Las deudas de las familias aumentaron 75% este año

El último informe del Banco Central sobre Prestadores No Financieros de Crédito (PNFC) confirma lo que muchas familias ya padecen en carne propia: endeudarse para cubrir gastos básicos dejó de ser una excepción para convertirse en la regla. En apenas un año, la deuda promedio por cliente subió un 75%, pasando de $3,2 millones a $5,6 millones. Son cifras que retratan la profundización de un mecanismo de extracción de recursos —a través de altos intereses y financiamiento predatorio— que termina engrosando las ganancias de bancos, plataformas y grandes cadenas comerciales mientras los salarios permanecen estancados.

Según el informe, 6,2 millones de personas mantienen deudas activas en el sistema “formal” —bancos tradicionales y prestadores no bancarios—, lo que equivale a casi el 18% de los adultos del país (sobre una población de casi 34 millones de adultos, según el censo 2022). De esos $5,6 millones de deuda promedio, $4,4 millones corresponden a bancos tradicionales y $1,2 millones a entidades no bancarias: fintech, billeteras virtuales, emisores de tarjetas y prestadores vinculados a cadenas comerciales.

Un negocio que se alimenta del apuro
Detrás de esos números hay decisiones estructurales: salarios que no alcanzan, aumentos generalizados de precios —alquileres, servicios, transporte, alimentos y medicamentos— y una red de crédito que ofrece una salida instantánea y costosa. Para muchos hogares, la toma de crédito no es para comprar un televisor o un celular último modelo: se recurre a préstamos para pagar la comida, remedios o para arreglar algo de urgencia en la casa. Y cuando la capacidad de pago se ve comprometida, los intereses —en muchos casos usureros— multiplican la deuda inicial.

El informe del BCRA también muestra que el crédito fuera del circuito bancario se expandió rápidamente: en el país operan 542 empresas que otorgan préstamos no bancarios. Estas entidades colocaron cerca de $11 billones en préstamos, con aumentos interanuales del 144% en créditos personales y del 53% en financiamiento por tarjetas. Pero ese volumen vino acompañado de un aumento de la mora: la irregularidad total trepó a 8,6% —el doble que en enero—, los préstamos personales de fintech y otras entidades presentan 20% de atrasos, las billeteras virtuales 18% y la financiación de electrodomésticos alcanza una mora del 27%.

A la expansión del crédito se le suma su encarecimiento: la Tasa Nominal Anual de los préstamos personales de entidades no bancarias llegó al 129%, muy por encima de la inflación. Esto transforma al crédito en una vía por la que, en lugar de aliviar una urgencia, el bolsillo termina pagando mucho más por lo mismo: comprar alimentos con deuda sale hoy más caro que pagarlos al contado.

Es preciso recordar que este fenómeno no es azaroso: responde a un modelo económico donde la concentración de poder económico y financiero habilita prácticas que externalizan el riesgo sobre los hogares. El relato oficial de 2018, que criticaba a gestiones anteriores por “poca” deuda de familias y empresas, contrasta con la realidad actual: el endeudamiento creció, los salarios quedaron atrás y el financiamiento se convirtió en una palanca para sostener consumo básico a costa de intereses elevadísimos.

Desde una mirada progresista, estos datos son la expresión de una política económica que favorece la desregulación financiera y la primarización de la economía: se crea oferta de crédito fácil y cara, se flexibiliza el acceso a productos financieros por fuera de la banca tradicional y se deja a la intemperie al consumidor frente a contratos poco transparentes. El resultado es doble: por un lado, mesas de ganancia para bancos y prestadores; por otro, hogares pulverizados por tasas y cuotas.

Medidas urgentes y posibles
Para detener esta escalada que devora salarios y ahorros hace falta una respuesta integral. Algunas medidas concretas que deberían considerarse:

• Regulación y transparencia: imponer límites a las tasas efectivas máximas, obligar a la claridad en costos totales y comisiones, y sancionar la publicidad engañosa.
• Control del crédito no bancario: supervisión estricta de fintech, billeteras y emisores de tarjetas, con registros públicos y requisitos de solvencia y prácticas de cobranza.
• Fortalecimiento de los mecanismos de defensa del consumidor: Servicios de Conciliación y Defensa del Consumidor con mayor poder sancionatorio y velocidad de resolución.
• Crédito público social y tasas subsidiadas: impulsar líneas de crédito públicas para consumo básico y microcréditos con tasas justas que compitan con el mercado.
• Política salarial y redes de contención: recomponer salarios, fortalecer el empleo formal y ampliar programas sociales para reducir la necesidad imperiosa de recurrir al crédito.
• Impuestos y regulación a la concentración: políticas que reduzcan el poder de mercado de los grandes grupos económicos que captan renta donde deberían ir mayores salarios o inversión productiva.

No es una cuestión individual: es una política económica
Que miles de hogares terminen recurriendo al crédito para comer o comprar medicamentos habla de un problema estructural y político. No se trata de “mala administración” individual ni de un defecto moral: es la consecuencia directa de decisiones públicas y privadas que han priorizado la rentabilidad financiera por sobre la reproducción mínima de la vida.

Mientras los monopolios y las financieras sigan encontrando espacio para expandir créditos caros, el ciclo de endeudamiento se mantendrá y la transferencia de recursos desde las clases trabajadoras hacia las grandes corporaciones continuará. Romper ese circuito exige intervención del Estado —reguladora y redistributiva—, poner límites a la usura financiera y recuperar políticas que devuelvan poder adquisitivo al salario.

Los números del BCRA son, en ese sentido, una llamada de alerta: casi un quinto de los adultos del país hoy carga una deuda activa. No es una anécdota privada: es una cuestión pública que exige respuestas colectivas, legislación eficaz y voluntad política para frenar el saqueo cotidiano que padecen millones de hogares. Si no se actúa, el crédito seguirá siendo, para muchos, la trampa que perpetúa la pobreza mientras alimenta las ganancias de los mismos que concentran la economía.