No hay plata para los argentinos, pero sí para entrenar soldados de EE.UU

En una nueva muestra de sumisión geopolítica, el gobierno de Javier Milei oficializó, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 697/2025), la autorización para el ingreso de tropas estadounidenses a territorio argentino. Bajo el eufemismo de “entrenamiento conjunto”, la medida habilita a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a operar en tres bases navales argentinas —Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano— entre el 26 de octubre y el 15 de noviembre, en el marco del operativo denominado “Operación Tridente”.

El decreto, firmado sin debate parlamentario, constituye una nueva cesión de soberanía nacional, consumada a espaldas del Congreso y del pueblo argentino. Lo que el Ejecutivo presenta como un ejercicio de “cooperación técnica” se inscribe, en realidad, en una estrategia de alineamiento total con Washington, que vuelve a ubicar a la Argentina como subordinada militarmente a los intereses del Pentágono.

Una “operación conjunta” financiada por los argentinos

El texto oficial justifica la presencia de tropas extranjeras bajo el argumento de “intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre Fuerzas Especiales”. Sin embargo, lo que se oculta detrás de la jerga burocrática es una cesión del control territorial y marítimo a una potencia extranjera, en zonas de alto valor geopolítico y estratégico, como el Atlántico Sur y el acceso a la Antártida.

El dato que completa el cuadro de entrega: la estadía de las tropas norteamericanas será financiada por la propia Armada Argentina, con un presupuesto de 60 millones de pesos. En otras palabras, mientras el gobierno ajusta salarios, recorta programas sociales y desmantela áreas de ciencia y educación, el Estado nacional destina recursos públicos para hospedar a fuerzas extranjeras.

Fuentes del ministerio de Defensa confirmaron que los fondos forman parte del presupuesto de la jurisdicción, y desde la Casa Rosada intentaron presentar la maniobra como “una oportunidad estratégica para potenciar las capacidades nacionales”. En los hechos, el único “potenciado” será el control estadounidense sobre la región, con acceso privilegiado a nuestras bases navales y al conocimiento militar argentino.

Las huellas de la injerencia

No se trata de un episodio aislado. La Operación Tridente se inscribe en la serie de acuerdos militares y financieros que el gobierno libertario ha venido tejiendo con Washington desde el inicio de su gestión. El aval del Tesoro norteamericano, encabezado por Scott Bessent —operador financiero y emisario de los fondos de inversión más poderosos del planeta—, y el visto bueno del presidente Donald Trump, no son detalles menores.

La presencia de tropas de Estados Unidos en territorio argentino es la contracara militar del acuerdo económico: mientras el Tesoro impone condiciones sobre la deuda y el gasto público, el Pentágono avanza sobre el territorio con la excusa del “entrenamiento conjunto”. La diplomacia de los cañones complementa la del ajuste.

Del FMI a las bases

El libreto es conocido. Cada vez que América Latina intenta recuperar márgenes de autonomía, Estados Unidos redobla su ofensiva política, económica y militar. En los años ’70 fueron los golpes de Estado; hoy, los “acuerdos de cooperación”. Pero el objetivo es el mismo: garantizar el control sobre los recursos naturales —en especial el litio, el agua y el petróleo— y sofocar cualquier intento de soberanía regional.

El desembarco en Ushuaia y Puerto Belgrano, en ese sentido, no es casual. Se trata de puntos neurálgicos del Atlántico Sur, puerta de entrada a la Antártida y escenario de tensiones crecientes con el Reino Unido por las Islas Malvinas. Que tropas norteamericanas “entrenen” allí, con el visto bueno de un gobierno que se dice “patriota”, revela el verdadero rostro de la política exterior mileísta: una Argentina convertida en plataforma logística de las potencias extranjeras.

La “Operación Tridente” no busca fortalecer la defensa nacional, sino disciplinar a las Fuerzas Armadas locales, alinearlas con las doctrinas de combate del Comando Sur y naturalizar su intervención en asuntos internos. Es, también, un mensaje político: el gobierno no confía en su propio pueblo, pero abre sus puertas a las tropas de otro país.

Así, mientras se recorta presupuesto en hospitales, universidades y programas sociales, se financia la ocupación simbólica y material del territorio. El costo no se mide sólo en pesos: se mide en dignidad, en historia y en soberanía.

A más de 200 años de la gesta de la Independencia, el gobierno de Milei parece decidido a revertirla por decreto. En nombre del “orden”, del “mercado” y del “progreso”, el país vuelve a ser colonia. Pero también, una vez más, la historia demuestra que ningún decreto puede borrar la memoria de un pueblo que ya conoció lo que es ser conquistado… y que no está dispuesto a repetirlo.