Masiva movilización en todo el país contra la reforma laboral
La CGT, acompañada por las dos CTA, la UTEP y decenas de gremios, organizaciones sociales y partidos, protagonizó ayer una masiva jornada de lucha contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Las columnas que confluyeron en Plaza de Mayo sumaron, según las organizaciones que convocaron, alrededor de medio millón de trabajadores; paralelamente hubo movilizaciones y protestas en plazas y calles de distintas ciudades del país. La presión social, junto a las fracturas internas en el oficialismo, llevó al Gobierno a postergar el tratamiento del proyecto hasta el 10 de febrero.
La movilización, convocada por la central obrera mayoritaria, fue presentada por sus organizadores como una respuesta a “la reforma laboral de las patronales” y al conjunto del plan económico del Ejecutivo. A pesar del calor y de un clima de angustia por los efectos del ajuste —potenciado, según los dirigentes, por la derrota electoral del 26 de octubre—, las columnas exhibieron un tono combativo: cánticos, banderas y discursos que reclamaron unidad para hacer retroceder las iniciativas que, según los gremios, precarizan el trabajo y benefician a las grandes corporaciones.
En el acto central hablaron los tres co-secretarios de la CGT: Octavio Argüello (Camioneros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros). Los tres coincidieron en denunciar el contenido del proyecto y en señalar a quiénes, a su entender, favorece. “Nosotros, los trabajadores, somos los que producimos la riqueza de la tierra. Nosotros somos los que producimos el capital de esta patria. Entonces, basta de aceptar y creer que hacen estas leyes para los trabajadores, para las pymes. Esto es una gran mentira. Esto es para sus amigotes, el poder económico, que siempre vienen a querer explotar y llevarnos nuestra dignidad”, dijo Argüello.
Jerónimo calificó el proyecto como “redactado muy maliciosamente a favor de las grandes corporaciones de la Argentina, a favor de las grandes empresas”. Sola advirtió sobre “el desguace de la industria” como causa estructural de la pérdida de empleo, y denunció la “apertura indiscriminada de importaciones” que, explicó, golpea a pymes y fábricas: “Cierra una empresa por hora y más de 400 trabajadores todos los meses son despedidos”, afirmó.
Los dirigentes rechazaron la argumentación oficial que presenta la reforma como una herramienta para generar empleo. “Es mentira que se da trabajo quitando más derechos, es mentira que se puede dar más trabajo dándole más sobra a los trabajadores y quitándoles derechos y que se pague cada vez menos”, sostuvo Argüello. Sola añadió una lectura histórica del proyecto: “Este proyecto de reforma laboral tiene más de 50 años… En los 70 lo quisieron llevar adelante los milicos, se volvió recargado en los 90 y así terminó luego en 2001 y ahora vienen con más fuerza”.
La marcha también contó con la presencia de organizaciones de derechos humanos. Los co-secretarios de la CGT reivindicaron la presencia de las Madres de Plaza de Mayo, que acompañaron la movilización desde su tradicional ronda. Además, asistieron dirigentes políticos y funcionarios del peronismo: el gobernador bonaerense Axel Kicillof participó con la columna del Movimiento Derecho al Futuro y desde allí criticó la propuesta oficial: “Lo que hay (en esta marcha) es gente laburante, que ve que esta reforma no resuelve ninguno de los problemas reales que hay: un cuarto de millón de puestos de trabajo perdidos, salarios que no alcanzan, jubilaciones que han bajado y nada de esto es una solución”, afirmó.
La jornada no estuvo exenta de tensión. Desde temprano se registraron controles, requisas y la detención de colectivos por parte de fuerzas federales —Gendarmería, Prefectura y otras— en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Además hubo una fuerte presencia policial y cordones en zonas de ingreso, maniobras que las organizaciones calificaron como intentos de amedrentamiento y limitación de la protesta.
En medio de la movilización llegó la noticia política que marcó el cierre de la jornada: el oficialismo decidió postergar el tratamiento del proyecto de reforma laboral en el Senado hasta el 10 de febrero, acompañando el acuerdo de firmar un dictamen “abierto a modificaciones”. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta, explicó públicamente que la decisión respondió al pedido de otras fuerzas políticas que exigieron más tiempo para el debate.
Dirigentes sindicales leyeron la postergación como una victoria parcial de la presión social y política, y advirtieron que la pelea continuará. Abel Furlán, secretario general de la UOM, había anticipado la posibilidad de «un paro con movilización para el día en que se trate el proyecto» y describió una “fenomenal transferencia de los trabajadores en la relación de fuerza hacia las patronales y, fundamentalmente, hacia las multinacionales y grandes empresas”, comparando la envergadura del proceso con situaciones históricas de gran ajuste.
“El paro nacional está en el horizonte”, advirtieron los triunviros de la CGT al cierre del acto. “Este es el primer paso de un plan de lucha. Sigan sin escucharnos… se encontrarán con la profundización de este plan de lucha, terminaremos en un paro nacional en todo el país”, dijo Jorge Sola, planteando la continuidad de las medidas hasta lograr frenar la iniciativa oficial.
La marcha de ayer configura, en primera instancia, una demostración de fuerza de las centrales y sus aliados sociales y políticos; además expone las dificultades del Gobierno para imponer su agenda en un contexto de fragmentación política y resistencia social. Con la fecha de tratamiento postergada hasta febrero, el conflicto entra en una nueva etapa: mientras el oficialismo busca recomponer mayorías, los sindicatos anuncian que no descartarán nuevas medidas y redoblarán la organización territorial en fábricas y barrios para sostener la presión social.
