Malabarismos para administar la “manta corta”

Nación no le baja, ilegalmente en muchos casos, dinero a las provincias, y éstas les recortan partidas a municipios.

Hay una teoría, cuando de administrar ciertos recursos se trata, que se denomina “de la manta corta”, cuando los recursos son finitos y los requerimientos, volubles y crecientes. Si tiro de una punta, descubro la otra. Y si tiro de esta punta, descubro aquella. En esa realidad siempre se han movido los intendentes, para administrar de la mejor manera las recursos y para que los resultados sean los más bene-ficiosos para los vecinos.

Si bien vienen entrenados en ese accionar, la coyuntura actual del país los ha sumergido en una realidad a la que se le han cambiado muchas reglas de juego.

La gestión Milei, a punto de cumplir sus primeros 100 días, consideró que podía cambiarse el país en un mes (émulo de Mauricio Macri que había prometido, de ser gobierno, hacer lo que hizo, pero más rápido), aprovechando el impulso de las urnas, y el típico envión de la “luna de miel” que todo gobierno tiene en sus primeros meses. Omitió que para hacerlo, en el marco de un gobierno constitucional y democrático, tenía que respetar la ley. Y así es que muestra que hubo superavit primario y financiero en su primer mes, con inocultable orgullo, pero omite decir que lo logró pisando recursos que por ley corresponde girar a las provincias; que en enero no hizo los depósitos correspondientes a hospitales nacionales, como el Garraham, desfinanciando su funcionamiento. Tampoco dice que “paró en seco” recursos para los programas de oncología y discapacitados, porque quiere auditar sus funcionamiento, como si las personas fuesen solo números auditables y no ciudadanos con urgencias impostergables.

El gobierno nacional dice que el salario docente es problema de las provincias, pero no gira los fondos del Incentivo Docente que por acuerdos tendría que girar, y no convoca a la paritaria docente nacional, establecida por ley de Financiamiento Educativo. Y hasta al “éxito” financiero se vio ensombrecido por el crecimiento de la pobreza, que en enero alcanzó el 57,4%, y la indigencia, el 15%.

Toda esta urgente realidad es la que le estalló en poco tiempo en la cara de los intendentes, quienes gestionan las necesidades cercanas de los vecinos. Sobre ello, Julio Zamora, intendente de Tigre, señaló: “Está a las claras la preocupación que tienen muchos intendentes vinculada a temas que son los que consideramos más urgentes, como salud, alimentación, educación, transporte e inflación. Ésto en términos generales impacta no solo sobre las y los vecinos, sino también en las economías de nuestras administraciones”.

Por su parte, Juan Andreotti, intendente de San Fernando, también se refirió a la realidad que viven las comunas, en oportunidad de recorrer una de las obras que el municipio lleva adelante en el marco del Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales: “Nuestro Programa iba a abarcar más escuelas, pero por el cambio de gobierno y la situación económica a nivel nacional, más un ajuste que no sólo le pega a los vecinos, sino también a las arcas del Municipio, vamos a hacer esta Escuela N°501 con muchísimo cariño, porque ya veníamos hablando con las directoras y padres que mandan a sus chicos a este colegio y queríamos realizarlo realmente”.

En momentos de altísima inflación, con salarios estancados, el gobierno no tuvo empacho en recortar fondos para los comedores populares, que dan alimento a más de 10 millones de argentinos. Sobre esta política, Julio Zamora señaló: “En Tigre teníamos algo de apoyo pero no era sustancial. La mayor parte del respaldo venía, en parte de la Provincia de Buenos Aires, pero mayormente de recursos municipales. Por eso, en términos de impacto, no es tan trascendental. De todas maneras, ese retiro viene acompañado de una inflación que está incorporando personas con necesidades alimentarias que antes no existían. Eso, por supuesto, se vuelve sobre las espaldas del Municipio y de la gente que paga las tasas locales. Es por ello que debemos utilizar esos recursos y sacarlos de las funciones propias y específicas de la comuna, que son alumbrado, barrido, limpieza, entre otras, y dar a lo más urgente que es la comida en la mesa de nuestros vecinos”.

Estos reclamos, que en la región afecta en mayor o menor medida a las cuatro comunas, fueron reflejados por la FAM. Más de 500 intendentes que conforman la Federación Argentina de Municipios (FAM) se reunieron y expresaron conclusiones contundentes y una preocupación palpable por el rumbo del país. En un contexto de creciente incertidumbre y dificultades económicas, los mandatarios comunales expresaron su profunda inquietud por la situación actual, afirmando que “en estos pocos días todo empeoró y mucho”.

La solicitud de una reunión con carácter de “muy urgente” al presidente Milei, demuestra la gravedad de la situación que enfrentan las comunidades locales. Los intendentes consideran que la crisis económica y social ha alcanzado niveles alarmantes, afectando de manera directa la calidad de vida de los ciudadanos.

La amenaza de iniciar acciones judiciales en cada provincia por la quita de subsidios al transporte público, la reducción del incentivo docente y la falta de suministro de alimentos a los comedores comunitarios, refleja la determinación de los líderes municipales en defender los intereses de sus comunidades. Estas decisiones gubernamentales han exacerbado aún más las dificultades que enfrentan las poblaciones más vulnerables.

Bajo el liderazgo de Fernando Espinoza de La Matanza, los intendentes hicieron un llamado enérgico a las autoridades nacionales para que tomen medidas concretas y urgentes destinadas a frenar la catástrofe socioeconómica que se está viviendo. Exigen el respeto a la Constitución nacional, la división de poderes y el federalismo en áreas vitales como el transporte, alimentos, educación, salud y obra pública.

Es evidente que la situación de pobreza y la alta inflación están generando una crisis humanitaria que requiere una respuesta inmediata y coordinada por parte del Gobierno Nacional. Los intendentes, al reconocer la importancia de la articulación colectiva desde las gestiones locales, están comprometidos en brindar respuestas urgentes a las demandas de sus ciudadanos, sin importar afiliaciones ideológicas o partidarias.

A principios de febrero, la FAM había expresado su “alarma” ante las medidas económicas implementadas por la administración de Milei. “Las jurisdicciones provinciales y municipales están siendo atacadas de forma inescrupulosa generando un impacto sin precedentes en la vida de cada ciudadano argentino”, había advertido la entidad.

Más allá de las consecuencias directas que los municipios padecen por las acciones del gobierno nacional, están las consecuencias indirectas, como es la mayor demanda en la salud pública ante el incremento exorbitante de las cuotas de las prepagas de salud. A tal punto llega la preocupación en este tema, que la Justicia Federal de San Martín ordenó a una empresa de medicina prepaga dejar sin efecto los aumentos aplicados a uno de sus afiliados, al amparo de las disposiciones que estableció al respecto el DNU de Javier Milei, al que cuestiona por su “absoluta inconstitucionalidad”.

En este contexto, es fundamental que el Gobierno Nacional escuche y atienda las preocupaciones y demandas de los líderes municipales, quienes están en primera línea enfrentando las consecuencias directas de la crisis.

No se trata de ponerle palos en la rueda a un gobierno que asumió hace tan poco, sino de superar los desafíos actuales, exigir el cumplimiento de la ley y construir un futuro más justo y próspero para todos los argentinos.