Fábricas paralizadas, empleo estancado
La industria argentina atraviesa una pausa que duele en los bolsillos de los trabajadores: casi la totalidad de las fábricas no prevé sumar personal en el corto plazo y las señales de recuperación brillan por su ausencia. En ese contexto, el malestar patronal —que reclama una política industrial activa— se mezcla con el temor obrero a una caída sostenida del empleo y la producción, y con la certeza de que sin intervención pública la crisis seguirá profundizándose.
El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del INDEC muestra que casi el 97% de las empresas del sector manufacturero no planea incorporar personal en los próximos meses; apenas el 3,4% proyecta aumentos de dotación para el período noviembre–enero. Es un mercado laboral prácticamente inmóvil justo cuando se acerca el pico estacional de fin de año.
La parálisis laboral va de la mano con la debilidad productiva. En la encuesta del INDEC, el 64,3% de las fábricas no prevé variaciones en su producción, mientras que el 22,5% anticipa una caída y sólo el 13,3% estima poder crecer. Además, más de la mitad de las empresas reportó ventas por debajo de lo normal en octubre y el 27,6% calificó su situación como “mala”. Esos números describen una industria sin impulso y sin demanda suficiente para repuntar.
Los datos oficiales encuentran eco en informes privados. La consultora FIEL registró que la producción fabril cayó 5,3% interanual en octubre, con sectores que empujaron la contracción y un acumulado del año que no muestra recuperación respecto a 2024. Es decir: tampoco desde el sector privado ven señales de reactivación suficiente.
Frente a este cuadro, las cámaras empresarias y las pymes volvieron a reclamar una política industrial moderna que incentive inversión y reconstruya capacidades productivas. La estabilidad macroeconómica, sostienen, no alcanza por sí sola para reactivar la producción ni para reabsorber empleo.
La respuesta oficial, sin embargo, encendió la polémica: en un acto en el anexo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, un funcionario del área de Producción fue citado diciendo que “la mejor política industrial es la que no existe”, frase que generó el rechazo inmediato del empresariado pyme. Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA), su presidente Daniel Rosato reclamó medidas concretas y advirtió que sin industria no habrá generación sostenida de empleo ni recuperación del consumo.
La discusión excede el intercambio retórico. Cuando las fábricas no invierten ni contratan, se destruye tejido productivo: proveedores, empleos indirectos y capacidades tecnológicas que tardan años en recuperarse. En ese sentido, la llamada “confianza macro” que pregona el Ejecutivo no se traduce automáticamente en inversión productiva si no existe una política industrial que proteja sectores estratégicos, reduzca costos logísticos, ordene la apertura de importaciones y facilite créditos a tasas reales para pymes.
La trampa de la modernización sin andamiaje
En el debate público se repite un argumento: la “modernización laboral” del gobierno vendrá a crear empleo. Pero empresarios pyme y sindicatos coinciden en algo clave: una reforma laboral que impulse flexibilización sin medidas compensatorias (alivio fiscal, créditos, regulación de importaciones) puede profundizar la desindustrialización en lugar de revertirla. Esa contradicción —prometer empleo mientras se desmantela el andamiaje productivo— es la que explica por qué la intención de contratar sigue plana.
Las pequeñas y medianas industrias piden medidas concretas y articuladas:
- Política industrial activadora (líneas de crédito, incentivos por empleo y por inversión tecnológica).
- Regulación inteligente de importaciones por ramas que compiten con la producción local.
- Alivio de costos logísticos e impositivos temporales vinculados a mantenimiento y expansión de planteles.
- Programas de sostén al empleo formal, como incentivos para evitar despidos y promover la reconversión productiva.
- Esas demandas no son proteccionismo ingenuo: son la necesidad práctica de impedir que la destrucción de empresas pequeñas y medianas se traduzca en desempleo estructural y pérdida de soberanía productiva.
Un llamado a la articulación tripartita
Tanto gremios como pymes insisten en que cualquier reforma —laboral o económica— debe discutirse en el marco de acuerdos tripartitos: Estado, trabajo y producción. Si se quiere reconstruir empleo y actividad, la vía no puede ser la mera desregulación; requiere consensos que garanticen previsibilidad y equidad en la transición.
Los datos del INDEC y el diagnóstico de las consultoras dibujan una realidad lisa y llana: fábricas que no piensan en contratar, producción que cae y empresas que sienten que la política pública les da la espalda. En ese escenario, la retórica de la “confianza” pierde fuerza frente a la evidencia: sin una política industrial deliberada y con instrumentos concretos, la promesa de empleo quedará en palabras. Si la prioridad del gobierno es reconstruir trabajo y tejido productivo, el primer paso es aceptar que la inacción también es una opción política, y que sus costos los pagan los trabajadores y las pymes.
