La libertad de expresión en jaque en el país
Crece la preocupación en distintos países, organismos multilaterales y foros internacionales ante el deterioro de la libertad de expresión y de prensa en Argentina. La alerta más reciente proviene de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que expresó su inquietud por el “acelerado deterioro del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina”, según un duro informe del relator Pedro Vaca.
La preocupación va más allá de este pronunciamiento. En numerosos países europeos y americanos, diplomáticos y representantes de democracias consolidadas comparten ese diagnóstico y observan con atención lo que ocurre en nuestro país desde hace al menos un año y medio. A la par, organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Poder Ciudadano y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advierten sobre el creciente hostigamiento a periodistas, medios y voces críticas, así como la falta de canales institucionales de diálogo entre el gobierno nacional y el sistema de medios.
“Existe una preocupación real de muchos países sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina. Los países más institucionalizados del mundo entienden a la libertad de expresión como base del sistema democrático e impulsan un diálogo constructivo entre los gobiernos y los medios y periodistas, para llegar a consensos sobre la relación entre ellos”, señaló Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, en diálogo con diversos medios. La entidad ha sido convocada a varias reuniones diplomáticas y es consultada con frecuencia sobre este tema.
En este contexto, el diario La Nación publicó un revelador informe en el que ahonda en un análisis del periodista húngaro András Pethö —cofundador del sitio de investigación Direkt36— que profundiza en el caso de Hungría, considerado por muchos analistas como un espejo inquietante de lo que puede ocurrir en otras democracias si no se protegen las libertades fundamentales. El texto describe con detalle la “putinización” del país bajo el mandato del primer ministro Viktor Orbán, quien lleva 15 años desmantelando progresivamente los controles institucionales y sometiendo al sistema mediático a una lógica de disciplinamiento y propaganda.
Desde Budapest, en una entrevista telefónica con el matutino, Pethö se mostró consternado por un nuevo proyecto de ley presentado por el gobierno húngaro que busca penalizar cualquier crítica al oficialismo, bajo la excusa de “proteger la soberanía nacional”. La normativa, rechazada enérgicamente por la Unión Europea, da al Ejecutivo amplios poderes para perseguir a organizaciones que reciban fondos del extranjero y crea listas negras de ciudadanos o entidades que “interfieran en la vida pública”, una categoría ambigua que puede aplicarse incluso al ámbito educativo.
El periodista explicó que estas medidas no surgieron de un día para otro, sino que fueron el resultado de una estrategia calculada. Desde su regreso al poder en 2010, Orbán promovió reformas regulatorias, presionó a medios críticos y alentó una ola de adquisiciones por parte de empresarios cercanos al oficialismo. En 2018, más de 500 medios “donaron” sus activos a una fundación dirigida por aliados del primer ministro, consolidando un ecosistema casi monolítico donde el 80% de la prensa está alineada con el gobierno y recibe el 90% de la pauta estatal, según Reporteros Sin Fronteras.
La similitud entre el camino emprendido por Orbán y ciertas prácticas observadas en gobiernos como el de Donald Trump en Estados Unidos —y más recientemente, el de Javier Milei en Argentina— ha encendido alarmas. “Prepárense para lo peor”, advierte Pethö sobre lo que podría ocurrir si estas tendencias se replican en otras latitudes. En este punto, recuerda que Steve Bannon, exestratega de la Casa Blanca, ya había definido a Orbán como “el Trump antes de Trump”, un título que el propio húngaro asume con orgullo. En una conferencia celebrada en Texas junto a simpatizantes de ultraderecha, llegó a decir que “el único camino al poder es: tengan sus propios medios”.
La estrategia es conocida: limitar el acceso a la información, deslegitimar al periodismo independiente, saturar el espacio público con propaganda oficialista y redes sociales operadas por influencers afines. En Hungría, los periodistas no oficialistas son sistemáticamente excluidos de conferencias de prensa, ignorados por los funcionarios y blanco de campañas de desprestigio. Algunos, como Pethö, fueron obligados a abandonar medios tradicionales luego de investigar a figuras cercanas al poder. Él y su equipo fundaron Direkt36 para sostener un periodismo crítico e independiente, pero enfrentan cada vez más restricciones legales y amenazas de espionaje.
En su informe, La Nación también cita al periodista Csaba Lukács, de Magyar Hang, quien advierte: “Esto no es Turquía aún, porque no encarcelan periodistas, ni es Rusia, donde los críticos aparecen muertos. Pero nos estamos acercando”. En Hungría no hace falta llegar al extremo de la censura violenta: basta con inundar el espacio informativo con una realidad paralela, impedir el acceso a fuentes confiables y fomentar la autocensura.
En este punto, resulta inquietante recordar que Viktor Orbán fue uno de los mandatarios extranjeros que asistió a la asunción presidencial de Javier Milei, en diciembre pasado. Los paralelismos entre sus discursos, sus adversarios elegidos —como George Soros o la ONU— y su desprecio por el periodismo profesional no son casuales. Como advirtieron Ian Bassin y Maximillian Potter en el Columbia Journalism Review, “Orbán no neutralizó a los medios de la noche a la mañana. Todo pasó gradualmente y a plena luz del día”.
Esa misma advertencia resuena hoy en la Argentina. La vigilancia internacional sobre la libertad de prensa no es un capricho ideológico, sino una defensa básica de la democracia. Desoír estas señales de alerta y naturalizar el hostigamiento a medios y periodistas críticos es repetir, paso a paso, un modelo que ya mostró sus consecuencias.
