Milei más comprometido en el criptogate
Un documento reservado firmado entre el presidente Javier Milei y el empresario cripto estadounidense Hayden Davis reapareció en la investigación por el colapso del token $LIBRA y volvió a sacudir al Gobierno. El convenio, fechado el 29 de enero de 2025 y presentado como una propuesta de asesoramiento ad honorem en blockchain e inteligencia artificial, fue difundido por la prensa y pone en el centro de la escena la relación entre el Ejecutivo y los impulsores del proyecto.
Según las fuentes consultadas, el acuerdo se rubricó apenas dos semanas antes del lanzamiento del token y se firmó en el marco de la visita relámpago de Davis al país —un viaje de 38 horas que incluyó una reunión en la Casa Rosada el 30 de enero de 2025— donde el empresario se reunió con el presidente y con los lobbistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Ese mismo día Milei publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una presentación pública de Davis; el post fue replicado por Kelsier Ventures, la firma de Davis, y más tarde eliminado por el Presidente luego del desplome del token.
Horas después de la audiencia presidencial del 30 de enero, los investigadores detectaron movimientos millonarios en billeteras vinculadas a Davis: dos carteras identificadas como HDS2 y HDS3 transfirieron 507.000 USDC cada una a una wallet atribuida a Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado de 75 años que figura como intermediario. En menos de tres horas Mellino envió la totalidad de esos fondos a otra dirección que la fiscalía señala como una presunta “cueva cripto”. Esos movimientos forman parte del informe que instruye el fiscal federal Eduardo Taiano.
El 14 de febrero de 2025, tras un nuevo impulso desde la red social presidencial, se produjo el lanzamiento público del token $LIBRA. En cuestión de minutos la cotización trepó desde 0,3 hasta casi 5 dólares, pero la euforia fue efímera: en menos de una hora el precio se derrumbó y miles de inversores reportaron pérdidas, desatando una ola de denuncias por una presunta estafa tipo “rug pull”. Investigadores en blockchain estimaron retiros por decenas de millones de dólares desde la liquidez del proyecto y señalaron que varias de las direcciones que retiraron fondos estaban vinculadas a los creadores del token.
La reacción política y judicial no tardó. Presentaciones judiciales y pedidos de informes fueron impugnando la responsabilidad política del Presidente por haber promocionado públicamente el activo. Abogados y organizaciones presentaron denuncias por posible fraude y por violaciones a la ética pública; mientras tanto, la investigación federal que encabeza Taiano solicitó información a exchanges y comenzó a trazar el mapa de las transferencias y beneficiarios. Milei, ante el escándalo, borró sus posteos y afirmó no estar “interiorizado” de los pormenores del proyecto, aunque el documento firmado con Davis y la cercanía temporal entre la reunión y los movimientos financieros complican esa versión.
A la trama se suman otros acuerdos y actores. Según publicaciones periodísticas, Davis habría suscripto en noviembre de 2024 un borrador de convenio para asesorar oficialmente al Estado en blockchain, IA y criptomonedas que contemplaba pagos por más de 1,8 millones de dólares y cuotas mensuales. La Comisión Investigadora del Congreso detectó además una wallet llamada CivUA que recibió transferencias por montos coincidentes con fechas previstas en esos acuerdos; las pesquisas preliminares apuntan a posibles vínculos entre esas direcciones y personas cercanas a la Casa Rosada.
KIP Protocol, una firma que apareció asociada al proyecto y cuyo representante es el singapurense Julian Peh, también registra declaraciones contradictorias: tras un primer comunicado que se desligaba del Presidente, fuentes del grupo reconocieron errores en la redacción y señalaron que fueron convocados por terceros —según Peh, por Mauricio Novelli— apenas un día antes del lanzamiento. En un Space de X el equipo se negó además a revelar quién creó la moneda, aduciendo acuerdos de confidencialidad, y hasta ahora no figura representado por un abogado en la causa.
El documento íntegro que circuló y que incluye la firma de Milei y Davis plantea, en su versión pública, un ofrecimiento “ad honorem” de asesoramiento con compromiso de confidencialidad. Sin embargo, la coincidencia entre fechas de firma, reuniones oficiales, difusión pública por parte del Presidente y movimientos de fondos masivos puso en marcha una investigación judicial y parlamentaria que buscará despejar si hubo un esquema de promoción para beneficio privado o, en cambio, una sucesión de mala praxis y negligencia política.
La causa continuará su curso: la fiscalía y la Comisión del Congreso intensifican pedidos de prueba y rastreos de billeteras, mientras que en el plano político el episodio alimenta reclamos de transparencia y demandas para que el Ejecutivo explique los alcances de sus vínculos con actores del mundo cripto.
