La inflación no cesa pese a sueldos y dólar planchados

En otro mes marcado por la recesión, la intervención cambiaria y salarios que no recuperan poder de compra, los precios continuaron su marcha ascendente: el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en noviembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció 2,5%. La cifra -que incluye una inflación núcleo de 2,6%, variaciones de 0,4% en los componentes estacionales y 2,9% en los regulados- confirma que, pese al cuadro macroeconómico, la aceleración de los precios no se detiene.

La aparente paradoja —inflación que sube mes a mes en un contexto de dólar intervenido, apertura importadora, caída del consumo y salarios “planchados”— fue leída por dirigentes sociales y sindicales como la expresión de un proceso de transferencia de renta hacia los grandes actores económicos, en el que las familias trabajadoras son las principales damnificadas.

“Estos numeritos solo reflejan el deterioro de la economía que afecta directamente a los trabajadores”, señaló en redes sociales el ministro de Economía, Luis Caputo, al difundir los datos. Su comentario buscó instalar un relato técnico; en la calle, las explicaciones se vuelcan en la experiencia cotidiana: la canasta de alimentos sube más que antes, las tarifas empujan al alza, y la carne volvió a empujar el rubro alimentos con aumentos que explican buena parte del salto del IPC en ese capítulo.

El detalle de la variación por divisiones muestra que los mayores incrementos en noviembre correspondieron a vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles (3,4%); transporte (3%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). El INDEC apuntó que desde mayo pasado los precios no han dejado de incrementarse, una tendencia que se profundizó en el penúltimo mes del año por el empuje simultáneo de tarifas y alimentos.

Productores alimentarios consultados reconocen que, aun con una demanda deprimida y ventas que no se recuperan, la suba de costos (combustibles, logística, insumos) los obligó a remarcar precios para recuperar márgenes. Ese mecanismo —remarcar precios cuando las cantidades no acompañan— se traduce en una extorsión de facto: los precios suben para sostener la rentabilidad de empresas concentradas, mientras que el salario de la mayoría de los hogares sigue sin responder.

Canastas sociales por encima de la inflación

La dinámica de precios impacta con fuerza en los indicadores sociales: las canastas que utiliza el INDEC para medir indigencia y pobreza se incrementaron en noviembre por encima del promedio. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia, trepó 4,1% en el mes; la Canasta Básica Total (CBT), que mide pobreza, creció 3,6%.

En términos monetarios, el organismo oficial situó el valor de la CBA en $566.364 para una familia tipo (dos adultos y dos menores) —es decir, el monto mínimo de alimentos para no caer en la indigencia— y la CBT en $1.257.329, cifra que no incluye alquiler ni expensas. Precisamente esos costos omitidos —alquileres y expensas— son una carga real y elevada para aproximadamente tres millones de hogares que hoy enfrentan un escenario de vulnerabilidad agravada.

En el análisis crítico que circula por sindicatos, movimientos sociales y economistas heterodoxos, el comportamiento de precios no es un fenómeno neutro ni estrictamente técnico: forma parte de una ofensiva económica impulsada por actores nacionales y transnacionales —entre ellos cámaras empresariales como la AmCham y organismos financieros internacionales— y facilitada, según estos sectores, por políticas públicas que priorizan la apertura, la especulación y la reproducción de rentas concentradas sobre el desarrollo productivo y la protección del trabajo.

Ese diagnóstico explica la percepción del “ataque” a la vida de las mayorías: no se trata solo de evitar la sanción de una ley o frenar una pauta concreta, sino de disputar un rumbo económico que está produciendo desindustrialización, pérdida de empleo y un fuerte deterioro del salario real.

Menos consumo, más precariedad

El freno del consumo —producto del derrumbe del poder adquisitivo— tuvo un efecto paradójico hasta ahora: permitió que ciertos precios (en particular algunos alimentos) se mantuvieran por debajo del resto de la inflación durante un período. Sin embargo, noviembre mostró un quiebre: la suba de alimentos se aceleró y empujó tanto a la CBA como al IPC general.

En los barrios, la sensación es de desgaste: salarios que no cubren la canasta, aumentos sucesivos en los servicios básicos, y una oferta laboral que se precariza. Los trabajadores advierten que muchas medidas que deberían garantizar derechos -control de precios, políticas de empleo, esquemas de contención- brillan por su ausencia, mientras los precios y las tarifas empujan la agenda cotidiana hacia la sobrevivencia.

Las voces críticas que circulan en el movimiento obrero y los sectores populares plantean que frenar la escalada de precios requiere medidas inmediatas —control de oligopolios, intervención efectiva sobre tarifas, políticas de ingresos y sostén del empleo— pero también la definición de un plan económico alternativo. Ese plan, según sindicalistas y referentes territoriales, debería priorizar la reindustrialización, el estímulo a la producción nacional, regulación de las cadenas concentradas y políticas de redistribución que devuelvan capacidad de compra a los salarios.

En ausencia de ese reordenamiento, advierten, la espiral inflacionaria seguirá afectando de manera desproporcionada a hogares con ingresos fijos o informales, mientras sectores concentrados logran trasladar costos y recuperar rentabilidad vía precios.

Noviembre consolidó una tendencia que preocupa: en un escenario de recesión, dólar intervenido y salarios anclados, los precios insistieron en subir mes a mes. Los datos del INDEC -2,5% de IPC, subas más fuertes en vivienda, transporte y alimentos, y canastas sociales que crecieron 4,1% y 3,6%- configuran un cuadro donde la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de la indigencia y la pobreza no son riesgos, sino realidades que ya marcan la vida cotidiana de millones.

Para los sectores críticos, las cifras de noviembre no son un accidente técnico sino la manifestación de un modelo económico que favorece la reproducción de grandes capitales a costa de la inmersión social. La respuesta exigida por sindicatos y movimientos sociales no solo reclama medidas paliativas: exige abrir un debate profundo sobre el rumbo del país y la construcción de políticas que protejan el trabajo, la industria y la dignidad de las mayorías.