Gestión Milei: el 60% de la capacidad instalada industrial está parada

Los últimos datos oficiales publicados por el INDEC confirman lo que ya perciben fábricas, talleres y barrios: la industria argentina sigue lejos de recuperar su dinamismo. En junio de 2025 la utilización de la capacidad instalada (UCI) en la rama manufacturera se ubicó en 58,8%, un número que mantiene a la actividad por debajo del umbral del 60% y que, aunque registra una mejora interanual frente a junio de 2024, sigue mostrando una marcada brecha con respecto a niveles previos.

Detrás del promedio se esconde un mapa de desigualdades sectoriales que explica por qué la afectación llega con furia a los barrios. Los bloques más golpeados son los insumos para la construcción (productos minerales no metálicos, UCI 55,1%), las industrias metálicas básicas (64,3%), los textiles (50,4%), la metalmecánica excluida la automotriz (45,9%), productos de caucho y plástico (41,7%) y el tabaco (40,2%), entre otros. En el otro extremo aparecen ramas como refinación del petróleo (83%) y papel y cartón (68%), pero la foto completa refleja una economía industrial fragmentada y con sectores estratégicos muy deprimidos.

La pérdida de empleo en el sector es contundente y no deja margen para eufemismos. Según los centros de estudio de la Unión Industrial Argentina (UIA), la industria perdió en promedio 1.500 puestos de trabajo por mes durante el último trimestre, lo que representa una caída acumulada de 37.000 empleos desde agosto de 2023. Es decir: la fábrica que cierra o achica tiene rostros y direcciones en los barrios donde hoy se exprimen oficios como la construcción, la textilería y la metalúrgica.

¿Por qué se amplifican estos efectos con tanta rapidez? La explicación no es monocausal, pero combina elementos claros: caída de la demanda interna; presión de importaciones que compiten con productos de menor costo o con mejor tecnología; costos de producción que suben —en especial los servicios y las tasas—; y una política económica que, en la interpretación de empresarios y sindicatos, prioriza la primarización y deja flancos abiertos en la protección industrial. Esa conjunción erosiona la competitividad local y empuja a muchas empresas a reducir personal o a posponer inversiones.

Los números por rama explican por qué la obra pública y la inversión resultan determinantes: los productos minerales no metálicos, insumos esenciales para la construcción, registraron una UCI de 55,1%, casi veinte puntos por debajo de junio de 2023; la industria automotriz operó al 52%; la textil apenas alcanzó el 50,4%; y la metalmecánica no automotriz marcó 45,9%. Para sectores que dependen de demanda local y cadenas de proveedores, la combinación de obra pública retraída y apertura indiscriminada a importaciones se traduce en caída sostenida de órdenes de compra y empleo.

La reacción de las cámaras empresarias fue inmediata y revela el estado de ánimo de la cúpula productiva: la UIA reclamó medidas puntuales —estabilización de las tasas de interés, líneas de crédito que sostengan capital de trabajo y estímulos para el mercado interno— y advirtió acerca de la fragilidad del proceso de recuperación que había mostrado signos de pausa en los últimos meses. Desde el mundo obrero y los barrios fabriles, en tanto, la lectura es inversa: la pérdida de empleo y el cierre de turnos confirman un rumbo que, según denuncian, favorece la concentración y la primarización.

El debate público se enciende en torno a la fórmula de salida: ¿reforzar la protección y volver a políticas activas de sostén productivo o dejar que el ajuste por precios y por mercado reordene el tejido industrial? Para economistas heterogéneos la respuesta práctica incluye medidas complementarias —créditos blandos, incentivos a la inversión en valor agregado, políticas de tarifas y promoción de corte tecnológico— que permitan frenar despidos y sostener la cadena de proveedores. Los sindicatos, por su parte, reclaman urgencia y denuncian que la pérdida de puestos ya se traduce en familias con menores ingresos y barrios con menos trabajo estable.

En la cotidianeidad porteña y provincial, la crisis se traduce en talleres con menos turnos, salas de corte que no arrancan y obras que demoran. La industria que históricamente sostuvo empleo en los barrios —textil, metalúrgica, pequeñas firmas que alimentan el entramado local— es la primera en sentir la combinación de pérdida de rentabilidad y competencia de firmas con tecnología importada. Allí, la caída de la UCI es más que un número: es la señal de alarma para el presente laboral de miles de hogares.

Si el Gobierno insiste en un esquema donde la apertura, la desregulación y la primarización definen el rumbo, las consecuencias sobre el empleo y la estructura productiva serán duraderas a menos que se articule un plan de emergencia industrial con actores privados, sindicatos y Estado. La disputa no es solo técnica: es política y tiene impacto directo en el tejido social; por eso mismo, las urgencias que plantean los datos del INDEC y las alertas de la UIA requieren una respuesta que vaya más allá del diagnóstico y penetre en medidas concretas para recuperar inversión, proteger empleos y recomponer cadenas productivas.