La flexibilización de las patentes para los medicamentos impactará en los precios
El reciente avance del gobierno de Javier Milei en un acuerdo comercial con Estados Unidos volvió a encender críticas por sus posibles efectos sobre la producción nacional y el acceso a los medicamentos. La medida, que flexibiliza el otorgamiento de patentes químico-farmacéuticas, fue cuestionada por sectores que advierten que beneficiará a los grandes laboratorios multinacionales y encarecerá aún más los remedios en el mercado local.
Según el planteo difundido, la derogación de las pautas de patentabilidad vigentes desde 2012 implica un cambio de fondo en el funcionamiento del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que recuperará la facultad de evaluar cada solicitud de manera individual en base a los criterios generales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial establecidos en la Ley de Patentes.
La decisión fue celebrada en redes sociales por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien sostuvo que “Argentina vuelve al mundo”. Sin embargo, para sus críticos, la medida no representa una apertura beneficiosa para el país sino una nueva cesión de soberanía en favor de los intereses de Estados Unidos y de las grandes compañías farmacéuticas.
Uno de los puntos más sensibles del debate gira en torno al impacto directo que la flexibilización de patentes tendría sobre el precio de los medicamentos. La preocupación central es que el acceso a tratamientos esenciales se vuelva todavía más difícil para amplios sectores de la población, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo. En ese escenario, la población se vería obligada a elegir entre destinar sus ingresos a la compra de alimentos o a la compra de remedios.
Otro aspecto cuestionado es el lugar que ocuparía la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) como referencia clave en el reconocimiento de nuevas formulaciones. De acuerdo con la crítica al esquema impulsado por el Gobierno, esto podría facilitar el ingreso de medicamentos con fórmulas ya desactualizadas y, al mismo tiempo, complicar el acceso a innovaciones más recientes.
Desde el Poder Ejecutivo, en cambio, se argumenta que la derogación apunta a generar “condiciones de previsibilidad y seguridad jurídica” para promover innovaciones y favorecer el bienestar general. También se señaló que los productos farmacéuticos ya comercializados no se verán afectados y podrán seguir vendiéndose sin restricciones ni retribución adicional.
El cambio normativo se inscribe en el acuerdo comercial firmado con la Casa Blanca en febrero, que incluye capítulos arancelarios, regulatorios y de propiedad intelectual. Entre los compromisos asumidos figuran beneficios para empresas estadounidenses y la utilización de una amplia gama de productos provenientes de ese país, entre ellos medicamentos, insumos químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, automotores y productos agrícolas.
Para los sectores críticos, la medida profundiza un rumbo económico basado en la apertura irrestricta y el debilitamiento de capacidades productivas locales. En el caso de la industria farmacéutica, advierten, el riesgo es doble: por un lado, se pone en tensión una rama estratégica para el desarrollo científico nacional; por otro, se agrava la dependencia externa en un área directamente vinculada con la salud pública.
En ese marco, la discusión ya no se limita a un debate técnico sobre patentes. También abre interrogantes sobre el modelo de país que impulsa el Gobierno y sobre quiénes terminan pagando el costo de una política que, según sus críticos, vuelve a poner los intereses de las corporaciones por encima de las necesidades de la población.
