La reforma laboral que propone Milei podría profundizar la precarización

Un documento técnico confeccionado a partir de la evidencia de organismos internacionales comenzó a circular en las últimas horas por las mesas sindicales de la CGT y prendió las alarmas entre dirigentes que hasta ahora no habían tomado posición pública. Según ese análisis —que combina trabajos de la OIT, la OCDE, la CEPAL y el Banco Mundial con datos del INDEC— plantea con rigor técnico lo que muchos intuían en la calle: una reforma laboral centrada en la reducción del costo del empleo no garantiza la creación sostenida de puestos formales; por el contrario, tiende a acelerar la rotación, a disparar la informalidad, a reducir la recaudación previsional y a debilitar la demanda interna, con efectos negativos sobre la producción y la cohesión social.

El informe, que ya circula entre referentes cegetistas como insumo para articular una respuesta colectiva, analiza punto por punto las propuestas que el presidente Javier Milei anunció en Sidersa. Sobre la mesa técnica están los ejes que el gobierno propone: flexibilización de la contratación y del despido, descentralización de la negociación colectiva, reducción de cargas sociales, reconfiguración de las indemnizaciones mediante fondos de cese y cambios en la organización de la jornada laboral. Para cada medida, el estudio confronta la experiencia internacional y la evidencia local y concluye que, en un contexto de bajo dinamismo económico como el actual, esos cambios no generan empleo neto sino empleo precario y menos derechos.

“La experiencia internacional es clara —resalta el texto—: las reformas que apuestan a la desregulación laboral como receta única aumentan la rotación y la informalidad. En economías estancadas, la rebaja de costos no se traduce en demanda adicional que sostenga nuevos puestos de trabajo; en cambio, erosiona las bases contributivas y genera déficits previsionales”. El informe cita, entre otros, los World Employment and Social Outlook y los Global Wage Report de la OIT, reportes de la CEPAL y análisis del Banco Mundial para sostener esa conclusión.

Una de las preocupaciones centrales del documento es la descentralización de la negociación colectiva. Desarticular la negociación sectorial, advierte el informe, reduce el poder de negociación de los trabajadores —sobre todo en ramas con menor organización sindical— y facilita caídas reales de salario. La coordinación salarial a nivel sectorial cumple, según el estudio, una función estabilizadora: sin ella se amplían las brechas salariales entre empresas y se debilita la demanda agregada.

En la misma línea, la reducción de cargas patronales aparece como un riesgo fiscal. “En contextos de estancamiento, recortar contribuciones no se traduce en un aumento significativo del empleo formal; sí genera una caída de recursos para la seguridad social”, subraya el informe. Las experiencias argentinas recientes y otros episodios internacionales citados muestran la facilidad con que recortes de esa naturaleza terminan en déficits previsionales estructurales y pérdida de cobertura.

El documento aborda también las propuestas sobre indemnizaciones: los fondos de cese que el gobierno sugiere no resuelven, a juicio de los técnicos, la litigiosidad laboral; más bien, pueden desplazar la responsabilidad patronal hacia el trabajador y debilitar el efecto disuasorio de las normas protectorias, en particular en actividades de relación laboral continua. En otras palabras: menos capacidad de reclamo efectivo para los asalariados frente a incumplimientos.

Otro capítulo novedoso del análisis incorpora la discusión sobre jornada y salud laboral en clave climática. El informe reconoce que reducciones en la jornada pueden elevar la productividad si van acompañadas de rediseños organizacionales; pero advierte que en sectores “hora-dependientes” estas reformas, sin control ni fiscalización, suelen derivar en horas extras no registradas o en pluriempleo. Además, incorpora evidencia reciente sobre estrés térmico —proveniente de organismos como la OMS y la OMM— para reclamar medidas concretas de protección (pausas obligatorias, ajustes por calor) que garanticen salud y productividad frente a las olas de calor y la mayor exposición laboral.

A nivel macro, los técnicos subrayan el efecto en la demanda interna: menos salario real y más desigualdad significan menor consumo, un efecto que golpea especialmente a una economía como la argentina, donde el mercado interno es motor del empleo y la actividad. El riesgo fiscal es paralelo: la erosión de la base contributiva obliga o a más endeudamiento o a recortes en prestaciones, con costos políticos y sociales elevados.

El documento no se queda en el diagnóstico y formula siete recomendaciones que podrían perfilar la posición sindical y servir de base para una estrategia de rechazo técnico-político del proyecto. Entre las sugerencias figuran:

• Evaluación ex ante de impacto laboral, fiscal y distributivo antes de cualquier cambio.

• Protección explícita del salario real como prioridad.

• Políticas integrales de formalización que combinen incentivos a la contratación con controles efectivos.

• Salvaguarda de la sostenibilidad del sistema de seguridad social: evitar recortes que erosionen la base contributiva.

• Fortalecimiento del diálogo social tripartito y mecanismos de negociación colectiva sectorial.

• Incorporación del cambio climático en la regulación de salud laboral (pausas, límites de exposición, ajustes por calor).

• Un enfoque de desarrollo productivo que combine adaptación tecnológica, inversión y transición justa para trabajadores desplazados.

En el seno de la CGT, fuentes consultadas admiten que las fichas técnicas ya circulan entre dirigentes y que el documento podría fundar una oposición cegetista fundada en la evidencia: “No se trata de rechazar por principio; se trata de evitar que se legisle a ciegas y que se abra la puerta a la precarización sistemática”, dijo un secretario general que prefirió no ser citado. Varios gremios coinciden en la necesidad de llevar esas recomendaciones al debate público y forzar auditabilidad y consultas antes de que el Ejecutivo consiga dictamen.

La disputa no es solo técnica: tiene un fuerte contenido político. El Gobierno sostiene que la reforma es necesaria para “modernizar” el mercado laboral y atraer inversión. Los técnicos recuerdan que la competitividad no se alcanza sólo por desregulación de derechos laborales, sino por inversión en productividad, capital humano y un marco institucional estable. En una economía con estancamiento de la demanda y alta presión sobre las cuentas públicas, la receta del ajuste laboral aparece, para los autores del informe, como de alto riesgo y bajo retorno social.

En el tablero inmediato, la circulación de este análisis refuerza la probabilidad de una confrontación abierta entre el Ejecutivo y las centrales obreras. Si la CGT cristaliza una postura técnica y política, el proyecto de Milei chocará contra un obstáculo no solo sindical sino con argumentos basados en la experiencia internacional y los diagnósticos macroeconómicos que el propio documento compila. La pelota, por ahora, está del lado del gobierno: decidirá si anuncia medidas sin evaluación o si acepta que, antes de avanzar, se realice un debate público y fundado que ponga en el centro la protección del empleo y la sostenibilidad fiscal.

Para quienes observan el conflicto desde la academia y la economía, la lección es clara: los atajos de desregulación pueden traer alivio transitorio para algunos costos, pero casi siempre dejan una factura social que la sociedad termina pagando en mayor desigualdad, menos protección y trabajo de peor calidad. En el seno del movimiento obrero ya circula esa factura en números: ahora puede ser, dice más de un dirigente, el punto de partida para un rechazo articulado y fundado a una reforma que, según la evidencia que reúne, corre el riesgo de empobrecer aún más a los trabajadores.