Nos mienten en la cara: la pobreza ya está en el 44%

Un nuevo informe del Centro de Estudios Derecho al Futuro (Cedaf), elaborado a partir de registros administrativos oficiales, pone en evidencia una brecha alarmante entre el relato oficial y la realidad social: la pobreza en Argentina habría alcanzado casi 12,8 millones de personas —el 44% de la población— en 2025, muy por encima de los 9,5 millones y el 31,6% que reporta el INDEC. Los autores del estudio sostienen que, lejos de reducirse, la pobreza aumentó en torno al 9% en cantidad de personas entre el primer semestre de 2023 y el mismo periodo de 2025. Cifras que coinciden más con lo que puede mensurarse en la calle.

El corazón de la controversia es metodológico y político. Mientras el Indec basa su medición en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que recoge ingresos por autodeclaración en entrevistas, Cedaf realizó un “ejercicio” alternativo: partió de los ingresos del primer semestre de 2023 y los actualizó siguiendo exclusivamente la evolución observada en registros administrativos —como el SIPA, que reúne la información de jubilaciones y registros previsionales— para reconstruir el poder de compra real de salarios y jubilaciones. El resultado arroja cifras sensiblemente peores que las difundidas por la encuesta.

La radiografía sobre jubilaciones es especialmente contundente. Según el Cedaf, el registro del SIPA muestra que las retribuciones a jubilados —incluido el bono— cayeron en términos reales un 15,5% entre los primeros semestres de 2023 y 2025; en contraste, los datos públicos que celebran un aumento promedio de las jubilaciones (del orden del 22,4% en el mismo lapso) surgen de la EPH y, para los autores del estudio, no reflejan la pérdida real del poder adquisitivo consignada en los registros. Esa discrepancia no es un tecnicismo: implica que millones de jubilados perciben menos capacidad para comprar medicamentos, alimentos o pagar servicios.

¿Encuesta o registros? La discusión no es neutra
Cedaf subraya las fortalezas y límites de cada fuente: la EPH capta sectores informales que no figuran en registros administrativos y por eso es valiosa, pero depende de respuestas en entrevistas que pueden sobrestimar o subestimar variaciones reales de ingresos. Los registros administrativos, por su parte, ofrecen series más estables y verificables para salarios registrados y prestaciones previsionales. Para los autores del informe, cuando la encuesta no refleja correctamente cuánto varían los ingresos, tampoco puede mostrar con precisión cómo varió la pobreza. Esa posible sobrevaloración de ingresos por parte de la EPH explicaría —según Cedaf— la “baja” de pobreza que el relato oficial exhibe con orgullo.

Lo que muestran las calles y las casas
Los números del Cedaf no son abstracciones: coinciden con lo que millones de trabajadores y jubilados viven a diario. Vecinos que perdieron puestos de trabajo o que deben hacer más de un empleo para llegar a fin de mes; jubilados que saltan entre remedios y alimentos; el crecimiento de la asistencia a comedores y merenderos; familias que resignan el pago de servicios o migran a viviendas de parientes por no poder afrontar alquileres. Esos efectos sociales, multiplicados por millones, se reflejan en la diferencia entre una estadística “oficial” y la situación material real.

Más allá de debates técnicos, el informe y buena parte de la crítica social sostienen que la utilización pública y política de una cifra oficial más benigna tiene efectos concretos: legitima políticas de ajuste, reduce presión sobre correcciones salariales y jubilatorias, y relativiza la urgencia de medidas distributivas. En un contexto donde se impulsan políticas de primarización y concentración —denunciadas por movimientos sociales y sectores críticos—, sostener una narrativa de “pobreza en baja” funciona como cobertura para decisiones económicas que, en los hechos, trasladas sus costos a trabajadores y jubilados.

¿Qué se requiere para resolver la emergencia social?
Para atacar la pobreza no alcanza con maniobras estadísticas: se necesita un plan integral que recupere ingreso real para trabajadores y jubilados, active la producción nacional con valor agregado y controle la voracidad de los grandes grupos económicos que, según la crítica popular, privilegian la extracción de renta por sobre la inversión productiva. Las medidas mínimas que propone el debate público y el mundo académico incluyen actualizaciones jubilatorias vinculadas a canastas reales, políticas activas de empleo industrial, fortalecimiento de redes de protección social y transparencia estadística que permita auditar y discutir públicamente las mediciones de pobreza.

El informe del Cedaf obliga a una lectura incómoda: mientras el Gobierno exhibe una caída de la pobreza gracias a la EPH, los registros administrativos y la experiencia cotidiana de millones señalan que la pobreza no bajó, sino que creció. Nos roban y saquean el país y —en paralelo— tratan de maquillarlo con cifras que no resisten la comparación con los registros. Resolver la pobreza requiere construir y aplicar un plan desde los intereses de clase de los trabajadores: recuperación de ingresos, regulación de poderes económicos concentrados y recuperación del Estado como garante de derechos. Hasta tanto no se encare ese programa, los números serán apenas una cortina que intenta tapar la hemorragia social.