Gestión Milei: cierran un promedio de 40 pymes por día

En la superficie del debate público se instalan consignas sobre “estabilizar la economía” y “abrir la economía al mundo”. En la práctica, advierten dirigentes empresariales y cámaras del sector, esa apertura se traduce en fábricas que apagan sus máquinas, trabajadores que pierden el salario y saberes productivos que se disipan. El cuadro que emerge en el tejido pyme es dramático: según la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), ya se registraron 15.000 cierres empresariales desde el inicio de la actual gestión, un promedio que equivale a unas 40 pymes que bajan las persianas cada día.

El diagnóstico no se agota en la anécdota: hay indicadores que refrendan la sensación de retroceso. El Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que la industria perdió, en promedio, 1.500 empleos por mes en el último trimestre, con una merma acumulada que ronda los 37.000 puestos desde agosto de 2023. Son números que, en conjunto con la sucesión de cierres, configuran una fotografía de desmantelamiento productivo y pérdida de masa salarial que golpea de modo particular al mercado interno.

Qué hay detrás del ahogo

Desde las pymes apuntan a un combo letal: baja del consumo, apertura importadora y el incremento de costos internos que erosiona la competitividad. “Las empresas no venden; se pierden capacidades técnicas y know-how que tardaron décadas en formarse”, sintetiza uno de los referentes de ENAC, para quien la salida de empresas implica también la erosión de saberes productivos que no se recuperan con facilidad. La contracción del poder de compra de las familias —arrastrada por la pérdida de salario real frente a la inflación— acentúa la retracción de la demanda, lo que retroalimenta el ciclo de cierres y cesantías.

A esa tormenta se suma una política arancelaria que, para los industriales, acelera la inundación del mercado con mercadería importada a bajo costo. En los últimos meses se instrumentaron rebajas arancelarias puntuales —por ejemplo, la reducción de los derechos sobre neumáticos del 35% al 16%— y otras medidas destinadas a facilitar el ingreso de bienes. Para sectores que compiten con productos importados masivos —textil, calzado, insumos para la construcción, consumo empaquetado— esa desregulación significa, en la práctica, perder la posibilidad de competir en igualdad de condiciones.

La apertura ya tiene consecuencias concretas: mayo mostró un volumen récord de importación de neumáticos —869.525 unidades en un solo mes— una cifra que no se veía en más de dos décadas y que ilustra cómo la liberalización de ciertas partidas favorece la llegada masiva de productos extranjeros. Para las fábricas locales, el efecto es directo: caída de la producción, pérdida de ritmo de trabajo y, finalmente, suspensiones y cierres.

Sectores en emergencia

Los relatos sectoriales se repiten con variaciones: ramas tradicionalmente vinculadas al mercado interno —textil, calzado, artículos de tocador y bebidas no esenciales— registran bajas sostenidas en ventas y producción. La pérdida de demanda local, sumada a la presión competitiva de importaciones más baratas, explican por qué muchas plantas no ven margen para sostener operarios ni niveles de producción previos.

En paralelo, la obra pública y el impulso de la construcción —que suelen tirar de proveedores y subcontratistas pymes— muestran atonía o recortes, lo que golpea con severidad las cadenas de valor regionales. Menos obra pública significa menos demanda de insumos locales: desde materiales cerámicos hasta artículos metálicos para la edificación, rubros que se contrajeron sensiblemente y cuya caída arrastra puestos de trabajo.

Empleo, precarización y fuga de capacidades

Los números de la UIA y las denuncias de ENAC convergen en un resultado social: menos empleo formal y menos horas pagadas. Según la encuesta industrial del segundo trimestre (citada por ENAC y la UIA), una parte importante de las firmas optó por despedir personal o recortar horas extras; sólo una minoría incorpora trabajadores. El efecto no se mide sólo en puestos: se mide también en la caída del salario real, la menor demanda local y la aceleración de una tendencia que, de consolidarse, dejará heridas difíciles de reparar en el entramado productivo nacional.

Detrás de los datos se instala una discusión política: para críticos del gobierno actual, las medidas de liberalización —rebajas arancelarias, eliminación de barreras y cambios regulatorios— ponen el acento en una economía abierta orientada a la importación y a la concentración del mercado, en detrimento de una estrategia industrial que apueste por la sustitución regional y la cadena de valor local. Esa tensión explica por qué el reclamo de las pymes no es sólo por créditos o alivios temporales: piden, en cambio, reglas de juego que les permitan competir en condiciones parecidas a las de los importados y políticas activas de sostén a la producción local.

Qué se puede hacer (y qué piden desde las pymes)

Las propuestas que suelen circular entre cámaras y analistas incluyen: revisiones sectoriales de la baja arancelaria sobre productos sensibles, política de compras públicas con preferencia por proveedores locales, líneas de financiamiento adaptadas a la estacionalidad pyme y la reactivación de instrumentos técnicos (desde INTA o el INTI) para recuperar procesos y capacidades productivas. En el corto plazo se advierte la urgencia de medidas que frenen el cierre en cadena; en el mediano y largo plazo, la necesidad de una estrategia industrial coherente que combine inserción internacional con herramientas de protección inteligente para industrias que generan empleo y enraízan know-how en territorios.

Cierre: lo que se pierde más allá del empleo

Cuando una pyme cierra no solo desaparece un puesto de trabajo: se van con ella conocimientos, redes de pequeños proveedores, oficios locales y parte del entramado social que sostiene barrios y ciudades pequeñas. Ese capital social y productivo, una vez perdido, resulta caro —y a veces imposible— de recomponer. Los datos recientes y los testimonios del sector ponen en evidencia que, si no se instrumentan contramedidas, lo que está en juego es mucho más que balance contable: es la capacidad de un país para conservar una estructura productiva que distribuya trabajo y mantenga autonomía productiva.