Marchas multitudinarias en defensa de la educación pública

El 2 de octubre de 2024 será recordada como una fecha más en la que el pueblo ganó las calles de todo el país en multitudinarias marchas, para expresar un rotundo NO al desfinanciamiento universitario, pero también a hipotecar con políticas sistemáticas el futuro del país, ninguneando a la educación pública, al ámbito científico, so pretexto de la mentirosa frase de que no hay plata.

Lo de ayer, fue una demostración contundente de que la paciencia se va acabando y habrá que, cada vez más severamente, demostrar que hay límites que no deberían cruzarse. Para el gobierno fue, sin duda, un simbronazo, como lo son habitualmente las opiniones de quienes no piensan como él. Y clara muestra de ello fue la catarata de mentiras expresadas en la ex twitter pot Milei y sus seguidores, con mentiras, insultos y odio, mucho odio, como único argumento. Ni una confrontación seria y argumentada, por dos motivos: porque en su omnipresencia no lo consideran necesario y porque no tienen esos argumentos.

Lo cierto fue que miles y miles de ciudadanos de distintos sectores, se fueron dando cita en los puntos convenidos de concentración, para marchar pacíficamente y expresar sus ideas francamente, desde primera hora de la tarde.

Miles de personas se congregaron en las calles y en la Plaza de los Dos Congresos para manifestar su rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei, con especial énfasis en las reformas que afectan a la educación pública y a las universidades. Las centrales obreras, gremios docentes y diversas organizaciones sociales se unieron a la marcha, que reunió a trabajadores, estudiantes y ciudadanos de toda la capital y el conurbano.

La movilización dejó en claro la creciente oposición al ajuste económico y su impacto en el sistema educativo y científico. La reforma laboral y los recortes en salud y educación, impulsados por el gobierno junto con entidades como el FMI y los poderosos que manejan la economía del país, fueron denunciados como parte de un plan para desmantelar sectores clave de la economía, incluida la industria tecnológica y la investigación científica.

Durante la jornada, se leyó un documento frente al Congreso que subrayó la grave crisis del financiamiento universitario, el deterioro salarial de docentes e investigadores y las crecientes dificultades que enfrentan los estudiantes para acceder y permanecer en el sistema educativo. La falta de inversión en infraestructura y la caída de los salarios son algunos de los puntos críticos que se destacaron.

En una parte de dicho documento se señala: «Agradecemos a la sociedad argentina su extraordinaria movilización cada vez que la historia llama a su puerta. Somos herederos del pueblo de la Nación que supo en 1884 abrazar la ley 1420, de los jóvenes que en 1918 construyeron un sistema universitario democrático y libre que inspiró al mundo, de quienes entendieron en 1949 que la gratuidad era una herramienta que derrumbaba las fronteras que impedían el acceso a la educación superior, constituyendo un aporte determinante para la justicia social. Somos la universidad de los cinco premios Nobel, la de jóvenes, investigadores y científicos destacados por los que nos reconocen en el mundo entero”.

En paralelo, se acusó al gobierno de intentar deslegitimar la protesta a través de declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien advirtió sobre posibles incidentes violentos, hablando de «grupos que van a ir con bengalas, piedras y molotov», sin prueba alguna, como la mayoría de las veces. Sin embargo, la masividad de la convocatoria no fue opacada, y se mantuvo el foco en la defensa de la educación pública, la ciencia y el trabajo como herramientas fundamentales para el desarrollo del país.

Al cierre del día, las encuestas revelaban que el rechazo a las políticas educativas del gobierno continuaba en aumento, con un significativo porcentaje de la población que valoraba positivamente la universidad pública y gratuita como un motor de movilidad social y justicia social en Argentina.

Foto: Página/12