Milei sigue sin cumplir la Ley de Emergencia en Pediatría
El Gobierno nacional anunció un refuerzo presupuestario para Salud por 35.832 millones de pesos, de los cuales 20.180 millones fueron asignados al Hospital Garrahan para lo que se presentó como “modernización de infraestructura y actualización salarial”. Pero el monto difundido por el Ejecutivo representa apenas una fracción de lo que establece la ley de Emergencia en Pediatría sancionada por el Congreso, cuya implementación fue suspendida por la Casa Rosada. La reacción del personal y los gremios fue inmediata: la cifra oficial no tapa la crisis estructural del principal hospital pediátrico del país ni compensa los descuentos salariales aplicados a quienes participaron del paro.
La escalada del conflicto llegó esta semana a una medida de fuerza contundente: trabajadores nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y en la Junta Interna de ATE ocuparon la dirección Médica del Garrahan en repudio a descuentos salariales que, según denuncian los gremios, van desde los 200.000 hasta los 500.000 pesos por días de huelga. Las autoridades del hospital y voceros oficiales intentaron descalificar la protesta describiéndola como “una maniobra política con el objetivo de paralizar la gestión”, pero la acción volvió a poner en primer plano la falta de respuestas concretas frente al desfinanciamiento y la pérdida de personal.
“La única novedad es la promesa del Consejo de Administración del Hospital, de que nos van a recibir en la semana porque intervino un juez en la acción de ayer. Pero la ley sigue sin implementarse, los profesionales se nos siguen yendo y de las obras prometidas anteriormente no vimos ninguna”, dijo la licenciada Norma Lezana, secretaria general de la APyT, y sintetizó el sentimiento de los equipos médicos que sufren una sangría de recursos humanos frente a la merma salarial real. En el último mes, relatan desde el hospital, renunciaron veinte profesionales y doce solicitaron reducción horaria para buscar otras fuentes de ingreso.
El trasfondo político del conflicto es inevitable: la ley de Emergencia en Pediatría fue aprobada por el Congreso, pero su aplicación quedó condicionada —y luego suspendida por decisión del Ejecutivo—, lo que para médicos, profesionales y colectivos que defienden la salud pública constituye una muestra más de que las decisiones políticas terminan desnudando prioridades contrarias al interés público. Para los trabajadores, el aumento anunciado no cubre ni el mínimo imprescindible que requiere un hospital de alta complejidad ni garantiza la recomposición salarial que permita retener a planteles especializados.
La protesta del Garrahan no es aislada ni meramente gremial: la APyT convocó a un Cabildo Abierto en el que confluyen colectivos universitarios y organizaciones por la discapacidad para exigir simultáneamente la implementación de tres leyes vinculadas a financiamiento y emergencia pediátrica. “El 13 vamos a tener una reunión del Cabildo Abierto, que es importante para exigir la implementación de las tres leyes”, informaron los organizadores, que buscan ampliar la disputa más allá de los muros del hospital y colocarla en la agenda pública y legislativa.
El episodio del Garrahan condensa una lógica que los sindicatos y trabajadores vienen denunciando: mientras los discursos oficiales hablan de “modernización” y “eficiencia”, en la práctica se profundiza el vaciamiento de la salud pública, la fuga de personal calificado, el cierre de espacios asistenciales y la degradación de condiciones laborales. Esa tensión explica por qué la toma fue interpretada por las autoridades como “política” y por los trabajadores como la única herramienta disponible para proteger la atención de millones de niñas y niños que dependen del centro.
Más allá del conflicto inmediato, la escena plantea una pregunta de fondo para la política sanitaria del Gobierno: ¿se prioriza la atención pública de alta complejidad y la protección del salario profesional, o se acepta que los recortes, la postergación de leyes votadas por el Congreso y las decisiones administrativas terminen desguazando los servicios públicos? Para quienes hacen guardia en el Garrahan y para las comunidades que acompañan la pelea, la respuesta está clara: no se puede recortar la salud infantil sin pagar un costo social gigantesco. La movilización y la articulación con otros sectores de la sociedad serán, según advierten, la medida para impedir que el hospital más emblemático del país termine siendo otra víctima del plan de ajuste.
En las próximas jornadas se verá si la promesa de recibir a delegados se traduce en una mesa con propuestas concretas —presupuestarias y laborales— o si la respuesta oficial se limita a gestos comunicacionales. Mientras tanto, en los pasillos del Garrahan la angustia y la certeza de que la salud pública está en juego empujan a mantener la vigilia: profesionales que se van, obras pendientes que no se hacen y una ley que, pese a la sanción parlamentaria, aún no se ejecuta. La bronca y la organización permanecen como garante de que, cuando se toca la atención de la infancia, la sociedad no acepta indiferencia ni recortes indolentes.
