Los argentinos ven cada vez más corrupto al Gobierno de Milei
Una nueva encuesta nacional encendió una alarma en la Casa Rosada: seis de cada diez argentinos consideran que la mayoría de los funcionarios del Gobierno de Javier Milei son corruptos. El dato, recogido por la consultora QSocial, muestra además un empeoramiento sostenido de la imagen ética del oficialismo: la percepción negativa sobre corrupción creció nueve puntos porcentuales en apenas tres meses.
El sondeo —realizado sobre una muestra nacional de 1.111 casos con un margen de error estimado de +/- 3%— forma parte de un informe más amplio que evalúa preocupaciones sociales, aprobación de gestión y expectativas políticas. Según QSocial, ese deterioro en la percepción de transparencia coexiste con indicadores políticos disímiles: mientras la desconfianza ética aumenta, el Gobierno mantiene niveles elevados de aprobación y lidera los escenarios de intención de voto de mediano y largo plazo.
La encuesta también retrata un reordenamiento de prioridades entre los consultados. Con la inflación en retroceso relativo, el empleo se consolidó como la principal preocupación (22%), seguida por la pobreza (14%) y la corrupción (13%), que penetró en el podio de temas urgentes. La inseguridad y la inflación —hasta hace poco ejes dominantes del malestar— retrocedieron en la lista de prioridades, según los analistas que interpretan el cambio como reflejo de una nueva etapa del ciclo económico y de las demandas sociales.
¿Por qué sube la percepción de corrupción? QSocial y observadores políticos señalan episodios puntuales que erosionaron la imagen ética del Gobierno. El escándalo conocido como “CriptoGate”, en el que el presidente promocionó en redes una criptomoneda que terminó vinculada a una estafa masiva, fue uno de los golpes más visibles; la polémica se tradujo en investigaciones judiciales y un fuerte impacto en la opinión pública.
A ese episodio se sumaron controversias en organismos públicos: la difusión de audios y denuncias vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) derivó en la salida de su titular y en investigaciones que, aun cuando el Gobierno lo planteó como una “operación política”, profundizaron el malestar ciudadano sobre irregularidades administrativas. Para muchos encuestados, estos casos confirmaron sospechas más generales sobre prácticas opacas en el manejo del Estado.
La paradoja política es notoria: pese a la creciente percepción de corrupción, la evaluación general de la gestión mostró números en alza en los meses recientes —la aprobación superó el 50% en la medición más reciente—, aunque el apoyo se diluye al preguntar por la capacidad del oficialismo para resolver problemas estructurales o por la integridad de su equipo. Para especialistas consultados por QSocial, ese patrón responde a una lógica argentina recurrente: una porción significativa del electorado prioriza rumbo económico, cambio de élites o rechazo a la política tradicional por sobre las objeciones éticas.
Las implicancias para el oficialismo son claras y dobles. En el corto plazo, la consolidación de apoyo electoral permite al Gobierno navegar tensiones y avanzar con su agenda; en el mediano plazo, la persistencia de una percepción de corrupción puede erosionar capital político, abrir espacios a la oposición y condicionar la gobernabilidad si nuevos casos alimentan la sensación de impunidad o falta de controles institucionales.
¿Qué sigue? Los analistas advierten que la dinámica dependerá de dos factores: la capacidad del Gobierno para contener nuevos escándalos y la respuesta institucional (investigaciones, transparencia y reformas de control). Si la Casa Rosada logra articular una narrativa creíble de limpieza interna y mejora en los controles, podría frenar la tendencia; si, por el contrario, se suceden capítulos como los citados, la percepción negativa podría traducirse en un costo político tangible con el correr del tiempo.
En definitiva, la encuesta de QSocial dejó, además de números, una lectura política: la corrupción volvió a instalarse entre las preocupaciones públicas pese a que el Gobierno todavía conserva apoyo electoral fuerte. Esa tensión —apoyo por el rumbo vs. rechazo por la ética pública— será una pista central para medir la sostenibilidad política del proyecto oficial en los meses y años que vienen
