Gestión Milei: el plan de la motosierra en números

Un informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) volvió a poner en foco el impacto social y productivo de la política económica aplicada desde la asunción del gobierno de Javier Milei. De acuerdo con el relevamiento, desde diciembre de 2023 se perdieron alrededor de 500.000 puestos de trabajo, la desocupación trepó al 7,5% en el último trimestre y 22.600 empresas cerraron sus puertas, en un escenario de fuerte concentración económica y caída de la actividad en amplios sectores de la producción.

El estudio advierte que el deterioro laboral no se distribuye de manera homogénea. El propio informe señala que el 70% de las firmas que bajaron la persiana son pymes, lo que da cuenta del golpe que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, un segmento clave para el empleo privado y la dinámica del mercado interno. En términos absolutos, la desocupación alcanza a 1,1 millón de personas, una cifra que grafica la magnitud de la crisis laboral.

Lejos de un crecimiento equilibrado, el CESO describe un patrón de expansión económico basado en la primarización de la economía. Según el relevamiento, las ramas que muestran crecimiento son el agro, con una suba del 17%, y los hidrocarburos, con un avance del 16%, dos sectores vinculados a la explotación de recursos naturales y a actividades de fuerte concentración. En contraste, los rubros que más empleo generan aparecen en retroceso: la construcción cayó 15% y la industria manufacturera 9%.

Ese contraste también se expresa en el empleo. Solo en construcción y manufacturas se concentran cerca de 120.000 de los puestos de trabajo perdidos, según el informe. La dinámica confirma que la expansión de unos pocos sectores no alcanza para compensar el derrumbe del entramado productivo más extendido, donde se asienta gran parte del trabajo formal y de la actividad de las economías regionales y urbanas.

El documento también subraya el profundo ajuste sobre las cuentas públicas. En los últimos 26 meses, el gasto público nacional se redujo en 67.000 millones de dólares al sumar los recortes en transferencias a provincias, programas sociales, subsidios, salarios y jubilaciones. Se trata de una contracción de enorme magnitud, con efectos directos sobre la obra pública, el consumo de los hogares, los ingresos de los jubilados y la capacidad de funcionamiento de las provincias.

Dentro de ese ajuste, las transferencias no automáticas a las provincias explican casi 13.000 millones de dólares menos. A eso se suman recortes similares en programas sociales y una caída de 12.000 millones de dólares en inversión real directa, es decir, en recursos destinados a infraestructura y obras. En una segunda línea de reducción aparecen los subsidios a la energía, con una baja de 10.000 millones de dólares, los salarios, con 7.300 millones menos, y las jubilaciones y pensiones contributivas, con una merma de 4.500 millones de dólares.

Para el CESO, estos números no describen simplemente una desaceleración transitoria, sino un cambio estructural en el modelo económico. La combinación de pérdida de empleo, cierre de empresas, caída de la industria y ajuste del gasto público configura, según el informe, un escenario de mayor concentración, menor diversificación productiva y deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

En ese marco, el supuesto crecimiento del PBI cercano al 10% que exhibe el Gobierno aparece, para el centro de estudios, como un dato engañoso si no se considera su composición. El problema no sería solo cuánto crece la economía, sino qué sectores crecen y a costa de cuáles. Mientras el agro y los hidrocarburos avanzan, la construcción y la industria se retraen, arrastrando consigo empleo, salarios y demanda interna.

El informe del CESO deja así una conclusión contundente: detrás de los indicadores agregados, la economía argentina transita un proceso de fuerte polarización, con ganadores concentrados en actividades extractivas y perdedores extendidos en el tejido productivo, laboral y social.