Gestión Milei: más de 4 millones de personas, sin políticas de cuidado

El desarme del Estado que prometió la Casa Rosada, llegó a lo cotidiano. Un nuevo relevamiento de la mesa intersectorial La Cocina de los Cuidados, promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advierte que en 21 meses de gobierno apenas tres de las 50 políticas de cuidado que existían permanecen activas y que al menos 4,06 millones de personas dejaron de recibir alguna política de cuidado que antes les prestaba apoyo. El diagnóstico, crudo y cuantificado, dibuja un país donde el achicamiento del gasto público se traduce en exclusión real.

El informe —el sexto de una serie que monitorea trimestralmente la situación de las políticas de cuidado— documenta que la mayoría de las medidas no fueron únicamente “reformadas”: fueron recortadas, desfinanciadas, desmanteladas o directamente derogadas. El recorte alcanza a prestaciones y programas que atienden a adultos mayores (subsidios y medicamentos), personas con discapacidad (Incluir Salud y pensiones), niñez y adolescencia (Plan 1000 días, entrega de kits de lactancia, líneas de protección como la Ley Brisa), apoyos para mujeres víctimas de violencia (Línea 144) y programas de formalización del trabajo doméstico (como Registradas o el Monotributo Social). El relevamiento aporta cifras concretas: la cantidad de titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasó de 272.000 a 187.000, y la cobertura de medicamentos del PAMI cayó de 4,6 a 3,8 millones de personas, entre otros datos alarmantes.

Ese desarme se inscribe en una decisión fiscal deliberada: la búsqueda de superávit —vendida por el oficialismo como “orden y responsabilidad”— implicó un ajuste equivalente a varios puntos del PBI que, según distintos centros de estudios, se tradujo en la mayor reducción del gasto público en décadas. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó que el ajuste fiscal de 2024 fue del orden de 4,7 puntos del PBI, una magnitud que explica en buena parte por qué hoy hay menos Estado para sostener cuidados y derechos.

La contracara social de ese ajuste ya se ve en estadísticas y en la calle. El informe del CELS documenta caídas notorias en ingresos reales y en la pérdida de empleo registrado en sectores feminizados: las trabajadoras de casas particulares, las comunitarias y las docentes sufrieron retrocesos importantes en su salario real y en su estabilidad laboral. Además, las cifras oficiales y el monitoreo social muestran que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas de transferencias directas subieron en monto nominal, pero eso no alcanzó para compensar la pérdida de integralidad de las políticas (servicios, atención, insumos, acceso a medicamentos y cuidados).

La pulseada por los remedios y las jubilaciones es un capítulo aparte. La decisión administrativa de restringir la cobertura plena de medicamentos en el PAMI provocó litigios y amparos; la Justicia ordenó, en casos recientes, restablecer ciertos programas o coberturas que habían sido suspendidas, lo que da cuenta de la presión social y del vacío dejado por las decisiones de gobierno. Mientras tanto, los jubilados se hicieron emblema de la protesta: movilizaciones periódicas en el centro porteño y en distintas provincias exigen lo elemental —medicamentos, acceso a prestaciones y pensiones dignas— frente a un Estado que se retrae.

¿A quiénes pega con más fuerza la “motosierra”? Las mujeres y las diversidades, responden organizaciones que participaron del monitoreo. El informe recalca que las tareas de cuidado —mayoritariamente no remuneradas y realizadas por mujeres— tienen un peso económico equivalente a entre 14% y 21% del PBI según la cuenta satélite del INDEC; sin embargo, las políticas que las sostenían fueron desarticuladas, con consecuencias en el empleo, el tiempo disponible para trabajar y en la fragilización de redes comunitarias de cuidado. El desmontaje de programas de apoyo a cooperativas de cuidados, el achicamiento del monotributo social y la reducción de cupos y montos para programas comunitarios están produciendo una retracción del entramado que permitía que muchas familias llegaran a fin de mes.

Los datos técnicos y los relatos se retroalimentan: la pérdida de prestaciones —dice el informe— no solo reduce ingresos sino que también reduce la “demanda” formal de los programas (porque se dejan de difundir o tramitar), lo que a su vez legitima más recortes. Es un círculo vicioso que la mesa intersectorial define con claridad metodológica: relevamientos trimestrales, entrevistas a beneficiarios y trabajadoras, y seguimiento de ejecuciones presupuestarias. Ese método permitió, por ejemplo, detectar suspensiones y “altas” que no se producen, y aumentos en las suspensiones administrativas de prestaciones como la PUAM.

Frente a ese diagnóstico, la reacción política y social se multiplica: sindicatos, organizaciones de jubilados, agrupamientos feministas y redes barriales realizan presentaciones judiciales, amparos y protestas; algunos intendentes y gobiernos provinciales reclaman a la Nación la restitución de programas o el envío de fondos. En los despachos oficiales, por ahora, prima la defensa de la meta fiscal: el Gobierno sostiene que la prioridad es anclar la macroeconomía para luego recuperar confianza y crecimiento. La experiencia concreta que relata la mesa de cuidados, sin embargo, muestra que la “vuelta a la normalidad” que promete la ortodoxia llega poco y tarde a los barrios cuando las redes públicas y comunitarias ya se deshicieron.

La tragedia tiene nombres y rostros: abuelas que deben elegir entre comprar remedios o alimentos; madres que pierden la escolaridad de sus hijos por falta de guarderías o cupos; trabajadores de cooperativas de cuidados que ven desaparecer sus ingresos; personas con discapacidad que enfrentan mayores trabas para acceder a pensiones o terapias. Esa suma de rostros constituye, hoy, la prueba tangible de que el ajuste no es un acto abstracto de contabilidad: es transferir recursos desde las mayorías populares hacia sectores concentrados mientras se vacía la trama de cuidados que sostienen la vida.

A modo de cierre: el informe del CELS y la continuidad de los relevamientos de La Cocina de los Cuidados funcionan como un termómetro de una decisión política clara. No se trata de coincidencias técnicas ni de “ajustes necesarios” sin costo social: son decisiones conscientes sobre qué Estado dejar en pie y a quién atender primero. En un país que celebra reducción estadística de inflación o pobreza medida en ciertos indicadores, la pregunta urgente es otra: ¿cómo se reconstruyen hoy las políticas que hacen habitable el día a día de millones de hogares? Las respuestas, por ahora, corren por cuenta de tribunales, organizaciones sociales y la propia capacidad de resistencia ciudadana.