La Justicia ordena cumplir con la ley de financiamiento universitario
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, a cargo del juez Martín Cormick, dictó una medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (N° 27.795), suspendiendo de forma provisoria la aplicación del decreto que condicionaba su ejecución. La cautelar fue concedida a raíz de una acción presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
En su fallo, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 —que había promulgado la ley pero suspendido su ejecución alegando “falta de fondos”— presenta rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” y advirtió que la maniobra resulta, al menos en esta etapa procesal, contraria al principio de división de poderes. Con esa fundamentación, Cormick declaró inaplicable, de manera transitoria, la condición impuesta por el Ejecutivo para la puesta en marcha de la normativa.
La sentencia llega en el marco de un conflicto que se arrastra desde la sanción inicial de la ley: tras su aprobación en el Congreso en septiembre, el presidente la vetó mediante el Decreto 647/2025, argumentando desequilibrios fiscales y la inexistencia de fuentes de financiamiento que garanticen su ejecución. El Parlamento rechazó posteriormente el veto y la norma quedó promulgada; sin embargo, el Ejecutivo intentó frenar su efectividad por la vía administrativa, lo que motivó la demanda del CIN.
El fallo y la resistencia del Ejecutivo se producen justo cuando el proyecto de Presupuesto 2026 que envió el Gobierno al Congreso proyecta recortes significativos para el sistema educativo: informes independientes advierten una caída real del 33,8% en el financiamiento de las universidades respecto de la ejecución de 2023, un recorte acumulado del 76,6% en becas y transferencias estudiantiles y una merma de alrededor del 93% en los fondos destinados a la educación técnico-profesional. Estos números muestran el contexto en el que se inscribe la disputa judicial y política por la ley.
La comunidad universitaria y las organizaciones que impulsaron la cautelar interpretaron el fallo como una ratificación del derecho constitucional a la educación pública y una limitación a las decisiones ejecutivas que intenten anular por decreto normas votadas por el Congreso. Desde el CIN y varios rectores se reclamó la inmediata actualización de las partidas presupuestarias, la recomposición salarial del personal docente y la normalización de las becas estudiantiles, medidas contempladas en la ley.
Para el oficialismo, por su parte, las medidas de ajuste se enmarcan en la prioridad declarada por el Gobierno de alcanzar equilibrio fiscal y reasignar recursos, postura que en los últimos meses se tradujo en proyectos y decretos orientados a reducir el tamaño del Estado y a revisar el financiamiento de organismos y programas públicos. Críticos del plan de gobierno advirtieron que la estrategia presupuestaria implica una “primarización” de la economía y un desfinanciamiento de áreas clave para el desarrollo tecnológico y científico del país, como lo ejemplifican los intentos previos de modificación o cierre de instituciones del sistema científico-tecnológico.
El pronunciamiento de Cormick, de carácter precautorio, no agota la controversia: la cautelar ordena el cumplimiento inmediato de la ley pero el Estado puede apelar y el expediente deberá continuar su trámite en la instancia judicial. En lo político, el fallo vuelve a situar en el centro del debate la tensión entre las decisiones del Ejecutivo y los mandatos legislativos que buscan proteger derechos y fondos destinados al sistema educativo público.
Mientras tanto, en universidades y sindicatos crece la demanda por garantizar no sólo el cumplimiento formal de la ley sino su financiamiento efectivo y sostenido en el tiempo. Para amplios sectores de la comunidad académica, la medida judicial representa una victoria táctico-institucional; para sus críticos, una nueva pulseada que revela la profundidad del conflicto entre un modelo de ajuste y las demandas por políticas públicas que sostengan la formación, la investigación y la producción de conocimientos.
