Lustramax no necesita reforma laboral para echar trabajadores

La empresa Lustramax, radicada en el Parque Industrial de Tortuguitas (Malvinas Argentinas), despidió a 29 trabajadores en la jornada del lunes luego de haber presentado un Proceso Preventivo de Crisis (PPC), según denunciaron los delegados y las organizaciones que acompañan la protesta. Los empleados se encontraron con la notificación al presentarse en la planta y resolvieron permanecer en asamblea permanente en defensa de sus puestos.

Los trabajadores sostienen que los ceses responden a represalias por reclamos previos: la empresa acumula, afirman, una deuda de cuatro meses con la obra social, dejó sin pago el aguinaldo y no abonó los bonos acordados para fin de año. Además, denuncian presiones para forzar retiros “voluntarios” con liquidaciones al 50% o indemnizaciones en cuotas. Según el cuerpo de delegados, la actividad comercial no cae —“los camiones salen, los fletes salen, la mercadería se distribuye”— por lo que la hipótesis de crisis no se sostiene.

Los trabajadores acusan a la empresa de utilizar el PPC como cobertura para avanzar con desvinculaciones masivas y describen prácticas antisindicales. En asamblea decidieron por unanimidad rechazar los despidos, exigir la reincorporación de los despedidos y la regularización de los pagos y aportes. Organizaciones políticas y sindicales fueron convocadas para apoyar la permanencia en el establecimiento y las medidas de visibilización, que incluyeron cortes en la Autopista Panamericana.

Fuentes de la protesta señalaron además intentos de amedrentamiento: agentes policiales —y, según denuncias, personal de la DDI Malvinas Argentinas— intentaron ingresar al predio para intervenir la asamblea, lo que los delegados describieron como una maniobra intimidatoria que no prosperó. “Intentaron amedrentar a los compañeros, pero la respuesta fue clara: no se entregó a nadie y la asamblea se sostuvo”, declaró un delegado.

Desde cuentas de protesta y comunicados de los delegados se remarcó además que la firma exhibe resultados económicos positivos en los últimos años, argumento que, según los trabajadores, contradice la versión de crisis que se esgrime para justificar los despidos. Las distintas coberturas periodísticas recogen versiones tanto de los delegados como de actores que defienden la postura empresarial sobre la necesidad de reestructuración.

El conflicto llega en un contexto político más amplio: delegados y referentes del sector vinculan la práctica patronal con el avance de reformas laborales promovidas por el gobierno nacional, que, denuncian, facilitan la desprotección de empleos y la precarización. Esa lectura se replicó en declaraciones públicas de agrupaciones y de dirigentes que acompañan la protesta.

Al cierre de esta nota, la planta se mantenía con trabajadores en asamblea y cortes intermitentes para visibilizar el reclamo; las demandas centrales son la reversión de las desvinculaciones, el pago inmediato de lo adeudado (aguinaldo, bonos y aportes a la obra social) y la negociación bajo condiciones de respeto a los derechos laborales. Las organizaciones que siguen el conflicto advierten que, de no mediar una solución, el conflicto podría escalar con movilizaciones y medidas de fuerza más amplias.