Gobierno insensible: desfinancia salud, educación y desarrollo social
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) describe un ajuste profundo y asimétrico del gasto público en 2025: el Estado ejecutó una caída agregada del 29% respecto de 2023, pero la distribución de ese ajuste revela decisiones de prioridad política que modifican drásticamente la estructura del Estado. Salud, educación, ciencia, producción y asistencia social sufrieron recortes extremos; en paralelo, la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) anotó un aumento real del 52%. Para sectores críticos del país, los números no son meramente técnicos: perfilan un programa de desmantelamiento del desarrollo local y de concentración del poder estatal.
El dato agregado —un recorte cercano al 30% del gasto— oculta una heterogeneidad brutal. Algunas partidas aparecen prácticamente paralizadas (recortes cercanos al 100%), mientras otras crecen en términos reales. CEPA destaca que “los Servicios de Deuda Pública representan el 8% del gasto total”, manteniendo un peso relevante que no se tocó en la misma proporción que las políticas sociales y productivas. Al mismo tiempo, la secretaría de Inteligencia incrementa su presupuesto notablemente, en un momento en que otros cuerpos del sistema de seguridad registran fuertes caídas (Policía Federal -31%; Gendarmería y Prefectura -29%).
Salud pública en retroceso
Los recortes en salud son de los más severos: la Superintendencia de Servicios de Salud muestra una ejecución un 72% menor; hospitales nacionales presentan ajustes que van del 20% al 42%; el Instituto Malbrán cae 26% y la ANMAT 25%. El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte registra una baja del 38%. Programas de prevención y atención primaria aparecen “virtualmente paralizados”: otras líneas de prevención caen entre 71% y 88%.
Estas decisiones afectan la capacidad del sistema para responder a necesidades crecientes en contextos de pobreza y vulnerabilidad. Menos recursos en hospitales, reducción de programas preventivos y debilitamiento de organismos regulatorios configuran un cuadro de riesgo sanitario público sostenido.
Educación, ciencia y el futuro cortado
El ajuste “preferencial” sobre educación y ciencia es dramático y deliberado: programas de promoción de investigación se redujeron 82%; CONICET -32%; CONAE -19%; Servicio Meteorológico Nacional -34%; CONEAU -8%. En educación, programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente aparecen con ejecución prácticamente nula (-100%); becas y gestión estudiantil retroceden 78%; formación docente -75%.
El resultado es una erosión de capacidades técnicas y formativas: menos formación, menos investigación, menor infraestructura escolar y riesgo de fuga de talento y desacoplamiento tecnológico en sectores clave de desarrollo.
Asistencia social y desarrollo productivo: recortes que desarman redes
Los programas de desarrollo social sufren las mayores amputaciones: Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social presentan ejecución nula (-100%); el Plan Nacional de Primera Infancia pierde el 90% de sus recursos; comedores comunitarios y merenderos se reducen 52%. La ANSES sufre un recorte general del 5%, mientras que la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia cae 73% e INAES—clave para la economía social—también -73%.
En lo productivo, la secretaría de Industria y Desarrollo Productivo pierde 72%; INTA e INTI caen 41% cada uno. Organismos vinculados a energía muestran ajustes de entre 13% y 42%. En transporte y obra pública la ejecución ronda caídas del 74% al 100% (obras municipales, rutas, túneles, pavimentación).
Provincias y municipios desfinanciados
Las transferencias del Tesoro a provincias y municipios se desploman: asistencia financiera y técnica a municipios -98%; Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires -100%; asistencia a provincias y municipios -100%; transferencias a entes de obra pública -92% y a la secretaría de Energía -77%. Relaciones con las provincias y desarrollo regional cae 68%.
El efecto es desembozar desde la Nación la posibilidad de ejercer políticas públicas locales: menos obras, menos inversión en infraestructura municipal y un debilitamiento directo de la capacidad de respuesta subnacional.
Prioridades políticas
El informe de CEPA permite leer una priorización clara: sostener el servicio de la deuda y reforzar la estructura de inteligencia mientras se desfinancia la salud pública, la educación, la ciencia y las redes de protección social. El saldo inmediato son servicios básicos degradados, pérdida de capacidad productiva y un incremento del riesgo social en contextos de mayor pobreza.
Los aumentos en partidas de inteligencia, cuando simultáneamente se recortan programas sociales y se persigue judicialmente a organizaciones comunitarias, generan preguntas sobre el uso de recursos para control interno frente a necesidades de protección social. Las mismas cifras sugieren que la estrategia es más política que técnica: un rediseño del Estado que prioriza la primarización económica y la definición de prioridades por fuera del entramado productivo y social.
Detrás de los porcentajes hay decisiones políticas: qué Estado se sostiene, qué servicios se defienden y qué sectores quedarán a cargo de resolver las consecuencias. El ajuste fiscal descrito por CEPA no es neutro; es una reconfiguración de prioridades que reduce la inversión pública en instrumentos de desarrollo y protección, mientras incrementa capacidades de inteligencia y mantiene el peso de la deuda.
Frente a ese diseño, vocaciones ciudadanas y sindicales advierten que solo una respuesta colectiva de trabajadores, organizaciones sociales y actores territoriales podrá disputar esa orientación y reinstaurar una agenda pública centrada en salud, educación, ciencia y desarrollo productivo como ejes de soberanía y bienestar.
