Los colegios privados podrán aumentar cuándo y cómo quieran

El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el Decreto 787/2025, que deja sin efecto el régimen que desde hace tres décadas regulaba los aranceles, matrículas y la obligatoriedad de comunicar por anticipado las subas en colegios privados. La norma elimina la exigencia de autorización estatal para modificar cuotas y matrículas y anula la obligación de informar esos aumentos con antelación, medidas que el Gobierno presenta como “liberadoras” del derecho de propiedad de los establecimientos privados.

La medida no puede leerse como una simple “autonomía” administrativa: en un contexto de ingresos estancados y pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, la desregulación transfiere al bolsillo de las familias el riesgo y el costo de la educación. La eliminación de controles significa que cada colegio podrá aumentar sus aranceles según su criterio, sin obligación de justificar o informar previamente esos incrementos, lo que abre la puerta a aumentos discrecionales y a una mayor inseguridad para las familias trabajadoras.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la derogación argumentando que el régimen anterior “obligaba a fijar aumentos anticipados que luego debían mantenerse por un año” y que, por ello, los colegios terminaban estimando alzas precautorias “más elevadas de lo necesario”. En la explicación oficial se argumenta además que el marco previo limitaba la libertad contractual y el derecho de propiedad de las instituciones privadas.

Según la difusión oficial, la norma alcanzaría prioritariamente a las escuelas que no reciben aportes estatales, estimadas en alrededor de 2.000 establecimientos —aproximadamente el 6% del total—, mientras que aquellas que dependen de subsidios o convenios con el Estado mantienen marcos distintos de financiamiento público.

El decreto instruye además al ministerio de Capital Humano a revisar las pautas del Decreto 2542/1991 (y normas complementarias como el decreto 2417/1993), que establecieron el sistema de financiamiento para la educación pública de gestión privada y las obligaciones de información sobre aranceles. El argumento oficial es que esas normas se dictaron cuando la tutela era nacional y que la transferencia de competencias a las provincias exige una actualización conforme al principio federal.

En la práctica, la salida del control estatal combina efectos concretos: quita un mecanismo de previsibilidad para las familias (ya no habrá obligación de comunicar anticipadamente montos) y reduce las herramientas públicas para auditar aumentos que, en contextos de poder concentrado del mercado educativo, pueden tender a indexarse en forma automática a otros precios o costos. Para hogares con salarios que no recuperan poder adquisitivo, esto significa una presión adicional sobre el gasto familiar y el riesgo de que la educación privada deje de ser una opción viable para muchos.

Organizaciones sindicales, asociaciones de defensa del consumidor y amplios sectores de la comunidad educativa ya anticipan rechazo y llaman a medidas compensatorias: desde la exigencia de segmentación de subsidios hasta acuerdos públicos-privados que obliguen a transparencia en precios y a controles de calidad educativa. En tanto, cámaras empresarias del sector celebran la norma como un alivio para la “gestión autónoma” y una reducción de la “traba burocrática”. La decisión, en suma, polariza: autonomía empresarial frente a mayor vulnerabilidad de las familias.

Un problema de fondo: ¿quién asume el costo de la educación?

La discusión central no es si un colegio privado puede fijar libremente sus tarifas, sino quién garantiza el acceso a la educación como un derecho social. Si la respuesta del Estado es desentenderse del control sobre aranceles mientras no se fortalece la educación pública —o no se amplían subsidios verdaderamente focalizados—, la consecuencia probable es una mayor segmentación socioeducativa: mejores condiciones para quienes pueden pagar y un drenaje de demanda que dejará a la escuela pública con más presión y menos recursos relativos.

El decreto 787/2025 se inscribe en una política más amplia de desregulación que, según el oficialismo, busca liberar “mercados” y ampliar la libertad contractual. Para amplios sectores sociales y en el marco de la actual situación económica, la consecuencia será otra carga sobre hogares y familias. Si la medida no viene acompañada de políticas activas para proteger el acceso y la calidad educativa —aumento real de la inversión pública, control de prácticas abusivas y mayor transparencia en la financiación—, la “libertad” de fijar precios se traducirá en un empobrecimiento del derecho social a la educación para miles de argentinos.