La millonaria pérdida fiscal de la reforma laboral

La pérdida fiscal por la reforma llegará a 9.900 millones de dólares, equivalente a la meta de acumulación de reservas este año o unas 6 leyes de financiamiento universitario que el gobierno se negaba aprobar.

Unos informes difundidos en medio del conflicto por la reforma laboral que impulsa el gobierno, provocaron ayer nuevas advertencias sobre el impacto fiscal y social de las medidas. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip) estimaron que, si el proyecto se aprueba tal como está redactado en su versión inicial, la pérdida de recursos para el Estado alcanzaría 9.900 millones de dólares, un monto equivalente, según los analistas citados, a la meta de acumulación de reservas anunciada por el Banco Central para 2026 y comparable con el superávit anual del país.

Los estudios, difundidos cuando la presión social y sindical ya crece de cara a la movilización prevista para el 11 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires y sus antesalas en Córdoba y Rosario, señalan que la batería de cambios fiscales y laborales prevista constituye, en la práctica, una transferencia de recursos hacia los sectores económicos más concentrados, entre ellos empresas vinculadas a la AmCham, y un desfinanciamiento del Estado que afectará prestaciones sociales.

Cómo se llega a los 9.900 millones

Según el reporte del CEPA, la mayor parte del impacto proviene de reducciones tributarias y de cargas patronales incluidas en el proyecto. En paralelo, Aefip cuantificó esa caída de la recaudación en torno al 1,3% del PBI, y puntualizó que la rebaja de contribuciones patronales tendrá un efecto directo sobre la financiación de la ANSES, con consecuencias previsibles sobre jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo.

Dos medidas destacadas por los informes son:

• Reducción del impuesto a las ganancias para sociedades anónimas: las grandes pasarían del 35% al 31,5% y las medianas/pequeñas del 30% al 27%. Esa baja implicaría una pérdida de recaudación estimada en 2.300 millones de dólares, con impacto sobre la coparticipación provincial.

• Baja de 3 puntos en las contribuciones patronales: pasarían de 20,4% a 17,4% para empleadores del sector servicios y de 18% a 15% para el resto de los empleadores privados, lo que, según los cálculos gremiales, representaría una merma de 2.070 millones de dólares en ingresos estatales.

Efectos sobre el Estado y las políticas públicas

Los autores de los informes advierten que las medidas generan un fuerte desfinanciamiento del Estado, trasladando renta que hoy financia políticas públicas —pensiones, transferencias familiares, y partidas provinciales— hacia los grandes grupos económicos. En el documento y en declaraciones públicas, los sindicatos ponen el foco en el vínculo entre esas transferencias y el proyecto de “primarización” y desguace productivo que, denuncian, perjudica incluso a parte del empresariado nacional más potente, como el caso señalado del conglomerado Techint en el sector del acero.

Aefip puntualizó además que la rebaja de cargas patronales representa un riesgo directo para la sustentabilidad de la seguridad social, ya que reduce la base de financiamiento de la ANSES y, por ende, la capacidad de atención de jubilaciones y prestaciones sociales.

Una disputa que va más allá de la Ciudad de Buenos Aires

Las críticas no son únicamente técnico-fiscales: el texto difundido por los sindicatos plantea una lectura política del proyecto, que definen como alineado con intereses foráneos y con un programa de concentración económica. En ese marco, la movilización convocada para el 11 de febrero se presenta como la primera gran respuesta organizada del movimiento obrero.

Desde la CGT y otras centrales sindicales se anticipó además que la protesta tendrá réplica federal: marchas y acciones frente a gobernaciones provinciales en Córdoba, Rosario y otras jurisdicciones, en una estrategia que apunta a marcar la agenda política antes del tratamiento parlamentario.

En la previa del debate: tensión y advertencias

Los autores de los estudios y los dirigentes gremiales coincidieron en subrayar que el costo fiscal estimado no es neutro: implica decisiones políticas sobre qué sectores sostendrán el financiamiento del Estado y cuál será la distribución del ingreso futuro. “Se trata de una transferencia de recursos abismal hacia los sectores concentrados”, señala el informe del CEPA, mientras desde Aefip alertan por el deterioro de las fuentes de financiamiento de las políticas sociales.

La disputa se encenderá en los próximos días en la calle y en el Congreso: los sindicatos presionan para frenar el proyecto o forzar cambios sustantivos, y el gobierno, que ya fue señalado por los críticos como cercano a los intereses de la AmCham, busca avanzar con la modificación normativa. El resultado tendrá efectos fiscales inmediatos y determinará, según las organizaciones que impulsan la protesta, el rumbo de la política económica y social para los próximos años.