Industricidio: despidos y protestas en el Conurbano
Una ola de recortes en el sector metalúrgico se suma a la creciente preocupación por las políticas antiindustriales implementadas desde el gobierno nacional. En un contexto de ajustes y supuestas medidas para contrarrestar crisis, tanto la multinacional Tenaris como la empresa King Agro han decidido reducir personal sin justificación, lo que ha encendido nuevamente la mecha del descontento en la región.
En Villa Constitución, la filial Tenaris Siat, perteneciente al Grupo Techint, comunicó el despido de 29 operarios. Esta acción se produce en medio de un plan ya en marcha que incluía retiros voluntarios y la suspensión temporal de 200 trabajadores, quienes verán reducidos sus salarios de forma progresiva (80% en febrero, 78% en marzo y 75% desde abril hasta diciembre de 2025). Manuel Casas, secretario adjunto de la UOM local, denunció que se trata de despidos sin causa, afectando a empleados con décadas de antigüedad, muchos de ellos próximos a jubilarse. Según Silvio Acosta, integrante de la comisión interna de la UOM, esta estrategia permite a la empresa descargar la crisis derivada de la apertura de importaciones, mientras se impide la transmisión generacional de experiencia en el ámbito laboral.
La situación se agrava en Campana, donde la metalúrgica King Agro despidió a cinco trabajadores sin seguir el Procedimiento Preventivo de Crisis correspondiente. La respuesta de los empleados no se hizo esperar: en asamblea, de manera unánime, decidieron poner en marcha un paro de actividades y adoptar medidas de fuerza. La protesta contó con la presencia de Walter Piriz, secretario adjunto de la UOM local, junto a representantes de la secretaría de Organización, como Mario Dlessi y Jeremías Colella.
Estas decisiones se enmarcan en lo que críticos denominan un plan sistemático de desmantelamiento de la industria en la Provincia de Buenos Aires, donde se acusa a los monopolios internacionales y a un gobierno títere de imponer un modelo de primarización. Según estas denuncias, el método de ajuste consiste en trasladar la carga de la crisis a los trabajadores, mientras se preserva la riqueza en manos de grandes grupos económicos. En efecto, se estima que 8 de cada 10 despedidos provienen del conurbano, centro neurálgico de una industria que representa el 40% de la producción nacional, y cuyo deterioro amenaza directamente las condiciones de vida de miles de familias.
Frente a lo que algunos han calificado de “industricidio” –término utilizado incluso por el gobernador Axel Kicillof al inicio del gobierno libertario– se plantea la urgencia de una respuesta política desde el movimiento obrero. La única salida, según sus defensores, es desarrollar un plan que coloque el progreso productivo al servicio de las necesidades y aspiraciones de la población, revirtiendo así una tendencia que, de continuar, podría socavar de manera irreversible la base industrial del país.
