Milei se burla de las leyes: las promulga para no cumplirlas
En una maniobra cada vez más repetida, el Poder Ejecutivo promulgó ayer la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica —la llamada “Ley Garrahan”— pero condicionó su entrada en vigor: publicó los textos en el Boletín Oficial y, a la vez, dispuso que no se apliquen hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento. La contradicción no es menor: las normas existen sobre el papel, pero el Estado bloquea su ejecución.
La decisión oficial —publicada como decretos en el Boletín Oficial— cayó como una bofetada en los hospitales, las universidades y los sindicatos. En el Hospital Garrahan, los trabajadores se enteraron a primera hora y pusieron en marcha el paro anunciado: a las 7 ya se verificaba la adhesión y, al mediodía, una concurrida asamblea resolvía profundizar la lucha. APyT se reunió con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para explorar caminos legales y gremiales; los trabajadores avanzan, además, con la preparación de una denuncia penal por “incumplimiento de deberes” contra quienes firmaron el decreto —el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Lugones—, según consignaron los organizadores.
La reacción de la universidad pública no se hizo esperar. Federaciones docentes convocaron medidas de fuerza: la FEDUN anunció paro nacional y diversas federaciones universitarias fijaron jornadas de 48 horas para exigir la aplicación efectiva de la ley de financiamiento. La UBA, además, comunicó que evaluará acciones legales para garantizar la inmediata ejecución de lo legislado y la asignación de partidas. Es decir: la pelea se da en las aulas, en los hospitales y, ahora, en los tribunales.
¿Por qué esta estrategia de “promulgar pero no aplicar”? Desde los sectores movilizados la explicación es política y económica: la norma fue aprobada en el Congreso luego de intensas luchas sindicales y estudiantiles; vetarla no fue posible —el Legislativo rechazó el intento—, pero el Ejecutivo optó por una segunda vía: dejarla en suspenso vinculando su ejecución a una decisión presupuestaria que el propio gobierno controla. Para quienes resisten en la calle, se trata de una maniobra deliberada para vaciar de contenido las conquistas sociales y transformar el papel de la ley en un mero gesto formal.
La indignación tiene nombre y apellido en las voces que circulan por los hospitales y facultades. Gerardo Oroz, delegado de ATE en el Garrahan, sintetizó el estado de ánimo: “La movilización y el paro ya estaban definidos, pero ahora tienen un valor doble. Entendemos que es el momento de convocar al conjunto de la población a salir a rechazar esta política del Gobierno, que no solo afecta a Emergencia Pediátrica sino también en Discapacidad y Financiamiento Universitario”. Y Lucía Ortega, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e integrante de la AGD, fue tajante: “La promulgación sin implementación es claramente una ilegalidad, una burla a la sociedad en su conjunto… Toda esa plata no la vemos, se la están fugando. No viene a la universidad, a la salud, al Garrahan, discapacidad. No viene a la sociedad.”
Más allá de la retórica, las consecuencias son palpables: servicios que necesitan fondos urgentes siguen en riesgo, programas claves para la atención pediátrica y la formación médica quedan postergados, y las plantillas docentes y hospitalarias ven consumida su capacidad adquisitiva por la inflación sin respuestas reales. Los episodios recientes —la misma técnica aplicada antes a la ley de emergencia en discapacidad— dibujan un patrón: el Poder Ejecutivo busca preservar su narrativa de «ajuste fiscal» y, al mismo tiempo, esquivar las responsabilidades prácticas que implican las leyes aprobadas por el Congreso. Para amplios sectores sociales, eso transforma la democracia formal en un simulacro.
La encrucijada es jurídica y política: la normativa existe, las mayorías legislativas la respaldaron y la sociedad la reclama; sin embargo, su vigencia efectiva depende ahora de una decisión ejecutiva que la neutraliza. Las universidades, las asociaciones gremiales y organizaciones de derechos humanos ya anunciaron que no se quedarán de brazos cruzados: hay vías judiciales, administrativas y la calle. En paralelo, crecieron los llamados de legisladores y dirigentes opositores a sancionar en el Congreso medidas que obliguen al Ejecutivo a cumplir con lo aprobado.
Si hay una lectura política de fondo, es ésta: la disputa ya no es sólo por partidas presupuestarias, sino por la forma misma de hacer política pública en la Argentina. Convertir una ley en un florero —publicarla pero vaciarla— es una decisión que erosiona la confianza en las instituciones y empuja a la sociedad hacia la acción directa. Ante esa realidad, los trabajadores del Garrahan, los docentes y las federaciones universitarias apuestan a un frente amplio de resistencia: paros, denuncias judiciales y movilizaciones para transformar el gesto administrativo en cumplimiento efectivo.
La pregunta que queda flotando —más allá de tecnicismos jurídicos y argucias presupuestarias— es una cuestión republicana elemental: ¿puede un gobierno promulgar decisiones del Congreso y, al mismo tiempo, impedir que produzcan efectos? Si la democracia se mide en resultados concretos para la vida de la gente, la respuesta de ayer ofrece una certeza política: el conflicto se profundiza y la protesta social seguirá siendo la argamasa que sostenga los derechos que el Estado parece dispuesto a postergar.
