir la reiterancia y asegurar la inserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal. La publicación fue divulgada durante un conversatorio del que participaron expertos, funcionarios, referentes del ámbito judicial y de los organismos de protección.
De esta manera, durante el II Conversatorio sobre Justicia Juvenil organizado por UNICEF se analizó la articulación entre los gobiernos locales y el sistema de justicia para la prevención del conflicto penal con adolescentes. Las exposiciones estuvieron a cargo del ministro de la Suprema Corte bonaerense Sergio Torres, la jueza penal juvenil de Lomas de Zamora Marta Pascual, el fiscal del fuero penal juvenil de San Martín Adrián Grimaldi, el subsecretario bonaerense de Responsabilidad Penal Juvenil, Pablo Lachener, y la secretaria de Seguridad de Almirante Brown, Paula Eichel. También participó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.
“Es importante avanzar en el análisis de experiencias y metodologías basadas en evidencia que permitan eliminar la violencia asociada al delito cometido por adolescentes, asegurar su reinserción social y comunitaria, así como mejorar los índices de seguridad para la ciudadanía”, señaló el Representante de UNICEF Argentina, Rafael Ramírez Mesec, durante la apertura del encuentro realizado este jueves 3 de abril, que contó con la moderación del Especialista en Protección y Acceso a la Justicia de la organización, Alejandro Morlachetti.
El Relevamiento sobre programas sociales y procedimientos judiciales dirigidos a adolescentes en contacto con el sistema penal reúne iniciativas de los municipios bonaerenses de Ensenada, La Plata, Avellaneda, La Matanza, Quilmes, Moreno, General Rodríguez, San Martín, Almirante Brown y Lomas de Zamora en los que interactúa el sistema de protección de derechos y el sistema de responsabilidad penal juvenil.
Entre las experiencias se encuentran grupos de operadores especializados que acompañan a los jóvenes en su rutina diaria, con atención también de profesionales de salud mental y la participación de referentes comunitarios; centros de día para el acompañamiento de adolescentes en riesgo con el fin de alejarlos del delito y promover la construcción de proyectos de vida alternativos a la violencia; y sistemas de facilitadores que actúan como guías en el apoyo y contención de los jóvenes, teniendo en cuenta la responsabilización por los delitos cometidos y el impacto de sus actos.
“Desde la perspectiva de la Convención de los Derechos del Niño, se requiere un sistema de justicia especializado con un abordaje socioeducativo en todas las instancias del proceso penal, que se enfoque en la prevención del delito y en la reinserción social de los jóvenes”, explicó Morlachetti. “Por eso, es importante difundir las iniciativas implementadas por gobiernos locales en el abordaje de los adolescentes en conflicto con la ley penal desde una perspectiva de derechos y con objetivos específicos para trabajar en la reducción de la participación de adolescentes en el delito”, señaló.
Según la publicación divulgada, a partir del relevamiento de programas sociales y procedimientos judiciales desarrollado en la Provincia de Buenos Aires, se identificó que “existe un amplio campo de trabajo a fortalecer desde el marco jurídico y de las políticas públicas que puede ser muy eficaz y conducente para lograr el objetivo buscado en torno a la prevención del delito y la mejora de las condiciones de seguridad ciudadana”.
En agosto último, UNICEF Argentina realizó el primer conversatorio “Justicia juvenil: aportes desde una mirada interdisciplinaria para el debate”, en el que participaron referentes y funcionarios del ámbito judicial, profesionales del sector legislativo y especialistas de distintos sectores con el objetivo de analizar e intercambiar sobre los últimos datos disponibles y los aspectos clave para tener en cuenta al llevar adelante una reforma de la justicia penal juvenil.
