Movilización contra la reforma laboral
Ante la formalización del proyecto de reforma laboral -conocido ayer y que, según sindicalistas, no sorprendió a nadie- la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una movilización nacional para el jueves 18 de diciembre en Plaza de Mayo. La central sindical considera que la iniciativa, impulsada por los grandes sectores patronales, profundiza la precarización y favorece “las condiciones que necesitan los grandes capitales para succionar aún más la riqueza que generamos con nuestro trabajo”.
En una conferencia de prensa, el cosecretario general Jorge Sola manifestó la gravedad de la medida y justificó la convocatoria: “En un país empobrecido, sin inversión, con un industricidio y más de 200.000 trabajadores que han perdido su empleo, el Gobierno presenta un proyecto que profundiza el ataque a derechos individuales y colectivos”. Sola denunció que el texto fue elaborado “a espaldas del pueblo” y reclamó participación de la CGT en el debate parlamentario, ante la pretensión de un “tratamiento exprés”.
Estrategia sindical en tres frentes
La CGT presentó una hoja de ruta compuesta por tres frentes complementarios:
- Gestión política, con el objetivo de llevar el reclamo a legisladores y dirigentes políticos;
- Presentaciones judiciales, ante posibles inconstitucionalidades de varios artículos del proyecto;
- Movilización territorial, mediante el debate en las 80 regionales de la CGT para unificar el rechazo y reforzar el contacto con autoridades provinciales y legisladores.
Lo determinado culminará el 18 de diciembre con una movilización que la central definió como “contundente”.
La convocatoria de la CGT ya suma adhesiones y pronunciamientos. Las 62 Organizaciones Peronistas anunciaron en un comunicado su rechazo al proyecto y declararon estado de alerta y movilización. A su vez, las centrales y sindicatos que vienen protagonizando medidas —como la CTA y el paro de ATE desarrollado la semana pasada— se inscriben en un escenario de creciente conflictividad laboral y social.
Fuentes sindicales y vecinos consultados en distintos barrios expresan que, además del rechazo a la reforma, existe un sentimiento extendido de bronca y frustración: la normativa que se propone “precariza aún más” a quienes trabajan, y -alertan- muchos de esos cambios ya se aplican de hecho en empresas y mercados laborales informales, sin esperar la sanción de la ley. La pérdida de puestos de trabajo, los salarios que no alcanzan y la erosión de derechos reales configuran una coyuntura de malestar profundo.
Un debate sobre el modelo económico
Más allá de la batalla por frenar la reforma, dirigentes y organizaciones que participaron de la rueda de prensa plantearon que el conflicto es estructural: “La pelea es contra el conjunto del plan de saqueo y primarización del país que siguen profundizando los grandes capitales concentrados”, señalaron representantes gremiales. Desde esa perspectiva, frenar la ley es imprescindible pero insuficiente: es necesario discutir y construir un proyecto alternativo de desarrollo económico y productivo que priorice el trabajo, la industria y la soberanía.
Los sindicalistas subrayan que esa estrategia requiere organización permanente en los barrios y lugares de trabajo, con instancias de debate cotidiano sobre causas y soluciones. La movilización del 18 de diciembre es, en ese marco, “un momento más” en un proceso que busca transformar la protesta en propuesta y poder político para imponer otro rumbo.
Qué pedirán en la plaza
Los convocantes exigieron: la retirada del proyecto tal como fue presentado, la apertura real de instancias de negociación con las organizaciones de trabajadores, la garantía de empleo y políticas públicas para la recuperación productiva, y acciones concretas para frenar despidos, suspensiones y la pérdida de derechos laborales.
La CGT, las 62 Organizaciones Peronistas y las centrales que adhieran esperan que la Plaza de Mayo sea el escenario de una demostración masiva de rechazo y la señal de inicio de una etapa de mayor unidad y planificación estratégica del movimiento obrero para enfrentar lo que describen como un avance concertado de los intereses empresariales sobre los derechos laborales.
